La violencia, las amenzanas y la inseguridad serán los principales temas de unas elecciones presidenciales en la que los candidatos tendrán que velar por su integridad física ante los poderes fácticos del narcotráfico.

 

México elecciones
Pedro Pardo/AFP/Getty Images

 

El asesinato de un precandidato a diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Estado norteño de San Luis Potosí parece marcar lo que será México en los próximos meses: un país sumergido en la campaña electoral que promete ser una de las más competidas de la historia, pero mezclado con la ya habitual violencia que lejos de acabarse, comienza a permear en las estructuras de todas las instituciones políticas y, en consecuencia, en las decisiones de campaña.

Los próximos comicios presidenciales en México han adquirido un matiz distinto al de todas las vividas con anterioridad. En el proceso electoral, que se iniciará el 30 de marzo y culminará con las votaciones del 1 de julio, las estrategias de los candidatos de las principales fuerzas políticas del país han tenido que contemplar un escenario que no enfrentaron otros presidenciables: no sólo por el riesgo que representa para su integridad física, sino por el costo político para algunos de ellos y, más aún, por la posibilidad de que los poderes fácticos del narcotráfico incidan en los resultados de las urnas.

En México no sólo se elegirá al nuevo Presidente. Los ciudadanos estarán inmersos en cientos de campañas políticas porque al mismo tiempo se realizarán 16 elecciones: se renovarán los 128 senadores que integran la cámara alta del Congreso de la Unión y los 500 diputados de la cámara baja. Además habrá comicios para nombrar a un nuevo gobernador en siete Estados del país y se llevarán a cabo ocho procesos locales para designar a los próximos ayuntamientos.

Entre éstos últimos se encuentra el Estado de San Luis Potosí, donde la izquierda, representada por el PRD, protagoniza lo que podría ser tan sólo la primera discusión de este proceso electoral sobre la conveniencia de retirar a todos sus candidatos de la contienda en la región, como una reacción natural a la muerte de uno de sus precandidatos: Arturo García Solano, quien desapareció el pasado 15 de febrero y cuyo cadáver fue encontrado 25 días después en un predio del municipio de Ciudad Valles.

La última vez que se le vio a García en público fue justamente en la más reciente gira que el candidato de izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, realizó en dicha provincia. Ahí los dirigentes perredistas atribuyeron el asesinato a los grupos de la delincuencia organizada que estaban molestos por el apoyo que el abogado de 38 años brindaba a los comerciantes ambulantes que son extorsionados por los criminales.

No es la primera vez que las amenazas del narcotráfico, muchas veces manifestadas a través de acciones violentas, provocan la dimisión de candidatos electorales. En los comicios que tuvieron lugar el año pasado para renovar la gubernatura y diputaciones locales en el Estado de Michoacán, un total de 50 abanderados de distintos partidos políticos renunciaron a sus candidaturas unos días antes de las votaciones. Fueron pocos los que reconocieron abiertamente las presiones provenientes del crimen organizado para no participar so pena de ser “desaparecidos”, y en algunas localidades los partidos políticos declararon desiertas las candidaturas porque nadie quiso contender en medio de la intimidación.

El riesgo principal es la posible imposición de los propios aspirantes del crimen organizado para que respalden sus acciones ilegales desde el poder

Michoacán es el mejor ejemplo de lo que podría suceder en varios puntos del país en los próximos meses. Las elecciones de noviembre de 2011 en las que, por cierto, participó postulada para la gubernatura Luisa María Calderón, hermana del presidente Felipe Calderón Hinojosa, se vieron empañadas por acciones violentas y la influencia del narcotráfico en las urnas. A menos de dos semanas de aquella elección, el alcalde del municipio de La Piedad, Ricardo Guzmán Romero, fue asesinado a tiros por un grupo de hombres armados cuando se encontraba en un crucero repartiendo propaganda del Partido Acción Nacional (PAN) a favor de la candidata.

Tras el crimen, otro hecho inédito de la prensa y de los procesos electorales mexicanos: un periódico local sufrió presiones para publicar un desplegado en el que se convocó a no votar por el PAN. El presidente mexicano, Felipe Calderón, denunció unos días después que había pruebas de la intromisión de grupos criminales y del narcotráfico en las elecciones michoacanas, las cuales ganó finalmente el Partido Revolucionario Institucional (PRI). “Amenazan a la gente que si votan por el PAN le quitan la vida, y eso no se puede tolerar”, advirtió en aquella ocasión el mandatario.

¿Por qué no habría entonces injerencia del crimen organizado en las elecciones que México está por vivir? El escenario más viable es que en aquellos lugares donde el narcotráfico se ha infiltrado en la vida cotidiana de sus pobladores, al menos intente hacerlo también en las campañas electorales y, peor aún, en los resultados de las urnas. No es impropio pensar que los titulares de los próximos tres meses en la prensa mexicana estén relacionados con nuevas amenazas o asesinatos de candidatos; aunque el riesgo principal es la posible imposición de sus propios aspirantes para que respalden sus acciones ilegales.

El escenario de inseguridad también prevé que en algunas poblaciones la gente prefiera ocultarse en casa durante los comicios para ahorrase un sufragio a cambio de evitar exponerse a alguno de los tiroteos, tan comunes en ciertas localidades. Y es que no sólo se trata de los más de 47.000 muertos que ha arrojado la lucha contra el narcotráfico en los últimos 5 años, sino los 175 asesinatos de funcionarios públicos y políticos mexicanos atribuidos a la delincuencia organizada –entre candidatos a gobernador, alcaldes electos, legisladores estatales y locales– que pudieran incidir en el resultado de las votaciones.

La violencia en México ha situado al país entero en un miedo involuntario, que a su vez ha conducido a poner sobre la mesa medidas polémicas, como la aplicación de exámenes antidoping y pruebas de polígrafo a quienes aspiran a un puesto de elección popular. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que este tipo de métodos serían inconstitucionales, toda vez que el estado físico o mental de los ciudadanos no forma parte de los requisitos que exige la ley mexicana para ocupar un cargo público.

Todos los candidatos presidenciales hablan del narcotráfico, pero hasta el momento ni la dechista Josefina Vázquez Mota del PAN, ni Enrique Peña Nieto del PRI (Centro), ni Andrés Manuel López Obrador impulsado por los partidos de izquierda, han definido una estrategia específica para abatir el lastre. Eso sí, saben que es un tema de campaña con el que pueden beneficiarse o resultar perjudicados.

 

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