Un trabajador inmigrante en un barco de pesca en Mahachai, en los suburbios de Bangkok, Tailandia. Nicolas Asfouri/AFP/Getty Images
Un trabajador inmigrante en un barco de pesca en Mahachai, en los suburbios de Bangkok, Tailandia. Nicolas Asfouri/AFP/Getty Images

Los 10 países de la ASEAN acaban de inaugurar una nueva zona libre de mercado, pero no han regulado el flujo de los trabajadores poco cualificados en una región plagada por un floreciente tráfico de personas.

El pasado mes de mayo, las imágenes que llegaron desde las costas de Tailandia y Malasia de barcos abarrotados de inmigrantes ilegales procedentes de Myanmar y Bangladesh pusieron en evidencia, de nuevo, un secreto que se conoce a voces en el sureste asiático: el de las florecientes redes de tráfico de personas que, entre otros, nutren buena parte de la industria de la región. Los 10 países que forman la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN en sus siglas en inglés) se han convertido en una de zonas más dinámicas del mundo, con un crecimiento del PIB que prácticamente se ha duplicado durante los últimos diez años. Pero los continuos escándalos por abusos laborales y esclavitud se han convertido en una de las sombras de esta próspera región que ha atraído a una multitud de industrias, desde el textil a la electrónica o la automoción.

Y muchos temen que el nuevo mercado común que la ASEAN inauguró el pasado 31 de diciembre (ASEAN Economic Community o AEC en inglés), cuyo objetivo es crear una zona con “libre movimiento de bienes, servicios, inversión, trabajo cualificado y un flujo más libre de capitales”, pueda dar alas a los abusos contra los trabajadores más vulnerables. “Para los trabajadores, el AEC no pinta muy bien. […] La migración en la región seguirá siendo bajo tu propio riesgo, con un tratamiento discriminatorio y abusivo hacia los migrantes como norma”, asegura Phil Robertson, subdirector para Asia de Human Rights Watch. “No hay una protección real de derechos dentro del AEC y los trabajadores no cualificados son las personas olvidadas en los documentos marco del mercado común. Han sido dejados fuera”, continúa el activista.

Con sus 625 millones de habitantes, el sudeste asiático es el tercer mayor mercado del planeta en términos de población. Y es también un paraíso para las industrias que descansan en la mano de obra barata en una región en la que la mayor parte de sus habitantes viven en países de rentas medias o bajas. Las autoridades esperan que el nuevo mercado común incremente la importancia de la zona como centro productivo mundial y que la economía de los 10 países continúe creciendo a buen ritmo. Así, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que el nuevo mercado común aumentará el PIB de la región un 7,1% en los 10 primeros años y que se crearán 14 millones de empleos gracias al nuevo esquema.

Y los trabajadores migrantes serán una pieza clave en ese crecimiento. Sin embargo, a pesar de su importancia, los Estados de la ASEAN no han creado aún un marco legal para regular sus derechos y la nueva libertad de movimientos sólo incluirá a los trabajadores cualificados, a los que se facilitará la obtención de visados y cuyas calificaciones serán armonizadas bajo un sistema común.  “Debido a los diferentes niveles de desarrollo y de estándares de vida, no es posible introducir el libre movimiento de trabajadores a medio plazo”, explica Rajiv Biswas, economista jefe para Asia-Pacífico de IHS Global Insight. “El libre movimiento de trabajadores poco cualificados provocaría un flujo incontrolado de migrantes hacia los países con salarios mínimos altos, como Tailandia", explica Dornnapha Sukree, una abogada tailandesa que trabaja en un sistema de transparencia para mejorar las condiciones de los trabajadores migrantes.

Sin embargo, la falta de regulación de estos trabajadores poco cualificados, que suponen casi el 90% de todos los migrantes en la región, no es un asunto baladí. Las dificultades que en muchos casos tienen los trabajadores para cruzar las fronteras o para encontrar un empleo en el país de destino, junto a la situación de pobreza en la que viven en sus lugares de origen, son las principales razones que les lleva a recurrir a redes de tráfico de personas y a aceptar sus caros servicios. “Las tasas de reclutamiento son uno de los grandes problemas de los migrantes en la industria tailandesa", asegura el activista por los derechos de los trabajadores migrantes Andy Hall. Procedentes de países pobres, la mayoría no tiene dinero para pagar a los agentes con los que contraen una deuda que normalmente saldan con su propia libertad. Miles de ellos se ven así atrapados en un sistema de esclavitud por deudas en el que sus pasaportes, en caso de tenerlos, son retenidos por los empleadores, sus movimientos son restringidos y, a menudo, son obligados a trabajar largas jornadas sin ni siquiera recibir un salario a cambio.

 

Un problema enraizado

El problema de los migrantes en el sureste asiático no es nuevo. En una región que ha vivido un siglo XX turbulento, con países como Camboya, Vietnam o Myanmar que han sufrido guerras u otros episodios violentos, el desplazamiento de población ha sido frecuente desde hace décadas e incluso siglos. Además, mientras muchos de los Estados de la región se quedaban a la cola en la carrera del desarrollo, Singapur, Malasia y Tailandia han conseguido buenos niveles de vida que han atraído a muchos de sus vecinos. Esto ha hecho que la inmigración esté muy concentrada en torno a cinco corredores, según la publicación Migration Policy, que van de Myanmar a Tailandia, de Indonesia hacia Malasia, de Malasia a Singapur y de Laos y Camboya hacia Tailandia. Esos cinco corredores suponen el 88% de toda la migración en el sureste asiático.

La frecuencia de los abusos y de los escándalos llevó a la ASEAN a aprobar en 2007 la Declaración sobre la Protección y Promoción de los Derechos de los Trabajadores Migrantes, también conocida como Declaración de Cebú, en la que se comprometían a crear un instrumento de protección y promoción de los derechos de los trabajadores migrantes. Casi 8 años después ese instrumento de protección no se ha puesto en marcha ni tampoco se ha aplicado la propuesta de marco legal que en 2009 un grupo de sindicatos y organizaciones de derechos humanos hizo llegar a la ASEAN. “Está bastante claro que los Estados miembros de la ASEAN no quieren cambiar la naturaleza temporal y cortoplacista de la migración en sus países, y si tienen que aceptar cierto grado de abusos de derechos y de tráfico de personas en el proceso como precio a pagar por esa flexibilidad, estos gobiernos están diciendo que así será”, afirma Phil Robertson de Human Rights Watch.

No obstante, la presión internacional ha llevado a algunos cambios en la situación de los migrantes en la región. “Algunos países de la ASEAN que tienen millones de migrantes no registrados y no documentados, especialmente Tailandia y Malasia, han endurecido sus controles para intentar regularizarlos con el fin de legalizar su situación o bien repatriarlos", dice Rajiv Biswas. Uno de los ejemplos más notables últimamente ha sido el de la industria pesquera en Tailandia a la que la Unión Europea impuso una tarjeta amarilla el pasado mes de abril, que suponía una amenaza de serias sanciones a las importaciones si no se solucionaban los problemas de pesca ilegal y de uso de mano de obra esclava. El Gobierno tailandés, controlado ahora por una junta militar tras el golpe de Estado de mayo de 2014, inició días después un plan de reforma del sector que ha sido valorado de forma positiva por una reciente visita de inspección de Bruselas.

Sin embargo, la nueva ASEAN, que está a punto de cumplir 50 años, puede traer a los migrantes más de un quebradero de cabeza a medida que cambie la estructura de producción y de inversión en la región y que las fábricas se muden de un país a otro para adaptarse a las nuevas circunstancias. En un esquema en el que los capitales se moverán más rápido que las personas, muchos probablemente se quedarán atrás en esta carrera por un sureste asiático más unido e integrado.

 

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Actividad subvencionada por la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores