El país asiático acaba de aprobar una nueva Constitución que erosiona las instituciones democráticas mientras que el Ejército asegura su control político y económico en el futuro.
Cuando en 2003 Birmania, un país que llevaba cuatro décadas bajo una férrea dictadura militar, anunció una hoja de ruta hacia una “democracia disciplinada” controlada por el régimen castrense, muchos miraban hacia la entonces liberal Tailandia, el país vecino, como el ejemplo de democracia en la región del Sureste asiático que los birmanos tendrían que haber seguido. Pocos imaginaban que, tres lustros después y con dos golpes de Estado de por medio, sería Tailandia la que seguiría el modelo de Birmania y que reformaría su Constitución, recién aprobada el pasado mes de abril, para asegurar el control militar de un régimen de apariencia democrática.
Aunque los militares tailandeses, en el poder desde el golpe de Estado de mayo de 2014, nunca han utilizado el adjetivo “disciplinada” para el régimen político que están apuntalando, varios analistas políticos coinciden en que la legislación aprobada recientemente por la junta castrense pone las bases de un régimen en el que el poder civil estará supeditado al militar. “Se están preparando para prolongar su poder durante 10 años o más”, asegura Kan Yuenyong, director del Siam Intelligence Unit (SIU).
Así, la recién aprobada Constitución, la vigésima desde que Tailandia aboliera la monarquía absoluta en 1932, establece un periodo transitorio de cinco años tras las próximas elecciones, ahora previstas para 2018, aunque han sido pospuestas en varias ocasiones. Durante ese periodo, las principales instituciones políticas serán supervisadas por el Consejo Nacional para la Paz y el Orden (NCPO en sus siglas en inglés), el nombre oficial de la junta militar, y sus funciones estarán limitadas por el veto de sus miembros. “Es una democracia diluida”, asegura Paul Chambers, investigador sobre política tailandesa de la Universidad Naresuan. “Que haya comicios o no en realidad no importa, porque los militares están transformando el sistema democrático. Lo están erosionando”, asegura el académico.
Así, según la Carta Magna, el Senado será elegido a dedo por los militares, mientras que el primer ministro podrá ser alguien que no se haya presentado a las elecciones, lo que deja las puertas abiertas al general golpista que hoy dirige la junta militar. “Es probable que el próximo primer ministro sea [de nuevo] Prayuth [Chan-ocha]”, asegura Kan Yuenyong. Por otra parte, los miembros de la Asamblea Nacional podrán presentar peticiones para que alguno de los diputados o senadores sea destituido, mientras que el primer ministro y sus ministros podrán ser también depuestos por falta de “estándares éticos” o de “honestidad aparente”.
La “vaga terminología”, y que sólo se requiera un 10% de los diputados o de los senadores para deponer a los miembros del gobierno, hace que el proceso sea “susceptible a abusos”, según un informe publicado por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH en sus siglas en inglés) poco antes del referéndum celebrado en agosto de 2016 por el que se aprobó el borrador de la Constitución por mayoría. A pesar del refrendo popular, la Carta Magna sufrió cambios que no fueron hechos públicos antes de ser firmada por el nuevo rey Rama X. Además, asegura FIDH, la nueva Constitución debilita el poder ejecutivo y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mientras que refuerza instituciones controladas por los militares como la Corte Constitucional o la Comisión Anticorrupción.
Un nuevo sistema a golpe de decreto
El relevo monárquico es uno de los elementos clave en el deseo de controlar el poder en Tailandia, tras la muerte de Bhumibol Adulyadej el pasado mes de octubre. Así, tras siete décadas de reinado, el también conocido como Rama IX se había convertido en una figura respetada capaz de apaciguar la convulsa vida política tailandesa. Su reinado estuvo además caracterizado por la buena relación con los militares, que obtuvieron el visto bueno del monarca en 13 de los 19 golpes de Estado dados desde 1932. Su hijo Vajiralongkorn, sin embargo, es menos popular que su padre y pasa buena parte de su tiempo fuera del país. “Aún no está claro cuál va a ser la línea política del nuevo rey y eso crea incertidumbre”, asegura Kan Yuenyong. “Esperamos que siga el ejemplo de su padre y que sea un [elemento de] equilibrio político”.
Pero la estrategia de los militares pretende también evitar que el antiguo primer ministro, Thaksin Shinawatra, depuesto en un golpe de Estado en 2006, vuelva a controlar la esfera política del país. Thaksin, un millonario que se hizo rico fundamentalmente gracias a sus inversiones en telecomunicaciones, fue aupado al poder en 2001 gracias a la Constitución de 1997, también llamada la Constitución del Pueblo, considerada como la más democrática de su historia porque ponía las bases de un sistema de separación de poderes propio de los regímenes occidentales. Sin embargo, la Carta Magna también reforzaba el poder ejecutivo y permitió que Thaksin acumulara grandes cuotas de poder gracias a su popularidad entre la población rural más pobre.
El creciente poder del magnate irritó, no obstante, a los sectores tradicionales del país, militares incluidos, que desde entonces han intentado contrarrestar a Thaksin con golpes de Estado y con una democracia cada vez más regresiva, lo que ha llevado a más de una década de tensión en las calles, con manifestaciones periódicas de los bandos pro y anti Thaksin. Sin embargo, el millonario, y su partido el Puea Thai (El partido para los tailandeses) que ganó las últimas elecciones celebradas en 2011, mantienen su popularidad casi intacta. “Si se vuelve a una democracia plena, el Puea Thai volverá a ganar con mayoría”, afirma Kan Yuenyong, “Así que están manipulando el sistema para mantener el poder a largo plazo”.
Para modelar el sistema, los militares se han refugiado en el polémico artículo 44, una provisión recogida en la constitución provisional aprobada tras el golpe y que la junta ha mantenido a pesar de la nueva legislación en vigor. El artículo otorga a la junta militar poderes ilimitados para aprobar cualquier ley “por el bien de las reformas en cualquier asunto, la promoción del amor y la armonía entre las gentes de la nación o la prevención, la eliminación o la supresión de cualquier acto que vaya en detrimento del orden o la seguridad nacional, la corona, la economía nacional o la administración pública”.
Bajo este artículo, la junta ha aprobado numerosas leyes que “imponen restricciones a las libertades y derechos populares”, según un comunicado de la organización iLaw publicado con motivo del tercer aniversario del golpe de Estado. Así, los militares han utilizado el artículo 44 para controlar a los disidentes, prohibiendo, entre otros derechos, las asambleas populares, pero también lo han invocado para designar zonas económicas especiales o aprobar proyectos energéticos. “El artículo 44 se escribió para ser utilizado en caso de asuntos de seguridad o si había algún conflicto político. Pero ahora está usándose para todo”, afirma Pavida Pananond, profesora de negocios internacionales en la universidad de Thammasat. Las leyes aprobadas bajo este artículo son además inmediatamente consideradas “constitucionales y finales”, según la Constitución, por lo que permanecerán en el futuro en el cuerpo legislativo del país, salvo que sean modificadas por las cámaras controladas por el mismo Ejército. “Aunque haya nuevas elecciones y sin importar quién las gane, la misma camarilla militar se mantendrá en el poder y tendrá espacio político para ejercerlo a través de una variedad de mecanismos. Todo el trabajo realizado durante el periodo del régimen del NCPO seguirá siendo aplicable en Tailandia en el futuro”, asegura el comunicado de iLaw.
Una economía bajo control
La política no es, sin embargo, el único dominio que preocupa a los militares y la junta ha utilizado su poder absoluto para acelerar controvertidos proyectos de desarrollo con el objetivo de impulsar la economía del país, una de las menos activas de la región, así como para asegurar el futuro económico de los mismos militares. En este sentido, la NCPO acaba de aprobar un plan económico para los próximos 20 años que limitará la acción de los futuros gobiernos para establecer sus propias políticas, mientras que ha utilizado el artículo 44 para aprobar varios proyectos de desarrollo, muchos de ellos relacionados con la política One belt, one road (la nueva Ruta de la seda), por la que China pretende conectar con infraestructuras buena parte de Asia y Europa. “La gente está cada vez más insatisfecha con los resultados económicos del Gobierno”, asegura Pavida Pananond. “Esos proyectos han estado esperando durante años, pero tres años después de que la junta llegara al poder no habido demasiados progresos en los proyectos de infraestructura”, continúa.
Los buenos resultados económicos pueden ser clave para que los tailandeses acepten la democracia disciplina que los militares pretenden imponer, aseguran los expertos. “La junta tailandesa está muy preocupada por la legitimidad”, afirma Paul Chambers. “Es importante mostrar buenos resultados económicos. Si hay resultados, los tailandeses probablemente aceptarán la legitimidad [dada por] los logros económicos”.
Sin embargo, la hoja de ruta de la junta tailandesa para el futuro político del país asiático aún no está acabada. Durante los próximos meses, aún se aprobarán varias leyes importantes, entre ellas la de partidos políticos, que pondrán las últimas piezas de esa democracia disciplinada que los militares han soñado para Tailandia.
