Cómo compaginar seguridad y desarrollo.

 

AFP/Getty Images

Un policía mauritano empuja a una mujer en una calle de Nouakchott el 7 de octubre de 2008 durante una protesta contra el golpe de Estado.

 

En las discusiones sobre los procesos de transición política iniciados en 2011 en Oriente Medio y el Norte de África pocas veces se incluye a Mauritania, y eso se debe principalmente a que los cambios políticos empezaron en 2005, mucho antes que en Túnez o Egipto. Pero el caso del proceso de transición de Mauritania, pasando por dos golpes de Estado, está cobrando cada vez mayor relevancia, tal y como nos lo demuestran los recientes acontecimientos en Egipto y los efectos colaterales de la inestabilidad en Malí. ¿Representa Mauritania lo que se avecina para Egipto o Túnez o Libia dentro de cinco años si sus transiciones no consiguen arraigarse?

Quizás porque los cambios empezaron antes y han seguido pautas muy distintas, el impacto de la ola de protestas populares y cambios políticos que ha sacudido la región se ha dejado sentir con una intensidad distinta y, en cualquier caso, ha seguido un ritmo dispar. Esto se explica por los delicados equilibrios políticos y sociales en el país, pero también por factores externos como la inestabilidad en el Sahel y la presencia de grupos extremistas que se han hecho fuertes en esta región.

 

Un contexto especial

El proceso de transición a la democracia iniciado en agosto de 2005 y cimentado en 2006 con las elecciones presidenciales democráticas suponía, a priori, un contexto propicio para consolidar las bases de la democracia y promover el respeto y defensa de los derechos humanos. Así, entre 2005 y 2007 presenciamos una fase de apertura, en la que la sociedad civil mauritana pudo expresarse libremente y mejorar su organización, permitiendo a muchos actores del país considerar este momento como su propia primavera.

Sin embargo, el golpe de Estado de 2008 y el período de inestabilidad política posterior truncó este proceso. Pero curiosamente de 2008 y 2009, caracterizados por una gran inestabilidad política y un retroceso en materia democrática, destaca que a pesar de las dificultades se mantuvo un alto nivel de movilización por parte de la población y de la sociedad civil, importante para entender la situación actual. A pesar del débil impacto de la llamada Primavera Árabe en Mauritania, algunos movimientos de protesta popular como el 25F no se han disuelto totalmente, sino que han quedado en standby, a la espera de un momento más propicio para actuar o de recibir un nuevo impulso.

Por otro lado, y en paralelo, se han ido produciendo a lo largo de 2011 y 2012 movilizaciones de pequeños colectivos que se manifiestan ante las instancias del Gobierno para denunciar alguna injusticia o reclamar algún derecho. La novedad de este fenómeno no es su tipología, sino la perseverancia con la que se manifiesta casi a diario y en los mismos lugares. El ciudadano mauritano comienza a interesarse por sus derechos y a querer informarse. Objetivos como la transparencia en la industria extractiva o la producción rural eficiente, algo impensable hace unos años, comienza a dar sus frutos poco a poco gracias a la implicación de la sociedad civil mauritana en la denuncia de la utilización inadecuada o de la apropiación ilegal de la res publica.

Pese a estos nuevos espacios de apertura política para los ciudadanos, el reto más importante para la consolidación de la democracia reside en el creciente riesgo de inestabilidad del país. La crisis económica, la inestabilidad política, las tensiones sociales, la alta tasa de paro juvenil y el avance de corrientes islamistas radicales, unido al riesgo terrorista derivado de la crisis en Malí, suponen las principales amenazas a la estabilidad de Mauritania. Todo ello no debería dar excusas al Gobierno mauritano para limitar los derechos y libertades de la población y para perpetuarse en el poder sin dar una oportunidad a la alternancia política.

 

La cooperación de la UE

La cooperación de la Unión Europea con Mauritania se suspendió tras el golpe de Estado del 3 de agosto de 2005 y fue retomada plenamente en mayo de 2006 después de constatar los progresos del nuevo Gobierno en materia de democracia y Estado de Derecho. En noviembre de 2005, la UE decidió financiar proyectos de apoyo institucional como respuesta a los cambios políticos para así sostener el proceso de transición democrática. También congeló su cooperación con Mauritania después del golpe de Estado de 2008. Aunque se intensificaron los contactos y se lanzaron actividades puntuales a partir de agosto de 2009, hasta enero de 2010 no se retomaron plenamente las relaciones con este país. En cambio, los Estados miembros, por su parte,  mantuvieron en menor o mayor medida los contactos con las autoridades mauritanas y su cooperación bilateral.

Tanto la UE como los Estados miembros han tenido que hacer frente a un contexto político convulso, con parte de la oposición que acusa al Gobierno mauritano de no cumplir sus compromisos e impedir así un diálogo real entre las distintas fuerzas políticas. Sin duda la vulnerabilidad del país ha sido la gran protagonista de todas las estrategias de cooperación con Mauritania. Ésta ha condicionado las políticas de los actores internacionales con presencia e intereses en el país, empujándolos a prestar cada vez más atención a cuestiones de seguridad. En buena medida, éstas han limitado los esfuerzos en materia de desarrollo y promoción de los derechos humanos y la democracia.

Teniendo en cuenta que la historia se repite, tal y como estamos viendo en Egipto tras el golpe de Estado contra el presidente Morsi, los principales actores de la cooperación europea deben entender que es precisamente este contexto especial mauritano el que plantea la necesidad no solo de una cooperación regional en materia de seguridad, sino que obliga a los países donantes a revisar las estrategias de desarrollo para reducir algunos de los factores socioeconómicos que favorecen el surgimiento y la proliferación de amenazas terroristas. Así, las políticas de cooperación la UE y sus Estados miembros, incluyendo España, deberían tener en consideración las problemáticas de seguridad para poder avanzar en el terreno del desarrollo, entendiendo que seguridad y desarrollo son dos aspectos complementarios y no antagonistas de una transición a la democracia.

 

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