Puede parecer inevitable que haya una gran tensión entre Estados Unidos y México después de que Trump, en su campaña, prometiera construir un muro en la frontera, expulsar a millones de inmigrantes indocumentados y abolir el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. También se hicieron famosos los comentarios en los que calificaba a los inmigrantes mexicanos de narcotraficantes, delincuentes y violadores, que le proporcionaron el apoyo de grupos supremacistas blancos. En septiembre, con el propósito de evitar futuros enfrentamientos, el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, invitó al candidato Trump a que visitara el país, un gesto que provocó de inmediato la furia de una población mexicana ya indignada por el alto índice de criminalidad, corrupción y debilidad de la economía.
Peña Nieto sabe que México no puede permitirse el lujo de enemistarse con su poderoso vecino. Al parecer, las élites políticas y empresariales del país están haciendo todo lo posible para convencer a Trump y sus asesores para que modifiquen sus posturas en materia de inmigración y libre comercio.
Si Estados Unidos emprendiera una política de deportaciones masivas, la consecuencia sería una crisis humanitaria y de seguridad todavía más grave. Los refugiados e inmigrantes procedentes de México y Centroamérica huyen de auténticas epidemias de violencia y de una pobreza endémica. Un estudio de 2016 averiguó que la violencia armada en México y el Triángulo del norte había matado aproximadamente a 34.000 personas, más de las que murieron en Afganistán en ese mismo periodo. El incremento de las expulsiones y el endurecimiento de las fronteras tienden a desviar a los inmigrantes sin papeles hacia vías más peligrosas, en beneficio de las bandas criminales y los funcionarios corruptos. A Estados Unidos le conviene mucho más reforzar su cooperación con México para tratar de resolver los fallos estructurales que generan la violencia y la corrupción.
Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia
