La falta de una estrategia de diplomacia empresarial de la compañía Ferrovial le lleva a recibir acusaciones por violación de los derechos humanos.
Hace poco más de un año cuestioné si el BBVA había analizado suficientemente el riesgo geopolítico de invertir en Turquía antes de comprar una participación mayoritaria en las acciones del banco turco Garanti. Al pasar el tiempo, y a medida que crecían los problemas geopolíticos, económicos y políticos de Turquía, mis comentarios han empezado a parecer más proféticos.
Recientemente también puse en duda la capacidad de análisis y gestión del riesgo geopolítico del consorcio encabezado por empresas españolas que construye la línea ferroviaria de alta velocidad entre Riad y Yeda. El consorcio parece que no solo falló al no darse cuenta de que el desierto saudí contenía arena, sino que también fracasó al no desarrollar unas sólidas redes de influencia e información entre los miembros de la familia real saudí y entre los funcionarios del país que hubieran contribuido a proteger el proyecto.
La última empresa española en sufrir por su incapacidad para analizar y gestionar el riesgo geopolítico es Ferrovial. Según el diario británico The Guardian, Ferrovial ha sido advertida por la Escuela de Derecho de Stanford de que sus directores y empleados corren el riesgo de ser procesados bajo el derecho internacional por violación de los derechos humanos en los campos de detención australianos de Nauru y la isla de Manus, en Papúa Nueva Guinea. Ferrovial asumió la responsabilidad de los campos de detención de estas islas en mayo, cuando compró el 90% de Broadspectrum, la compañía que los gestiona.
La respuesta de Ferrovial ha sido afirmar que no renovará el contrato, aducir que es ...
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