Marruecos-UE: del comercio a la migración

El rey marroquí, Mohammed VI, ondea una bandera de Marruecos en la inaguración de una planta solar. Fadel Senna/AFP/Getty Images

Las relaciones entre Bruselas y Rabat atraviesan un momento complicado, ya que las autoridades marroquíes han suspendido el contacto con la Unión a causa de una sentencia relacionada con el Sáhara Occidental. He aquí las claves para entender la maraña de intereses que mueven las políticas a un lado y otro del Mediterráneo.

Entre el reguero de crisis que vive la Unión Europea hay una que lleva latente desde hace años, la migratoria. Así lo predecía el proceso de Rabat. Lo que antes podía asemejarse a un problema, ahora es una emergencia de refugiados a nivel europeo. Para solucionar la primera, en su momento, uno de los pilares en los que se asentaba la estrategia comunitaria −más aún si cabe la española − era el trato con los países fronterizos. Se vio durante el verano de 2014, cuando una leve disputa con el rey marroquí Mohamed VI provocó la “crisis de las pateras”. Marruecos dejó pasar a las pateras y 920 embarcaciones con un millar de personas alcanzaron las playas de Cádiz en tres días.

España sabe de la vital importancia que supone el país para contener la llegada de inmigrantes y Europa, también. Sólo en 2014 el Gobierno de Marruecos dijo que entre 25.000 y 40.000 extranjeros residían en su país en situación irregular; 80.000 si se suma a Mauritania. Por otro lado, la ciudad de Nador cuenta en sus alrededores con una docena de asentamientos de personas subsaharianas que han atravesado África para llegar a Marruecos y desde allí, intentar ir a Europa. Aunque una valla se lo impide.

Hace casi dos años que en Ceuta y Melilla murieron 15 personas. Según los representantes de las principales asociaciones de africanos en Madrid, hubo más responsables aparte del Ministerio de Interior o presuntamente de la Guardia Civil: la Unión Europea, “culpable de que tantos jóvenes africanos se encaramen sobre una valla metálica o crucen el mar en patera o a nado: la falta de oportunidades y la pobreza a la que la desertificación y las políticas comerciales de la UE abocan a estos países”, dijeron hace dos años en declaraciones recogidas por Lola Hierro en el blog Migrados. “La misma Europa que nos niega la entrada, expolia nuestros recursos y explota nuestras tierras. Es una unión de mercaderes, donde importa el dinero y no las personas”, añadían.

A pesar de que el 27 de noviembre de 2014, Marrakech acogiera el II Foro Mundial de los Derechos Humanos en un intento por transmitir la imagen de ser un país respetuoso con las libertades fundamentales, la violación sistemáticamente del derecho de expresión y de manifestación se sigue produciendo, según la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), la única de estas características que denuncia abiertamente la vulneración de los derechos humanos y de las libertades individuales en Marruecos.

La falta de interés tanto de España como de la UE por denunciar la intervención de agentes marroquíes en suelo español para detener a inmigrantes subsaharianos o las devoluciones en caliente se explica a su vez por el acuerdo bilateral de pesca que mantiene con Marruecos, que permite a las flotas de varios países comunitarios, entre ellos España, trabajar en aguas marroquíes. El pacto permite faenar en Marruecos a un máximo de 120 barcos de 11 países de la UE (en su mayoría de España, pero también de Portugal, Italia, Francia, Alemania, Lituania, Letonia, Holanda, Irlanda, Polonia y Reino Unido).

Estos hechos forman parte de algunas razones por las que se habla de Marruecos como el encargado de realizar el trabajo sucio de la UE en las fronteras. El país pionero de un modelo de externalización del control fronterizo que ha sido recientemente exportado a Turquía. En este caso, la UE ofreció 3.000 millones de euros a Ankara para contener la llegada de refugiados, que cumplió su parte del trato en noviembre. Los guardacostas turcos realizaron detenciones a 752 refugiados en operaciones simultáneas en ocho puntos diferentes para frenar a los que intentaban llegar a las islas griegas.

En un contexto donde la línea entre la política migratoria y el dinero es difusa, la política comercial juega una fuerte baza.

Marruecos encabeza la lista de socios que se benefició de apoyo financiero de la Unión Europea. Entre 2007 y 2010 recibió 654 millones de euros para política de vecindad y con el fin de ayudar al país en esta nueva etapa legal en las relaciones bilaterales, la UE aumentó su ayuda para el período 2011-2013.

La relación de Europa con el país ha sido relativamente fructífera gracias a las reuniones periódicas mantenidas en el marco del tratado de asociación adoptado entre ambos hace más de 20 años y el dinero aportado. Salvo cuando otros factores históricos se cuelan en la ecuación. El Sáhara Occidental es un territorio tan estratégico como problemático y más cuando se está maniatado entre la política comercial y la migratoria.

La tradición comercial de Marruecos con los países europeos se remonta hasta hace décadas, en particular con Francia, que constituyó su destino principal hasta que cedió su lugar a España. Una posición privilegiada que se vio comprometida con la llegada de Estados Unidos en 2006, cuando tomó la delantera con los acuerdos de libre comercio y consiguió que Marruecos abriera progresivamente su mercado asentándose en condiciones más ventajosas que sus contrincantes europeos.

Por este motivo, la UE se empeñó desde febrero de 2006 en acelerar sus negociaciones con Marruecos iniciadas en 1995 en el marco del proceso de Barcelona con el objetivo de establecer un espacio de libre cambio regional con países mediterráneos.

El problema es que el acuerdo entre ambos no permitía saber si se incluía el territorio del Sáhara Occidental, pues esa cuestión no se había planteado jamás. Los sucesivos gobiernos españoles dieron la espalda a sus responsabilidades políticas en la región, pero no renunciaron a conservar sus ventajas económicas.

“¿Es la carrera para atrapar a Estados Unidos lo que justifica que Europa se salte el derecho internacional?”, se preguntaba el eurodiputado José Bové, informante del dossier “Acuerdo UE-Marruecos sobre las medidas de liberalización recíprocas en materia de productos agrícolas y productos de pesca” que primero cuestionó la inclusión del Sáhara Occidental.

La respuesta llegó en diciembre de 2015, cuando el Tribunal General de la Unión Europea dictaminó que el Acuerdo de libre comercio entre la UE y Marruecos iniciado en 2000 no se puede aplicar al Sáhara Occidental porque puede “indirectamente animar” a las violaciones de derechos fundamentales del pueblo saharaui.

Según explican fuentes comunitarias para la elaboración de este artículo, el Servicio Jurídico del Consejo se encuentra en el proceso de apelar la sentencia, “que no pone en tela de juicio el acuerdo de asociación que existe entre la UE y Marruecos”.

La Unión Europea se esfuerza por repetir este mensaje entre la diplomacia marroquí. Y, como si fuera un malabarista, mantener la relación económica frustrada por los tribunales en un contexto en el que su reacción a la emergencia de refugiados es clave. Pero el 25 de febrero la gota colmó el vaso y el Gobierno de Marruecos declaró la “suspensión de todo contacto con las instituciones europeas”.

Más allá de que la suspensión de los contactos puede afectar a la colaboración en materia de lucha antiyihadista y otros aspectos clave, la realidad es que la cooperación hasta el momento con Marruecos no había logrado prever el aumento de la llegada de personas en situación irregular, en claro incremento desde 2010. Y más importante aún son los costes humanos: en distintas ocasiones ha quedado patente cómo los derechos de los inmigrantes se han visto menoscabados como fruto del abuso y la explotación. Tanto Turquía como Marruecos han sido denunciados debido a su trato contra los inmigrantes por organizaciones como Amnistía Internacional y diputadas europeas como Marina Albiol.

En definitiva, Marruecos ha buscado durante las últimas décadas desarrollar agresivamente su agricultura y recibir una ola de inversiones que continuaban su reforma agraria, llamada Plan Verde. Según la aseguradora estadounidense Mackinsey, la liberalización tendría un beneficio de 13.370 millones de euros para los grandes agricultores y de 800.000 para los campesinos. La desigualdad es rampante y más si tenemos en cuenta que hablamos de un país que sufre inseguridad alimentaria.  A cambio de estas recetas de libre comercio, el país pretendía convertirse al mismo tiempo en un territorio digno de incorporarse al Centro de Desarrollo, un foro importante de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Es la visión más estratégica de un país cuyos socios no europeos vitales, más allá de Estados Unidos, son Brasil y China

Lejos de conseguir su objetivo, lo que sí han demostrado las décadas de cooperación bilateral entre la Unión Europea y Marruecos es que la conclusión de un acuerdo de readmisión es sólo un medio para consolidar un marco de cooperación bilateral que incluye otras áreas más estratégicas −y tal vez más importantes− como la política de comercio, la agricultura o las migraciones, por nombrar sólo algunas. Muchas de ellas, ahora, pendientes de una decisión judicial que distancia a ambos.