El nuevo líder colombiano se ha comprometido a realizar reformas en la seguridad de su país. ¿Cuáles son los desafíos? Aplicar una estrategia más global, mejorar las relaciones con sus vecinos… y librarse de la sombra de Uribe.

 

Pocos días después de asumir la presidencia colombiana, Juan Manuel Santos ya empezaba a tomar distancia de su predecesor, Álvaro Uribe. Prueba de ello fue su reciente reunión en Bogotá con su homólogo venezolano, Hugo Chávez.

La campaña militar llevada a cabo durante ocho años por Uribe ha logrado debilitar al principal grupo guerrillero del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pero de ninguna manera ha conseguido acabar definitivamente con él. Cuentan todavía con entre 8.000 y 10.000 efectivos  y, por medio del reclutamiento forzado, especialmente de niños, han podido remplazar a muchos de los soldados de a pie que fueron muertos o capturados por las fuerzas gubernamentales. Por otro lado, sus crecientes vínculos con el narcotráfico han servido para volver a llenar sus arcas y para asegurarles un flujo constante de ingresos.

En un intento de aislar a la jefatura de las FARC del resto de la organización, las fuerzas de seguridad empujaron a la guerrilla hacia regiones remotas y su presencia fue mermada: en 2002 se encontraban en la mitad de los 1098 municipios que conforman el país, mientras que en la actualidad el porcentaje se ha reducido a un cuarto. Aunque ya no representan una amenaza en los principales centros urbanos, todavía están lejos de desaparecer. Se mantienen a base de minas antipersona, artefactos explosivos improvisados y ataques con francotiradores, técnicas muy baratas y altamente mortales.

En algunas zonas, grupos más pequeños y vulnerables, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), se ven forzados a firmar alianzas con las FARC, mientras que en otras, se encuentran en plena competencia. Ambos han logrado esquivar las persecuciones moviéndose de un lado a otro de la frontera con Venezuela; la hostilidad de Uribe hacia Chávez no tuvo mucho impacto.

Igual de preocupante es, quizás, la creciente aparición de nuevos grupos armados ilegales (NGAI) como los Rastrojos o las Águilas Negras. Algunos son sólo bandas dedicadas al narcotráfico, pero otros tienen su origen en grupos paramilitares, que Uribe nunca llegó a desmantelar del todo. Los NGAI añaden una nueva y preocupante dimensión al problema de la lucha por la seguridad ciudadana en Colombia.

Santos ha dado un primer paso para cambiar las políticas del pasado asignando el cargo de ministro de Exteriores a una antigua embajadora de Colombia ante la ONU, que dimitió como signo de protesta ante acciones de Uribe. Además, el nuevo presidente invitó a Chávez a su toma de posesión y anunció planes para una política de seguridad más allá de lo puramente militar.

Pocos días antes de que Santos asumiera el cargo, Uribe reaccionó presentando, por medio de su embajador, un vídeo, fotos e imágenes de satélite ante la Organización de Estados Americanos (OEA), con el propósito de mostrar docenas de campamentos de veraneo de la insurgencia en Venezuela. A pesar de que la presencia de las FARC en el país vecino es conocida desde hace tiempo, este gesto público ante la OEA es un signo de que Uribe no está dispuesto a desaparecer al término de sus dos mandatos.

En su discurso inaugural, Santos ensalzó la labor de refuerzo del Ejército colombiano de Uribe, pero también aludió a una serie de políticas que han fracasado en el difícil objetivo de acabar con un conflicto que dura ya 50 años. Y, lo que es quizás más importante, reafirmó su intención de mejorar las relaciones con sus vecinos.

 

MUCHO POR HACER

El nuevo presidente parece haber entendido que los retos a los que se enfrenta su país requieren una estrategia de seguridad más amplia, lo que no será fácil, sobre todo si Uribe se opone.

Para superar el escollo, Santos debería, en primer lugar, mantener la presión militar sobre las FARC y responder a las nuevas tácticas de los insurgentes al mismo tiempo que pone fin a las violaciones de los derechos humanos que minaron la reputación del Ejército de Uribe. La política de seguridad requiere también la cooperación entre vecinos: Brasil, Ecuador, Panamá y Perú. En el caso de Venezuela, de lo que se trata es de convencer a otros líderes latinoamericanos a que animen a Chávez a reconocer los riesgos diplomáticos de un coqueteo con las FARC.

Se trata es de convencer a otros líderes latinoamericanos a que animen a Chávez a reconocer los riesgos diplomáticos de un coqueteo con las FARC

Por otro lado, el nuevo líder colombiano tendría que llevar a cabo una estrategia de seguridad ciudadana global, en la que la cuestión de los grupos ilegales armados que están apareciendo sea abordada con la misma seriedad con la que se trata el problema de las FARC, el ELN o los grupos paramilitares. Para ello, es necesario reforzar el sistema judicial, la aplicación de la ley y la defensa de los derechos humanos, en especial con miras a proteger comunidades minoritarias.

Santos debería potenciar la reducción de la pobreza en los medios rurales y ampliar la presencia del Estado en municipios, una vez que sean considerados como seguros. Esto significa, por un lado, actuar seriamente sobre la reforma agraria, lo que permitiría volver a sus casas a cientos de miles de personas que han tenido que desplazarse a otros puntos del país, y por otro, involucrar a los ministros del Gobierno para que trabajen de modo conjunto en una política de consolidación basada en la población civil.

Por último, se debe trazar una estrategia de negociación para poner fin al conflicto, que ofrezca a las FARC y al ELN una vía para volver a casa sin convertir el proceso en un episodio más de impunidad en Colombia.

Santos ha prometido reformas en materia de seguridad. Si fracasa en la práctica, el nuevo presidente corre el riesgo de encontrarse frente a frente con una nueva y prolongada guerra contra las guerrillas, los paramilitares y el narcotráfico. Y de quedarse a la sombra de su predecesor.

 

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