Empresas agroexportadoras, grandes grupos industriales que exigen subsidios, funcionarios públicos que no quieren perder sus extensos privilegios y organizaciones civiles que defienden a comunidades indígenas o minorías… Numerosos son los grupos que tratan de influir en un país donde la Operación Lava Jato cambió para siempre la imagen del lobbista que actúa entre bastidores.

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Un hombre protesta contra la corrupción en Sao Paulo, Brasil. MIGUEL SCHINCARIOL/AFP/Getty Images

Deflagrada en marzo de 2014, la Operación Lava Jato –quizá una de las mayores tramas de corrupción jamás desvelada– ha expuesto las entrañas del sistema de sobornos que engangrena Brasil, así como los vasos comunicantes entre intereses privados y públicos. Cientos de millones de dólares han sido desviados por medio de licitaciones fraudulentas en las que las empresas constructoras aceptaban engrosar sus facturas y desviar el remanente para políticos y partidos a cambio de obtener contratos con la estatal Petrobras, según las investigaciones.

Cuatro años de escándalos han colocado en entredicho la figura del lobbista en un país que hace ya tres décadas comenzó a discutir en sede legislativa la posibilidad de regular esta profesión cuyas actividades escapan, por lo general, a la supervisión de la sociedad. En los últimos meses, en vísperas de las elecciones, se aceleró el debate para que esta práctica –que camina a medio paso entre el tráfico de influencias y la presión lícita por intereses privados– sea encuadrada. Ello a través de un proyecto de ley que obligaría, entre otras cosas, a publicar las agendas de los diputados y las discusiones con los lobbistas, así como a registrar a los miembros de esta profesión.

Un estudio realizado en 2015 sobre los lobbies brasileños mostró que es en Legislativo donde más se materializa esa ascendencia sobre los que toman decisiones cruciales. Con sus 513 diputados, el Congreso brasileño es el corazón del sistema de influencia de grupos privados, que van desde los funcionarios públicos hasta grandes productores de carne o soja transgénica. Un 80% de esos legisladores opta a la reelección en las generales de octubre, y de ellos nada menos que 48 están investigados en la Lava Jato o ya fueron imputados por la Corte suprema.

Las donaciones electorales –registradas en la Justicia electoral y las de caja B, es decir, las ilícitas– son el principal ejemplo en Brasil del poder que tienen los grupos privados y las empresas sobre diputados, gobernadores e incluso presidentes. Documentos revelados a seis días de la primera ronda muestran que las campañas presidenciales de Dilma Rousseff de 2010 y 2014 en Brasil costaron unos 350 millones de dólares, tres veces más de lo declarado, según el exministro de Hacienda de Brasil, Antonio Palocci, convertido en colaborador de la justicia tras ser condenado por corrupción y lavado de dinero a 12 años y dos meses de cárcel.

Sin embargo, desde 2016 están prohibidas las contribuciones de empresas, por lo que los de octubre serán los primeros comicios generales que se disputen sin las donaciones de grandes corporaciones ...