La vuelta a la vida civil de las mujeres que fueron una vez miembros de las extintas FARC plantea importantes desafíos políticos y sociales que habrá que abordar más pronto que tarde en Colombia. En el proceso de reincorporación de las ex guerrilleras a la sociedad, planteado en los Acuerdos de Paz, debe garantizarse de manera plena sus derechos, autonomía y seguridad, evitando un escenario de desigualdad, exclusión e invisibilidad.

Mujeres que abandonaron la guerrilla de las FARC en Colombia se manifiestan para recordar a sus esposos y seres queridos asesinados después de que se firmara el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y la guerrilla en 2016, en Bogotá, Colombia. Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images

Las mujeres excombatientes se enfrentan a situaciones de discriminación como individuos y como grupo social por haber ejercido un papel que según los estereotipos se considera masculino, y que en consecuencia transgrede los mandatos de género establecidos. En el tránsito de la clandestinidad a la reincorporación a la vida civil, la identidad revelada de excombatiente, así como las representaciones sociales asociadas a ella, exponen a las mujeres a situaciones que provocan su retorno a los roles tradicionales del espacio doméstico, al silencio y a la invisibilidad. 

En atención a esta realidad que han experimentado las excombatientes alrededor del mundo en los distintos procesos para poner fin a un conflicto, el Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP planteó un proceso de reincorporación a la vida civil en lo económico, lo social y lo político con enfoque diferencial y énfasis en los derechos de las mujeres, considerado modélico en su campo. En su implementación se constituyó una mesa de género en el marco del consejo nacional de reincorporación como mecanismo para la transversalización y el seguimiento de dicho enfoque.

De acuerdo con las cifras de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), con corte a 30 de abril de 2020, el total de exintegrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación asciende a 12.082 personas y de ellas 2.987 son mujeres, lo que equivale al 24,7% de la población total. 

Las mujeres se han reincorporado prácticamente en todo el territorio nacional como se observa en el gráfico, pero con mayor concentración en el Distrito Capital de Bogotá (262) y los departamentos de Meta (470), Antioquia (329), Cauca (243), Caquetá (190), Guaviare (177) y Tolima (160). Estos lugares concentran el 56% de colombianas que están realizando este proceso de forma individual y también colectiva en los antiguos espacios territoriales de reincorporación.

Fuente: Elaboración Jakeline Vargas Parra con datos suministrados por la ARN, corte al 30 de abril de 2020 (Comunicación personal [OFI 20-012271 / IDM 112000] 1 de junio de 2020)

El salto de la vida en armas a una reincorporación efectiva en la vida civil en lo económico y lo social se ha caracterizado por los sobresaltos que generan los retrasos y/o incumplimientos del Acuerdo de Paz en la población excombatiente. Durante el gobierno de Iván Duque Márquez, se inició tardíamente la implementación de las medidas para el acceso a tierras, vivienda y proyectos productivos. El desembolso de estos últimos operó de forma muy lenta en los dos primeros años, causando incertidumbre entre la población excombatiente. El tiempo que transcurrió entre la fecha del comienzo de la reincorporación y el pago de los recursos del primer proyecto productivo colectivo osciló entre los 10 y los 22 meses. De los 48 proyectos desembolsados hasta mayo de 2020 que involucran a 2.246 personas, 637 son mujeres y las líneas productivas se concentran sobre todo en la ganadería bovina, la piscicultura y la agricultura.

La sostenibilidad de algunos de estos proyectos se ha visto amenazada por la negligencia gubernamental frente al desmantelamiento de las estructuras armadas ilegales que se disputan los territorios que antes controlaban las FARC-EP. En el Valle del Cauca, por ejemplo, 50 proyectos productivos apalancados con recursos de cooperación internacional fueron abandonados por las amenazas de grupos armados. El copamiento territorial que requieren estas organizaciones para el funcionamiento de sus economías ilícitas convierte a las personas en proceso de reincorporación, sus familiares, los líderes y lideresas sociales, en un obstáculo para sus fines y, en consecuencia, su vida, seguridad y permanencia en los territorios se ve limitada. Además, los colectivos de excombatientes que se encontraban realizando su proceso de reincorporación social y económica en los municipios de Buenos Aires (Cauca),  Ituango (Antioquia) y Yarí (Meta) fueron víctimas de desplazamiento forzado. En algunos casos, los proyectos productivos pueden ser trasladados junto con las personas excombatientes, en otros, no es posible dadas sus características y deben abandonarlos.

Estos ataques al proceso de reincorporación buscan desestabilizar la transición hacia la paz, impactando en tres aristas del mismo: la permanencia en la legalidad, la reconstrucción del tejido social que logran los liderazgos comunitarios de las personas excombatientes y el aporte a la verdad de quienes comparecen ante la Justicia Especial para la Paz (JEP).

Pese a este panorama, el 91,6 % de la población firmante de la paz se mantiene en la ruta de reincorporación y cumpliendo lo pactado. Particularmente, las mujeres excombatientes a través de la Comisión Nacional de Mujer, Género y Diversidades de FARC han creado su propia estrategia integral de reincorporación con una apuesta clara por ampliar su autonomía física, económica y política como una condición para alcanzar la igualdad de género. Esta apuesta, sobre todo en su dimensión política, interpela las jerarquías tradicionales del sistema patriarcal de la extinta organización guerrillera, de la cual gran parte de su antigua comandancia masculina se trasladó a la dirigencia del partido político COMUNES. Las mujeres farianas plantean que la deconstrucción crítica de las masculinidades hegemónicas en el ejercicio del poder por parte de los hombres excombatientes es una condición para contribuir a impulsar los liderazgos de las mujeres en “labores de interlocución, vocería, incidencia, organización y práctica política”. 

Esta demanda de las excombatientes para fortalecer su reincorporación política se fundamenta en su exclusión de participación en la conformación del Estado Mayor Central, máximo organismo de dirección de la extinta guerrilla. Este fue históricamente conformado por hombres y es solo hasta 2015, un año antes de la firma del Acuerdo de Paz, que una mujer, Francy María Orrego, alias "Érika Montero", fue ascendida a dicha instancia.

Las masculinidades hegemónicas ahora fuera de las filas guerrilleras se impusieron nuevamente en las elecciones de 2018 al Congreso colombiano. Si bien el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, posteriormente renombrado como COMUNES, se ubicó en el segundo lugar del grupo de formaciones políticas y movimientos con mayor número de mujeres candidatas (40%), ninguna de ellas encabezaba las listas y en estas no se implementó la alternancia.

Por otra parte, en la distribución de las 10 curules (escaños) que el Acuerdo de Paz otorgó al partido COMUNES en el congreso de la República, solo dos correspondieron a mujeres. Las cinco curules del Senado se designaron tomando los cinco primeros lugares de la lista presentada por el Partido FARC, en la que la representación de las mujeres ocupaba el segundo y tercer lugar. Es así como dos féminas en proceso de reincorporación, Victoria Sandino y Sandra Ramírez, alcanzan estos escaños. Esta última logra ser elegida como segunda vicepresidenta del Senado para la legislatura 2020-2021, convirtiéndose en la primera mujer excombatiente en ocupar un cargo directivo dentro de ese cuerpo legislativo. La distribución de las cinco curules para la Cámara de Representantes tomó como criterio otorgarlas a las cabezas de lista de las candidaturas que el partido respaldó en las circunscripciones de Antioquia, Atlántico, Bogotá, Santander y Valle del Cauca y, como se había señalado anteriormente, todas las listas fueron encabezadas por hombres, por tanto, en la Cámara, las mujeres no lograron representación.

El ejercicio efectivo de la participación política de las mujeres excombatientes le plantea retos al partido político para reducir las brechas de género que limitan su autonomía y también al actual gobierno nacional en relación el cumplimiento de las acciones pactadas en el Acuerdo de Paz en materia socioeconómica y las garantías de seguridad. Respecto de estas últimas, el actual Ejecutivo anunció la creación del primer piloto del programa integral de garantías para las mujeres lideresas, a través del cual se busca prevenir los riesgos de seguridad para las organizaciones de las excombatientes y ofrecerles protección colectiva.

El alistamiento de las mujeres en las filas de la extinta guerrilla hunde sus raíces en contextos de violencia, exclusión y pobreza. Por tanto, la reincorporación a la vida civil no puede retornar al mismo punto de partida. Es preciso que se realice en un escenario de plena igualdad en el que ellas puedan hacer ejercicio de su autonomía, entendida como la “capacidad para tomar decisiones libres e informadas sobre sus vidas, de poder ser y hacer en función de sus propias aspiraciones y deseos en el contexto histórico que las hace posibles”.