El significado del caso para la lucha contra la corrupción en Brasil.

 

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El Mensalão es considerado uno de los mayores esquemas de corrupción de la historia moderna brasileña. El escándalo estalló durante la primera presidencia de Lula da Silva y consistía en el desvío de fondos públicos para la compra de voluntades en el Congreso Federal. Después de una larga investigación se logró probar que miembros del Partido de los Trabajadores hicieron uso de dicho mecanismo para conseguir el apoyo de legisladores de partidos opositores. La palabra “mensalão”, que en español significa “mensualidad”, era utilizada por los propios congresistas en los pasillos de las oficinas gubernamentales en Brasilia para referirse a esta práctica ilegal.

El escándalo es importante para Brasil porque la lucha contra la corrupción es un asunto clave para el futuro del país. Durante la última década el gigante suramericano ha experimentado un espectacular crecimiento. Para consolidar este proceso en el largo plazo y conseguir transformar el crecimiento en desarrollo, es necesario reducir los elevados niveles de corrupción. En la actualidad, las arcas públicas cuentan con abundantes recursos, lo que escasea es la capacidad estatal de llevar estos fondos a donde deben llegar. Es por esto que si Brasil desea continuar en el sendero de la expansión, la lucha contra la gestión fraudulenta es una batalla que el país debe ganar, sí o sí.

Tanto en Brasil como en buena parte de Latinoamérica el poder judicial se debate entre sus atribuciones legales y sus capacidades reales. Si bien es un poder formalmente independiente del ejecutivo, es común que su acción se encuentre condicionada por el gobierno de turno. Es así que las investigaciones sobre funcionarios suelen llegar después de que el partido del sospechado abandona el poder, o, en su defecto, se encuentra en el final de su mandato y con bajas posibilidades de conseguir un período de gobierno adicional. En definitiva, el equilibrio de poder político es un factor fundamental para entender el funcionamiento de la justicia. Lo que hace del Mensalão un fenómeno tan relevante para la política brasileña es que estas regalas informales que rigen el funcionamiento de la justicia no se cumplieron en este caso, al menos, no en su totalidad. Uno de los ejemplos que sirve para demostrar esta realidad es la condena a José Dirceu, quien fuera Jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República durante la primera presidencia de Lula da Silva y al mismo tiempo hombre fuerte de dicho gobierno. El Supremo Tribunal Federal encontró en Dirceu a uno de los mayores responsables por el esquema ilegal de compra de votos. Tras una larga investigación, la justicia acabó no solo declarándolo culpable, sino también condenándolo a más de 10 años de prisión, de los cuales deberá pasar solo uno en una cárcel común, teóricamente, sin privilegios.

El ejemplo de Dirceu se vuelve más interesante si observamos el escenario político actual. La presidenta brasileña es Dilma Rousseff, quien pertenece al Partido de los Trabajadores (PT) y es la continuadora y heredera política directa de Lula da Silva. Tanto ella como su antecesor gozan de una elevada aceptación popular y su partido de una solida posición de poder. El presente año se celebraron elecciones municipales y la participación de Lula y Dilma en las campañas fue de capital importancia para la victoria de los candidatos del PT. Es decir que, a pesar de la buena salud política tanto del partido como de sus líderes, la justica logró avanzar en la investigación y alcanzar a los responsables, aún siendo miembros de la fuerza más poderosa del país.

Un año de prisión efectiva para un hombre caracterizado como uno de los mayores responsables del más importante escándalo de corrupción de la democracia brasileña puede parecerle al observador un castigo algo suave. Pero teniendo en cuenta los niveles de impunidad existentes en el país, la condena se transforma en un castigo ejemplar y en una demostración de republicanismo.

El compromiso de la sociedad para con la lucha contra la corrupción es, cuanto menos, difuso.

Sin lugar a dudas el juicio del siglo ha sentado un antecedente muy sólido en relación a potenciales futuras condenas a funcionarios vinculados a la corrupción del más alto nivel estatal. Desafortunadamente, los manejos irregulares y la impunidad a escala más local no parecen haber sido alcanzados, al menos de manera contundente, por los resultados de este espectacular proceso judicial. La diversidad geográfica y cultural de las distintas regiones de Brasil hace que en muchos Estados del interior exista un sistema político algo primitivo. Si nos alejamos de las regiones Sur y Sureste, encontraremos lugares donde una elite local controla la mayoría de los resortes de poder, tanto públicos como privados. Resulta difícil poder hallar motivos sólidos para sostener que lo que sucede con la justicia en Brasilia pueda, en el corto o mediano plazo, alterar las prácticas de estos sitios alejados de las autoridades federales.

Si bien los grandes lineamientos macroeconómicos, de gestión y de política exterior no han sufrido modificaciones entre las presidencias de Dilma y Lula, si ha habido un cambio en relación a la tolerancia sobre las sospechas de corrupción. En lo que va de su mandato, la Presidenta ha separado de su gabinete a casi una decena de ministros por sospechas de corrupción, mostrando una suerte de tolerancia cero ante actos ilegales de sus allegados. De no mediar inconvenientes, Rousseff será reelegida en las presidenciales de 2014. Podemos esperar entonces un compromiso en la lucha contra la corrupción, al menos en el nivel presidencial, para los próximos 6 años.

También hay que tener en cuenta el lugar que la transparencia institucional ocupa en el imaginario de los electores al momento de emitir su voto. Lula da Silva fue reelegido como Presidente en 2007, momento en el cual el escándalo del Mensalão estaba en pleno proceso judicial. Si nos acercamos un poco más a la actualidad, la alta imagen positiva de la figura de Lula ayudó a capturar votos para el PT en los comicios locales del presente año. Tomando este ejemplo sería posible sostener que el éxito económico puede ser suficiente para permitirle a un dirigente (sea este Lula u otro) no ser salpicado por la corrupción de su propio gobierno. En otras palabras, el compromiso de la sociedad para con la lucha contra la corrupción es, cuanto menos, difuso.

Si bien las condenas del juicio del siglo han tenido fuertes repercusiones, es arriesgado sostener que estos hechos serán el comienzo de una nueva etapa de sistemático y sostenido combate a la corrupción. Una mejora en la educación podría hacer que la ciudadanía utilice su voto más activamente en pos de una democracia más transparente. Solo el correr del tiempo y el desarrollo e interconexión de distintos factores nos permitirá saber si el Mensalão fue un acontecimiento aislado o un punto de quiebre en la vida institucional brasileña.

 

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