UNA SOLUCIÓN SIMPLISTA

Estados Unidos resolvió en 2006 completar un gigantesco muro en su frontera sur para reducir el número de indocumentados que ingresan en su territorio. Quizá lo hizo ignorando que, al igual que otras murallas, ésta representa una solución simplista condenada a caer en los vicios alertados por la comunidad internacional.

La violación de los derechos humanos es su efecto más visible. Ante la incapacidad de cualquier muro de frenar el deseo del hombre por buscar una vida mejor, los cruces continúan pero con un riesgo mucho mayor, pues ahora se producen en zonas más inhóspitas y peligrosas del desierto. Los más afortunados logran atravesar la frontera tras varios días de insufribles precariedades, mientras que a otros simplemente no les alcanzan las fuerzas. Aunque resulta imposible tener cifras exactas, el número de fallecimientos se ha multiplicado desde 1994, cuando arrancó la construcción de los primeros tramos del muro. Cálculos conservadores de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México señalan que más de 5.000 personas han muerto desde entonces; una cantidad mucho mayor a la provocada durante 28 años por otro muro, el de Berlín, que con tanto ahínco EE UU luchó por derribar.

 

Pero esto no es todo. El mayor riesgo conlleva la necesidad de mecanismos cada vez más sofisticados y onerosos para realizar las incursiones, lo que se ha traducido en el incremento exponencial de las sumas que quienes buscan el sueño americano deben pagar a los coyotes y la construcción de túneles de toda longitud y diámetro. El precio por cruzar puede superar con facilidad los 3.000 dólares.

Así, la muralla propicia el lucro de una mafia multimillonaria que utiliza su infraestructura subterránea no sólo para el tráfico ilegal de personas, sino también de sustancias prohibidas y armas.

A pesar de que los datos ...