Los cambios legislativos para abrir las puertas a la inversión extranjera y a proyectos privados buscan fortalecer la economía del país. Sin embargo, la controversia al respecto continúa en un país rico en reservas petroleras.

 

 












Vista aérea de la explotación petrolera Centenario en el Golfo de México.

Omar Torres/AFP/Getty Images


 

 

El proyecto de reforma energética iniciado el pasado diciembre en México era un eje central del ambicioso programa del presidente Enrique Peña Nieto para fortalecer al Estado mexicano. Entre todas las recientes reformas –como, por ejemplo, las del mercado de trabajo, las telecomunicaciones, las finanzas públicas o la educación–, la ley de energía es, desde luego, la más destacable. No solo porque pone punto final al monopolio de casi ocho décadas de la empresa estatal de petróleo y gas, Petróleos Mexicanos (Pemex), sobre la exploración y la producción, sino también porque abre el sector para la refinería y la comercialización de estos dos combustibles.


La reforma tampoco tiene precedentes ya que es incluso más completa de lo que era la propuesta original. Como ejemplo, la inclusión de distintos, y nuevos, tipos de contratos: acuerdos de servicios, contratos de utilidad compartida, contratos de producción compartida y licencias. Si se implementa en su totalidad puede marcar un antes y un después en la renovación de México.


El gobierno mexicano calcula que las reformas impulsarían la producción de petróleo hasta alcanzar los 3 millones de barriles diarios en 2018 y los 3,5 millones en 2025. También fomentarían la inversión extranjera directa, aumentarían la tasa de crecimiento del PIB (en un 2% adicional para 2025), crearían más de dos millones de puestos de trabajo durante los próximos diez años ...