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La solución de la pobreza y el atraso de una parte importante
de la humanidad se vio en un primer momento, sobre todo, como un imperativo ético,
es decir, de justicia. Más tarde se empezaron a mezclar dos aproximaciones
ligadas entre sí: una vinculaba esos problemas a la paz, la estabilidad
y la seguridad en determinados países o regiones, y la otra los
relacionaba con los derechos humanos, cuya definición se amplió desde
los individuales a los económicos y sociales, hasta incluir el
derecho al desarrollo. En un tercer y más reciente momento el
desarrollo se ve vinculado a la noción contemporánea de
la seguridad colectiva.
El Informe del Grupo de Alto Nivel sobre las Amenazas, los Desafíos
y el Cambio, de Naciones Unidas, indica “que las mayores amenazas
(…) con que nos enfrentaremos en los decenios por venir, van mucho
más allá de las guerras de agresión entre Estados”(…), “cualquier
suceso o proceso que cause muertes a gran escala o una reducción
masiva de las oportunidades de vida y que socave el papel del Estado
como unidad básica del sistema internacional constituye una amenaza
para la seguridad internacional”. A partir de esa definición
se identificaron seis grupos de peligros: los económicos y sociales
(como la pobreza, las enfermedades infecciosas y la degradación
del medio ambiente); los conflictos entre Estados; los enfrentamientos
internos, como la guerra civil o el genocidio; las armas nucleares, radiológicas,
químicas y biológicas, el terrorismo y la delincuencia
organizada transnacional.
En esa ensanchada visión de la seguridad internacional destacan
dos aspectos, que resultan de la mayor pertinencia al intentar explorar
temas y problemas que hoy obsesionan y que, probablemente, serán
cosa de la historia en pocas décadas. El primero lo constituye
el hecho de que esas amenazas –de las cuales, ningún país
por poderoso que sea, puede aislarse– están íntimamente
entrelazadas: los problemas económicos y sociales son causa de
conflictos en y entre los Estados, lo que se traduce en deterioro de
las condiciones de vida y la pobreza, a su vez, en degradación
del medio ambiente. Esos enfrentamientos y sus causas económicas
y sociales –incluyendo la disputa por recursos naturales y la generación
de un ambiente de frustración y resentimiento que alienta el terrorismo– conducen
al debilitamiento y colapso estatal, de lo cual se aprovecha la delincuencia
organizada y el terrorismo con sus implicaciones en la proliferación
de armas.
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ILUSTRACIONES: NENAD JAKESEVIC
PARA FP
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Segundo: desde el punto de vista de la prevención de las amenazas
a la seguridad colectiva, el avance económico y, sobre todo, social
constituyen una innegable línea de defensa. No desconocemos que
el desarrollo per se no elimina todos los factores de inseguridad –como
bien lo demuestran hechos recientes–, pero descomprime el caldo
de cultivo que es la pobreza, en la cual germinan y se alimentan muchos
de los elementos de la inseguridad que hoy vive el mundo.
Planteadas así las cosas, ¿qué mejor instrumento
puede ser utilizado con urgencia para aliviar la pobreza en el mundo
que eliminar los subsidios a la agricultura en los países ricos?
No se entiende que por proteger a un pequeño segmento de su población
y de su economía los países desarrollados no contribuyan
a aliviar la situación de miseria y postración de varios
miles de millones de habitantes en Asia, África y América
Latina, que por este medio verían así incrementados sustancialmente
sus ingresos. El argumento es mucho más vigoroso aún si
se piensa que los Estados ricos disponen de recursos suficientes como
para compensar a su población agraria por los efectos que la medida
acarreará. No desconozco que la mera eliminación de los
mismos no asegurará automáticamente que sus beneficios
lleguen a las grandes mayorías, pero para eso están las
políticas internas que lo hagan realidad.
El fin de las subvenciones será muy significativo para América
Latina, tanto en términos de bienestar como de exportación,
pues esta medida, aplicada en todo el hemisferio occidental, supondrá un
incremento de las exportaciones agrícolas del 14%, del que se
beneficiarán sobre todo Brasil, Chile, América Central
y el Caribe, con mejoras esperadas de entre un 15% y un 27%. Un aumento
en el volumen de exportaciones generará más trabajo, ralentizará la
migración hacia las ciudades y ayudará a impulsar las rentas
del sector agrícola, lo que incidiría en la reducción
de la pobreza.
Además, el impacto positivo de esta medida en el crecimiento
de los países menos favorecidos será mayor de lo que se
cree, debido a la enorme expansión de la demanda alimenticia y
de otros productos agrícolas asociada al vertiginoso crecimiento
de Estados como India y China. El PIB en estas naciones, que representan
casi el 40% de la población mundial, ha crecido entre finales
de los 90 y 2003 a una tasa promedio superior al 5% y 8%, respectivamente. ¿Se
imaginan el impacto en el potencial exportador y de crecimiento de los
países en desarrollo asociado a ese cambio en los parámetros
mundiales de la demanda de productos agrícolas?
La conclusión es sencilla: desde el punto de vista de la seguridad
colectiva, y, por tanto, de la supervivencia de la humanidad, los subsidios
agrícolas son un lujo que no puede subsistir. |
