La última artimaña del Gobierno bielorruso para vigilar la Red es convertir a los dueños de los cibercafés en una especie de policías. La nueva ley, que trae a la memoria la red de espías civiles de la Stasi (policía secreta de la extinta República Democrática Alemana), exige a los propietarios informar a los servicios de seguridad de las visitas de sus clientes a webs ilegales –en Bielorrusia es delito criticar al presidente, Alexander Lukashenko–, así como guardar la memoria de navegación de los ordenadores durante un año. Esta medida, que se suma a otras como el bloqueo asiduo de páginas disidentes o la obligación de enseñar el DNI para usar un cibercafé, muestra cómo Bielorrusia no para de hacer méritos que justifican su presencia en la lista de enemigos de Internet, publicada cada año por Reporteros sin Fronteras.