Un estudiantes pinta en las ventanas de la Fiscalía General protestando por la desaparición de 43 estudiantes en Iguala (Omar Torres/AFP/Getty Images).
Un estudiantes pinta en las ventanas de la Fiscalía General protestando por la desaparición de 43 estudiantes en Iguala (Omar Torres/AFP/Getty Images).

Los asesinatos, las desapariciones y las amenazas, se han convertido en una herramienta habitual de la narcopolítica para conquistar y controlar el espacio democrático de la sociedad civil de México.

“Aquí la gente prefiere no saber… porque uno está más seguro cuando menos sabe” me dice un campesino en la Costa Grande guerrerense. “Los hombres no van a los entierros y las mujeres solo van a llorar al difunto. No hablan, nadie pregunta de qué murió, qué le pasó”. Y es que en Guerrero nunca sabes -aunque lo conozcas- a quién tienes en frente, en qué está implicado o para quién trabaja. Por eso el silencio es la norma. O lo era, hasta la trágica noche del pasado 26 de septiembre en Iguala, cuando la policía municipal –presuntamente- mató a seis personas y entregó al cártel de los Guerreros Unidos a 43 estudiantes de magisterio de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, que todavía siguen desaparecidos. Pero no ha sido la atrocidad de los crímenes la que ha acabado con el hermetismo y el silencio imperante, sino que la cobertura mediática –esta vez sí-, y con ella la presión política nacional e internacional, han hecho reaccionar a las autoridades mexicanas. Porque la inoperancia y la impunidad han sido, hasta ahora, la norma en Guerrero; y los asesinatos y las desapariciones una constante como forma de represión contra la sociedad civil y el cierre del espacio democrático.

Esta vez la prensa nacional e internacional no pudo hacer caso omiso a la barbarie. La ignominia quedó plasmada en las páginas de los periódicos, en las crónicas de radio, en las imágenes de televisión. Los medios se saltaron la consigna del Gobierno de Peña Nieto de evitar hablar en público sobre temas de seguridad y violencia y dieron voz a los que, desde hace años, salen a las calles guerrerenses a reivindicar sus derechos, a luchar contra la impunidad y a exigir justicia para las víctimas. En esta ocasión, las protestas en las calles, dentro y fuera de México, tuvieron más fuerza que las cortinas de humo orquestadas sobre detenciones de capos de la droga, grandes reformas estructurales o perspectivas de crecimiento. Los medios, retrataron la cruel realidad que se vive –aunque no solo- en Guerrero. Las coberturas de las agresiones de la policía, los vínculos entre políticos y cárteles, la aparición de fosas clandestinas, de cadáveres calcinados sin identificar y de alcaldes prófugos de la justicia, han podido más que el miedo a la denuncia pública.

Y es que la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa es un capítulo más del horror que se vive en un Estado donde la ausencia de justicia es una pauta y la (auto) censura, costumbre. A diferencia de otras ocasiones, esta vez la cobertura mediática de esta realidad, grotesca y surrealista, ha tenido consecuencias políticas en los tres niveles de gobierno: municipal, estatal y ...