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Un convoy de Syrian Arab Red Crescent lleva ayuda a Douma, Siria. (Hamza al Ajweh/AFP/Getty Images)

El incremento global de grupos armados en los conflictos acrecienta la inseguridad del personal humanitario en terreno, lo que hace que las organizaciones se replanteen la gestión y administración de sus trabajadores.

El pasado día 18 de junio, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) publicó un estudio titulado The Roots of Restraint in War, que podría traducirse como “Las reglas de la moderación en la guerra”. En este documento revela algunos datos preocupantes para las organizaciones humanitarias que trabajan en algunos de los contextos de mayor conflicto de la actualidad.

De acuerdo con el estudio “el número de conflictos armados en el mundo se ha incrementado de manera significativa durante la última década y media. Según la clasificación legal del CICR, el número de conflictos armados no internacionales entre 2001 y 2016 es más del doble, de menos de 30 a más de 70”.

Pero tanto o más preocupante para las organizaciones humanitarias es que el número de actores armados que participan en estos conflictos ha crecido de manera exponencial. Los datos del CICR muestran que “solo un tercio de los conflictos en la actualidad cuentan con dos partes beligerantes: el 44% tiene entre tres y nueve fuerzas en conflicto, y el 22% tiene más de 10. Algunos otros tienen cientos”.

 

Cómo era y cómo es la labor humanitaria en los conflictos

Tradicionalmente, la mayoría de las organizaciones que realizan labores en el sector de la ayuda humanitaria, y en menor medida en la cooperación al desarrollo, tanto si forman parte del sistema de Naciones Unidas o del sector no gubernamentales, han basado sus estrategias de seguridad en una combinación de aceptación, protección y disuasión.

La estrategia de aceptación ha sido, particularmente, apreciada por las entidades humanitarias, ya que está más en línea con los principios humanitarios de neutralidad, independencia, no discriminación, etcétera. Mientras la estrategia de protección se centra en las medidas físicas y los procedimientos o protocolos de seguridad; la disuasión pretende eliminar una amenaza por medio de otra (en ocasiones a través del uso de la protección armada), el objetivo de la estrategia de aceptación consiste en conseguir que sea la propia comunidad en la que se interviene, la que se comprometa con la seguridad del personal y entidades humanitarias.

Una estrategia de aceptación exitosa supondría que las personas de una comunidad alertasen al personal humanitario sobre la presencia de grupos armados que pudiesen suponer un peligro para sus intervenciones. También, en determinadas ocasiones, la estrategia de aceptación puede tener que llevarse a la práctica en la forma de negociaciones con grupos armados, algo que en los últimos años también se ha complicado con las legislaciones antiterroristas de Occidente.

Hace unos años, cuando la mayoría de las guerras tenían dos o pocas partes en conflicto, las organizaciones humanitarias podían dirigirse a estos actores y negociar con ellos el acceso a las poblaciones con necesidades. Había una cadena de mando y aunque podía haber excepciones, cuando se negociaba el acceso, el personal humanitario tenía bastantes garantías. En algunos casos, la seguridad de los equipos humanitarios se podía considerar como una cuestión de honor, y en otros simplemente como un negocio.

Como señala el estudio del CICR, en los últimos años el número de actores en los distintos conflictos existentes se ha disparado, con lo que las negociaciones humanitarias que antes se realizaban con un actor armado, son ahora insuficientes. Para poder atender las necesidades de una población atrapada en mitad de un conflicto, en ocasiones las organizaciones humanitarias tienen que negociar el acceso con cada uno de los actores que controlan una zona determinada del territorio, además de contar con el permiso, o por lo menos la aquiescencia, del gobierno del país anfitrión para no ser consideradas organizaciones colaboradoras con grupos armados terroristas. Además, todo ello también con el debido cuidado para tampoco ser consideradas entidades colaboradoras con grupos terroristas por parte de los países occidentales, lo que puede suponer no solo la pérdida de financiación, sino incluso otro tipo de sanciones más graves.

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Un grupo de trabajadores de Cruz Roja reparten artículos de primera necesidad en Yemen. (Saleh Al Obeidi/AFP/Getty Images)

Otra de las herramientas de las que tradicionalmente se han servido las organizaciones humanitarias para basar sus estrategias de aceptación han sido los mapas de actores. Es una metodología a través de la cual se identifican las personas o entidades que puedan tener una influencia negativa o positiva en la seguridad del personal y las organizaciones y las relaciones entre los distintos actores. De esta manera, se puede ver gráficamente qué le puede pasar a una entidad si establece algún tipo de diálogo con una persona o grupo, ya que el acercamiento a uno, puede entenderse como la alianza con el enemigo por parte de otro. Estos mapas de actores, que hace unos años podían hacerse de manera más o menos sencilla, se han convertido en ejercicios muy complicados, ya que la multiplicidad de actores existentes es tal, que se convierte en algo difícil en exceso. Sin embargo, para sortear esta dificultad, las organizaciones deberían pasar de hacer los mapas de actores de un contexto específico de trabajo a tener que hacerlos actividad por actividad.

Las organizaciones humanitarias tienen el deber de cuidar a su personal, es lo que se conoce en el sector en inglés como duty of care. Esto significa que las entidades humanitarias deben preparar, formar e informar a su personal sobre los riesgos existentes y cómo gestionarlos, así como establecer los mecanismos de gestión o de tratamiento de los riesgos para que se puedan mantener controlados o en un mínimo que permita la puesta en práctica de actividades, proyectos y programas.

Este deber surge del vínculo contractual que existe entre una organización y su personal. Como mostró el caso de Steve Dennis contra el Consejo Noruego de Refugiados (NRC por sus siglas en inglés), el de Flavia Wagner contra Samaritan’s Purse o el de un enfermo de dengue contra Médicos Sin Fronteras, el incumplimiento del deber de cuidado en alguna de sus vertientes por parte de las organizaciones, puede llevar al pago de cuantiosas indemnizaciones, por no mencionar el daño a la imagen y la reputación que estos casos pueden generar. La multiplicidad de actores en los conflictos actuales, hace que las intervenciones humanitarias sean más difíciles, con lo que las entidades se ven obligadas a buscar alternativas a poner a su personal en riesgo con los modelos tradicionales de intervención.

 

Las alternativas a los modelos tradicionales

Una de estas alternativas, existente ya desde hace años, es por medio de las llamadas operaciones en control remoto o de gestión a distancia. Sin entrar en la discusión sobre si es correcto llamarlas de esta manera, lo que mayoritariamente se entiende por la gestión a distancia consiste en la delegación, ya sea al personal local de una organización, a sus socios locales o a proveedores, de la realización de las actividades de un proyecto o intervención. La supervisión se hace en estos casos por medio de visitas puntuales, conocidas como hit and run, por parte del personal de coordinación, en algunos casos expatriado, y más expuesto al riesgo. De esta manera, lo que se produce es una transferencia del riesgo que si bien es legal, tiene unas implicaciones morales que no hay que olvidar. Las entidades socias locales o los proveedores de bienes y servicios asumen los riesgos existentes a lo largo de la negociación contractual y son ellas las que asumen las negociaciones con los grupos armados presentes en una zona en conflicto. El servicio que se contrata o se presta puede resultar más caro, y se corre el peligro (que de todas maneras siempre ha existido) de la pérdida de los suministros, pero en caso de un ataque, asalto, robo o cualquier otro tipo de incidente de seguridad, las organizaciones humanitarias mantienen seguros a su personal y cumplen con su deber de cuidado. ¿Es legítimo hacer esto? Desde luego nadie obliga a los comerciantes o transportistas locales a realizar el servicio, pero no hay que olvidar que aun en los momentos más complicados del conflicto en Siria o Afganistán, aunque con dificultades, las actividades comerciales de la población local se han seguido realizando.

La fragmentación y multiplicación de actores armados se ve en la actualidad en conflictos tan separados como puede ser el de Siria, el de República Centroafricana o el de las pandillas o maras en Centroamérica. Sin embargo, en cierto sentido ya ha existido este fraccionamiento de manera tradicional en otros lugares (como el conocido dicho del Cuerno de África de yo contra mi hermano, mi hermano y yo contra mis primos, mis primos y yo contra mi clan, mi clan y yo contra mi país, mi país y yo contra el mundo, etc.). El problema de las intervenciones humanitarias hoy en día es que en muchos lugares se ha perdido ese sentimiento de pertenencia a un grupo y que las facciones en conflicto se centran en el control de un territorio, un recurso natural, una ideología o el resentimiento. Otro de los efectos perniciosos del fraccionamiento de los grupos armados, es que estos cada vez están compuestos por personas más jóvenes, que no obedecen a una cadena de mando o carecen de disciplina o respeto por las tradiciones por las que se regían sus mayores. Esto hace de nuevo que las intervenciones en estos espacios sean muy complicadas y que se tengan que hacer aceptando unos umbrales de riesgo muy elevados.

Por último, se debería señalar que aunque difícil, las negociaciones humanitarias para conseguir el acceso a las poblaciones con necesidades, puede ser una de las pocas soluciones viables posibles. Estas negociaciones se van a tener que realizar, ya sea por los cuadros directivos de las organizaciones o por las entidades locales o los proveedores, pero se debe seguir apostando por ellas, ya que la alternativa, que puede ser la protección armada de los convoyes humanitarios como medida de último recurso, no va a ser posible ponerla en práctica ni en todos los contextos ni para atender a todas las necesidades existentes de las poblaciones afectadas por los conflictos en las que están atrapadas. Hay organizaciones humanitarias que si bien no van a aceptar esa protección armada para su personal, no van a tener problemas para que sus socios o proveedores locales las utilicen. En cualquiera de los casos, cuando las entidades humanitarias se enfrenten a la necesidad de contactar a un actor armado, parte de un conflicto, lo debe hacer en todo momento respetando los principios humanitarios para que no se vuelva en su contra o en contra del resto de entidades presentes en un determinado contexto.