Guatemala vive inmerso desde hace tiempo en una crisis política, social y de seguridad, una crisis de múltiples que afecta no sólo al país sino a toda la región.
A raíz del enfrentamiento abierto entre el Presidente guatemalteco, Jimmy Morales, y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), este organismo ha tomado relevancia internacional a pesar de llevar años trabajando en Guatemala. El conflicto armado interno en el país centroamericano, el cual duró 36 años, concluyó en 1996 con la firma de los Acuerdos de Paz iniciándose el ambicioso proceso de establecer una sociedad democrática y global. Sin embargo, a día de hoy hay enormes retos que dificultan alcanzar esta meta. Veintiún años después, Guatemala sigue sufriendo un creciente y espantoso número de delitos violentos, inmerso en el crimen organizado, la extorsión y los asesinatos de las maras, con enormes dificultades para erradicar esta lacra. Pero a diferencia de hace una década, ahora hay un órgano independiente que trabaja sin descanso, de la mano de las instituciones judiciales guatemaltecas, para perseguir la corrupción venga de donde venga y luchar contra la impunidad con todas sus consecuencias.
La batalla de Morales contra la CICIG
Desde el pasado agosto, el Presidente Jimmy Morales mantiene un pulso con la justicia de Guatemala con el fin de acabar con el mandato del comisionado Iván Velásquez, al frente de la CICIG. Este organismo fue creado en 2007 a partir de un acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el Estado de Guatemala como un órgano independiente de carácter internacional, cuya finalidad es apoyar a las instituciones guatemaltecas tanto en la investigación de los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, como en el apoyo al desmantelamiento de estos grupos, cuya actividad obstruye el ejercicio de los derechos humanos del país. La existencia de esta entidad representa el compromiso de la comunidad internacional con el pueblo guatemalteco por acompañar el combate a la impunidad, a la vez que constituye la herencia de más de cuatro décadas de gobiernos militares y cuya erradicación forma parte de la agenda de la paz firmada en 1996.
El comisionado actual, el abogado colombiano Iván Velásquez, lleva en el cargo desde 2013 y junto a su equipo y el Ministerio Público ha investigado hasta la fecha numerosos casos de corrupción e impunidad, implicando en muchos casos a miembros de las élites económicas y políticas, cuestión que ha tenido turbulentas reacciones en el país. De hecho, como bien explica la investigadora Leslie Lemus, la crisis política actual viene precedida por los hechos que tuvieron lugar en 2015, cuando Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti –entonces Presidente y Vicepresidenta– dimitieron de sus cargos por tener que someterse a la justicia acusados de defraudación aduanera, entre otros delitos, como parte de una enorme trama de corrupción conocida como caso La Línea. Como consecuencia, se convocaron unas elecciones generales para otoño de 2015, no sin generar una fuerte polémica por la falta de estabilidad que vivía el país y los posibles efectos en los resultados de los comicios (ver #EnEstasCondicionesNoQueremosElecciones). Los partidos tradicionales estaban debilitados y muy marcados por la sombra de la corrupción, y así fue como Jimmy Morales, un cómico enormemente conocido por los guatemaltecos gracias a su programa de televisión Moralejas, de humor racista, clasista y sexista, sin pasado ni experiencia política, apoyado por el partido político de derechas Frente de Convergencia Nacional (FCN), pudo ganar las elecciones a la ex primera dama Sandra Torres y convertirse en el Presidente de la República gracias a su eslogan “ni corrupto, ni ladrón”.
Sin embargo, no por repetir una mentira 1.000 veces se convierte en verdad, y la promesa con la que Morales, una suerte de Beppe Grillo a la guatemalteca, ganó las elecciones se demostró falsa a los pocos meses. En julio se anunció que el hermano y el hijo del Presidente deberán declarar ante la justicia acusados de fraude fiscal, lo cual afectó la imagen de Morales y quebró la buena relación que había mantenido con la CICIG hasta la fecha. Por otro lado, a raíz de una investigación en relación a la financiación ilícita durante la campaña electoral de 2015, el Presidente Morales fue acusado de delitos electorales relacionados con la financiación de la campaña que le llevó al poder. Así fue como el pasado 25 de agosto se desató el tsunami político en el que vive el país las últimas semanas, pues el Comisionado Velásquez junto a la Fiscal General, Thelma Aldana, presentaron una denuncia y solicitaron el retiro de inmunidad al Presidente Morales para que se someta al proceso judicial correspondiente.
La reacción de Morales fue inmediata, desesperada y no digna de su cargo, pues lo primero que hizo fue pedir a Velásquez su expulsión del país, desatando el rechazo de la comunidad internacional en bloque y de la población, que se echó a las calles para protestar, pues la CICIG es la institución más respetada de todo Guatemala. Morales viajó de urgencia a Estados Unidos para pedir a Naciones Unidas que relevara a Velásquez de su cargo al frente de la Comisión, petición que rechazada de plano por la ONU, y además provocó el apoyo de la UE y el Departamento de Estado de EE UU a Velásquez. Al día siguiente, el Tribunal Constitucional bloqueó la decisión de expulsar al comisionado con una apretada votación, lo cual hizo que Morales le declarara “persona non grata” a través de un vídeo publicado en Twitter, lo cual generó una ola de protestas en la capital donde miles de guatemaltecos salieron a las calles en favor del juez y en contra del actual Gobierno. Una semana más tarde, el Constitucional dio otro revés a Morales al fallar que su intento de expulsar a Velásquez del país violaba la Constitución, lo cual fue recibido con alegría por los manifestantes.
A ello se le ha sumado la decisión del Tribunal Electoral de Guatemala (TEG) de suspender el partido de Morales por negarse a pagar una multa por financiación irregular de la campaña, con lo cual el FCN-Nación no puede realizar ninguna actividad política. Además, el pasado 4 de septiembre la Corte Suprema de Justicia allanó el camino para que el Presidente Morales pueda ser despojado de su inmunidad y, en consecuencia, ser investigado. Ahora la decisión pasa a manos del Congreso, donde es necesaria una mayoría calificada –al menos 105 votos de los 158 diputados– para despojar al mandatario de ese privilegio. El partido gobernante no es mayoritario en el Parlamento, pero mantiene alianzas con otras formaciones, por lo que se espera un proceso largo en los próximos meses y con resultados inciertos.
El combate a la pobreza y la criminalidad: de ‘maras’ y feminicidios
Toda esta crisis política que sufre Guatemala se enmarca en un contexto económico, social y de seguridad muy complicado, y muy ligado a su situación geográfica compartiendo problemas y desafíos con sus vecinos de Centroamérica, y sobre todo con Honduras y El Salvador, con los cuales conforman el llamado “Triángulo Norte”.
En cuanto a la economía, según datos del Banco Mundial, Guatemala ha tenido uno de los mayores desempeños económicos de toda América Latina y el Caribe, con un crecimiento desde el 3% al 4% en los últimos cinco años (para 2017 se espera que sea del 3,2%). Sin embargo, Guatemala, siendo la economía más grande de Centroamérica, se ubica dentro de los países con mayores niveles de desigualdad en Latinoamérica, con altos índices de pobreza –particularmente en zonas rurales y entre poblaciones indígenas– y con algunas de las tasas de desnutrición crónica y de mortalidad materno-infantil más altas en la región. Así, a pesar de ciertos avances en su lucha por reducir la pobreza, en 2014 el 60% de su población vivía bajo el umbral de la pobreza (de las cuales el 52% son indígenas). Esta pobreza lastra el desarrollo de Guatemala, el cual a pesar de necesitar grandes inversiones públicas por parte del Gobierno para reducir esta enorme desigualdad, sigue estando muy escaso de recursos y recauda muy pocos ingresos públicos por habitante.
La mala situación económica, los enormes índices de pobreza y desigualdad, sumada a las heridas aún no cerradas de la guerra civil, y a la situación geográfica del país, producen un cóctel explosivo y un caldo de cultivo perfecto para el crimen y la delincuencia organizada. Según un informe de Amnistía Internacional, la criminalidad en estos tres países ha disparado el número de asesinatos en los últimos cinco años hasta el 600%. Sólo en Guatemala hay cerca de 6.000 homicidios por año, incluidas las numerosas muertes de mujeres y menores. Según la propia CICIG, solamente el 2% de estos crímenes llegan a juicio.
A este respecto, cabe señalar que Guatemala cuenta con la tercera mayor tasa de feminicios del mundo, por detrás de El Salvador y Jamaica. Según la fiscalía nacional, en 2015 al menos 846 mujeres fueron asesinadas en una población de poco más de 15 millones de personas. 846 asesinatos de mujeres. Son unas cifras inhumanas, absolutamente abominables, que recuerdan que las heridas de una guerra civil no son tan fáciles de borrar. Varios informes y testimonios aseguran que el abuso sexual durante la guerra civil en Guatemala fue generalizado y sistemático, un instrumento de guerra usado al más alto nivel, pues se estima que un 25% o 50.000 de las víctimas de la guerra en Guatemala fueron mujeres. Es una de las peores lacras que le quedan todavía a Guatemala por derribar.
Por otro lado, según la CICIG, los recientes crímenes de alto perfil han confirmado la infiltración de redes de delincuencia organizada. Estos grupos plantean una grave amenaza para el Estado de derecho y amenazan con socavar otros avances en la democratización que el país ha logrado con mucho esfuerzo.
Sin embargo, el reto de acabar con esta delincuencia organizada (con las maras y pandillas) es enorme y va intrínsecamente ligado a otros desafíos como son el desarrollo económico, la implantación de un Estado social que provea de servicios básicos a la mayoría de la población, el fin de la brecha campo-ciudad en un país con enormes diferencias y mucha población indígena que se siente alienada. Como bien nos cuenta Pablo L. Orosa en este duro pero necesario reportaje en CTXT, “en un país donde el 59,3% de la población vive bajo el umbral de la pobreza, las pandillas son a menudo la única salida”.
La extorsión y violencia de las maras Barrio18 y Salvatrucha se centra en la frontera entre Guatemala y El Salvador, la llamada “ruta de las maras”, una ruta de armas, drogas y ataúdes. Entre 2012 y 2015, según ACNUR, el número de personas que han tenido que dejar sus hogares por las amenazas, los asesinatos y el reclutamiento forzoso de las maras en El Salvador, Guatemala y Honduras se multiplicó por cinco, hasta las 109.800 personas. Esto está provocando un fuerte aumento en las migraciones desde Centroamérica hacia Estados Unidos, contando hasta 400.000 migrantes cruzando anualmente la frontera de 1.000 kilómetros que separa Guatemala de México.
Los que no se van, tienen un presente y un futuro difícil en este país con enormes desigualdades y con el índice de trabajo infantil más alto de América Latina. Según la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala (PDH), 850.937 niños viven una situación de trabajo infantil y el 43% de ellos (unos 141.000) no asisten a la educación formal. Infancias truncadas por la pobreza, niños que han sido condenados a perderse su niñez y pasar directamente a ser adultos en las peores circunstancias posibles, simbolizadas en la figura de los lustradores.
Mirando al futuro: avances y proyectos esperanzadores
Sin embargo, no todo son estadísticas espeluznantes, sino que hay avances en muchas materias, hay esperanza de mejorar un país con unos recursos naturales, una situación estratégica y una riqueza cultural espectaculares.
El enfrentamiento entre la justicia guatemalteca y el Presidente Morales y las movilizaciones ciudadanas demuestra que la separación de poderes funciona correctamente, y su ciudadanía cuenta con una buena cultura política y cívica. Pero no sólo eso, también existen interesantes proyectos de organismos como el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID) de finales del año pasado que tienen como objetivo reducir la alta impunidad que todavía existe en Guatemala, pues según la CICIG el 98% de las denuncias recibidas en el Ministerio Público (MP) quedan impune, es decir, sin sentencias condenatorias. La baja probabilidad de ser enjuiciado contribuye al aumento de la delincuencia en un círculo vicioso. Muchos ciudadanos tienen la percepción de que es inútil presentar denuncias, con lo cual muchos crímenes violentos no son reportados. Esto dificulta aún más formular políticas efectivas para contrarrestar el crimen y la violencia. El Proyecto del BID pretende mejorar la eficacia del Ministerio Público para poder procesar mejor y más rápido las denuncias que recibe, a través de una reingeniería de los sistemas internos, incluyendo una depuración de casos, una mayor automatización para acelerar el registro de algunas denuncias recurrentes (como pérdida o robo de móvil) y el fortalecimiento de la gestión de recursos humanos y su capacitación, entre otros.
Asimismo, hay algunas otras iniciativas privadas con el mismo espíritu, como es el caso del proyecto educativo pionero de Zapaterías Cobán, el mayor productor de calzado del país, lanzado hace unos años para cuidar de los chicos que cuidan de sus zapatos en las calles. Se trata de “Lecciones Brillantes”, cursos básicos de alfabetización a base de vídeos en Youtube y también cursos presenciales (a base de incentivos materiales como cremas y cepillos).
Por otro lado, este país de 16 millones de habitantes, con una costa al Pacífico y otra al Caribe, cuna de la cultura maya, rico en recursos naturales y selváticos, cuenta con un enorme potencial para el turismo. Las autoridades guatemaltecas son conscientes de ello, y en los últimos meses han hecho un gran esfuerzo para poner al día su turismo e intentar competir con otros países de la zona. Según el Índice Mundial de Competitividad Turística del Foro Económico Mundial (WEF en inglés), Guatemala se sitúa en el puesto 86 de 136 países. Su calificación más alta está relacionada con la competitividad de precios, el clima de negocios, la salud e higiene, el recurso humano y la priorización del turismo y viajes. Pero puntúa muy bajo en cuanto a los recursos culturales y los viajes de negocios, por lo que el Gobierno debe invertir en estos campos, a la vez que atraer una mayor inversión privada extranjera, con el fin de poder sacar el potencial que tiene el país para convertirse en un verdadero destino turístico.
Finalmente, Guatemala tendrá la Secretaría Pro Témpore de la Conferencia Iberoamericana, y como consecuencia de ello la imponente y mágica ciudad de La Antigua acogerá en otoño del año que viene la XXIV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, una gran oportunidad para mostrar a la comunidad iberoamericana y al mundo entero las potencialidades con las que cuenta este país centroamericano.
Guatemala es espectacularmente bello y con un potencial enorme, es hora de que sus gobernantes estén a la altura de sus ciudadanos, y contribuyan de una vez por todas a acabar con la criminalidad, reducir la pobreza y la desigualdad a través de educación, políticas inclusivas y desarrollo. El turismo puede ayudar, y los programas de los organismos internacionales también, pero está en manos de las propias autoridades guatemaltecas acabar con el círculo vicioso de corrupción, crimen, y desigualdad.
