Una protesta para apoyar la puesta en libertad del líder de la oposición en Malasia, Anwar Ibrahim. Marzo 2015. Mohdrasfan/AFP/Getty Images
Una protesta para apoyar la puesta en libertad del líder de la oposición en Malasia, Anwar Ibrahim. Marzo 2015. Mohdrasfan/AFP/Getty Images

Malasia derogó hace apenas tres años la ley que permitía detenciones indefinidas sin juicio, cumpliendo así una de las promesas del primer ministro, Najib Razak. Recientemente el propio Razak ha vuelto a introducir esta medida jurídica con la aprobación de una draconiana legislación amparada en la lucha contra la amenaza yihadista. ¿Es ésta la verdadera motivación del Gobierno malayo? Expertos y líderes opositores ven en esta norma un paso más en la campaña del Estado para acallar a la disidencia.

Tras más de 12 horas de debate, el Parlamento malayo dio luz el verde el pasado abril, con 79 votos a favor y 60 en contra, a la nueva Ley de Prevención del Terrorismo (POTA, por sus siglas en inglés) con la que vuelven a permitirse las detenciones indefinidas sin juicio, abolidas en 2012 con la derogación de la antigua legislación de seguridad interna (ISA), heredada de la época colonial. El propio primer ministro, Najib Razak, fue entonces el impulsor de su revocación: había que terminar con una norma utilizada durante años para encarcelar sin garantías jurídicas a los críticos.

“Hay que tener en cuenta que las circunstancias cambian. De vez en cuando, es necesario revaluar las cosas”, aseguró Najib recientemente. Desde 2013, el escenario político en Malasia ha cambiado. Hoy, la oposición política encabezada por Anwar Ibrahim, actualmente encarcelado por un delito de sodomía, resulta tan amenazadora para el Frente Nacional, la coalición que dirige el país desde 1957, como el desafío yihadista.

 

El califato malayo, ¿casualidad?

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