El país sufre una grave crisis y se enfrenta a un futuro incierto. ¿Qué puede hacer el Gobierno para paliar la situación que atraviesa Malí?
Hace ahora cinco años, Malí comenzó a resquebrajarse; y aún hoy se perpetúan muchas de las circunstancias que llevaron a este enclave estratégico de África Occidental a sumirse en el más absoluto caos y desgobierno. Por entonces, recién iniciado el año 2012, estalló en la asolada región septentrional –dos tercios de la extensión territorial maliense– la cuarta revuelta tuareg desde la independencia nacional en 1960, mucho más virulenta y mejor armada que en todas las ocasiones precedentes. Los rebeldes tuaregs, unidos inicialmente a los grupos yihadistas por mutua conveniencia, aniquilaron la integridad territorial y la soberanía nacional en el norte del país; mientras que, pocos meses después, el golpe de Estado del capitán Sanogo –actualmente en proceso judicial– acabó con un régimen democrático que, sobre el papel, había prevalecido por dos décadas en Malí. Finalmente, y tras la restauración de un Gobierno provisional en Bamako, las distintas milicias yihadistas –que comenzaron su expansión en el norte en la década de los 90– depusieron a los grupos rebeldes tuaregs, y lanzaron –en enero de 2013– una ofensiva que pretendía llegar a Bamako e instaurar un Estado islámico en todo el país.
Solo la inmediata y contundente cooperación militar de Francia (Operación Serval), con la necesaria colaboración de distintas fuerzas africanas, fue capaz de frenar y diezmar a los yihadistas, además de expulsarlos –temporalmente– de sus bastiones norteños. Sin embargo, después de consumarse la reconquista de toda la región septentrional, y ya bajo el liderazgo del presidente Ibrahim Keita (septiembre 2013), el gran reto era recuperar la seguridad, la estabilidad y la gobernanza del país. Esta exigía –como condición previa e imprescindible– sellar un acuerdo de paz con los movimientos nacionalistas tuaregs que, bajo el auspicio de Argelia, tardó un tiempo excesivo en llegar.
Acuciados por la presión internacional, y también por el repunte de la violencia yihadista, el Gobierno de Bamako y los dos principales movimientos tuaregs: la Coordinadora de Movimientos de Azawad (CMA) –que aglutina a los grupos que lideraron la revuelta armada de 2012– y la reconocida como Plataforma –milicias tuaregs contrarias a la independencia y leales a Bamako– suscribieron, en junio de 2015, un acuerdo de paz, cuyo ambicioso y complejo objetivo era “refundar el país” sobre la base de un proceso inclusivo de diálogo político, de reconciliación y de fortalecimiento de todas las instituciones estatales, para asentar –aún a largo plazo– la seguridad, la gobernanza y el desarrollo en todo el país, y especialmente en la olvidada y asolada región norteña.
Sin embargo, y a pesar de sus muy limitados avances, las negociaciones políticas se encuentran en un nuevo y reincidente punto muerto: el CMA –a través de un comunicado de su nuevo presidente, Ag Intalla– abandonaba el Comité de Seguimiento del Acuerdo (CSA) el pasado 20 de diciembre, después de denunciar la falta de voluntad de Bamako para cumplir todas las cláusulas del acuerdo, las reiteradas violaciones del cese del fuego y la proliferación de grupos armados, que –según los rebeldes tuaregs– son alentados y mantenidos por el Gobierno para obstaculizar el proceso de paz. Además, manifestaba su desacuerdo con la imposición por parte del Gobierno central de las autoridades locales en las cinco regiones septentrionales, a pesar de las elecciones municipales que, de forma muy irregular, se celebraron finalmente a finales de noviembre. Por su parte, una fuente gubernamental deploraba este retorno a la casilla de salida, al tiempo que denunciaba que esta actitud era recurrente en la CMA “cuando está contra la pared. Está tratando de desprenderse del Gobierno, que es la única parte que ha cumplido todos sus compromisos bajo la estrecha vigilancia de la comunidad internacional”.
Parálisis política, incremento de la violencia
Con la retirada unilateral de la CMA se cerraba un año tremendamente convulso para Malí, cuyo deterioro exponencial ha estado determinado por tres evidencias fundamentales. En primer lugar, la violencia armada ha mantenido, desde 2014, su paulatino y alarmante ascenso, hasta llegar a niveles inquietantes en 2016. Los enfrentamientos entre los principales grupos tuaregs, las luchas intercomunales y, sobre todo, los ataques rebeldes y yihadistas contra las fuerzas de Naciones Unidas (MINUSMA) y las fuerzas de seguridad malienses se multiplican en el norte y centro del país, e incluso más allá de sus fronteras. Y todo ello sustentado y financiado por la expansión del crimen organizado, que se ha convertido en el nudo gordiano de los conflictos y el desgobierno en Malí y en toda la región saheliana.
Por otro lado, los filiales yihadistas de Al Qaeda en el Sahel han reforzado sus vínculos internos y retomado su estrategia anterior a la crisis de 2012, con el deleznable objetivo de recuperar su “ascendente social” y su capacidad de captación entre las frustradas y olvidadas poblaciones de Malí. Además, y como un parámetro esencial para implantar su maléfico poder en la región saheliana, la “Al Qaeda africana” necesita consolidar su supremacía frente a las pretensiones del autoproclamado Estado Islámico de Al Baghdadi, que amenaza con extenderse por África tras su debilitamiento en Siria e Irak.
Por último, y como evidencia de mayor calado social, la población maliense está dando muestras inequívocas de su hastío por la lenta marcha de la “refundación del país” –seguridad, democracia y desarrollo para toda la población–, que está muy lejos de alcanzar sus ansiados anhelos; así como de su desconfianza en la eficacia de la estrategia del Gobierno para luchar contra la amenaza yihadista. En 2014, y según los resultados del Afrobarometer 2016, aunque el 38% de los malienses seguía considerando que la seguridad era uno de los grandes desafíos del país –el doble de la media en África–; ya habían descendido a la mitad –70% en 2013 frente al 36% en 2014– los que consideraban que la persecución de los yihadistas era la mejor opción para avanzar en la reconciliación social y en la consecución de una paz duradera. Durante 2016, el aumento del descontento social se ha evidenciado aún más en sucesivas manifestaciones por todo el país, especialmente masivas en Bamako: en octubre, la oposición política –bajo el lema “Esto no va bien” y con el pretexto de denunciar la nueva ley electoral– censuraba la acción del Gobierno y denunciaba la corrupción que devasta el país, que ha provocado que “Malí haya estado paralizada durante los últimos tres años”.
Revisar la estrategia para la paz y la estabilidad nacional
Ante el lento y errático avance del proceso político, y más aún frente al alarmante deterioro de la seguridad y la estabilidad nacional, el Gobierno, junto con la comunidad internacional, debe afrontar una revisión de su estrategia, con el objetivo de encauzar el errático rumbo de la reconstrucción nacional. Sin duda, la parálisis política sigue jugando a favor de los violentos –en especial, los yihadistas–, de los traficantes y de los corruptos, que van a seguir sacando rédito de la debilidad y ausencia del Estado para alcanzar sus ilícitos objetivos. Por ello, y aun considerando la seguridad el primer eslabón de la estabilidad, es urgente centrar las acciones en eliminar las causas profundas de la conflictividad que, en muchas ocasiones, se sustenta en una enorme frustración social –nutrida por la ausencia de expectativas, por la desigual distribución de la riqueza, por una endémica corrupción y, también, por la falta de protección y justicia–, mucho antes que en razones ideológicas o en el fanatismo religioso.
Empieza un nuevo año, y el presidente Keita ya ha anunciado una nueva iniciativa para paliar la grave situación que atraviesa Malí, convertido ya en un claro ejemplo de cómo los yihadistas, los grupos armados y las redes criminales –incógnitas de una misma ecuación– luchan por el poder en zonas aisladas y empobrecidas, donde la gobernanza estatal no alcanza, ni con mucho, a toda la población. El próximo marzo, se celebrará en Bamako una nueva “Conferencia de Acuerdo Nacional" que, en palabras del presidente, será “un hito trascendental para la rehabilitación de la cohesión social y la convivencia en Malí (…), y que debería permitir un debate a fondo, entre todos los componentes de la sociedad, sobre las causas profundas del conflicto”. Para conseguirlo, y con el necesario apoyo de la comunidad internacional, las conversaciones deberán ser inclusivas y centrarse en el fortalecimiento del acuerdo de paz, en el incremento de la autoridad y la legitimidad del Estado en todo el territorio y en la lucha contra la violencia y el omnipresente crimen organizado. Además, deberán fomentar la implantación de medidas urgentes que estimulen el desarrollo y la cohesión social. De lo contrario, habrá que asumir que la violencia siga imperando en una región que no solo es esencial para la paz y la estabilidad de toda África, sino también fuera de sus fronteras continentales.
