“Lo que está sucediendo en el país es una catástrofe que, en realidad, viene ocurriendo desde hace 11 años”. Desde Vila Somalia, el palacio gubernamental que tantas veces ha intentado destruir Al Shabaab, el presidente somalí Mohamed Abdullahi Farmajo hablaba el pasado febrero para altos cargos de su gobierno, responsables de los cuerpos de seguridad y de los servicios de asistencia humanitaria. El grupo terrorista, asociado a Al Qaeda, había vuelto a atentar en la capital de un país que ha perdido ya la cuenta de sus muertos. La idea de que la misión desplegada hace más de una década por la Unión Africana en Somalia (AMISOM, por sus siglas en inglés) pueda poner fin al conflicto resulta cada día más lejana. Al Shabaab sigue controlando buena parte del sur del país, cuenta con un importante respaldo social y su capacidad ofensiva es suficiente para hacer temblar a toda la región. El propio Farmajo reconoció en su alocución de febrero que la guerra contra el terror en Somalia está lejos de terminar. ¿Ha llegado la hora de empezar a negociar con el grupo terrorista una salida?
La sociedad somalí recela de lo que está por venir. “Cuando nos vayamos, Al Shabaab va a seguir aquí. Entonces, ¿por qué la población iba a acudir a nosotros si saben que nos vamos a ir y tendrán que rendir cuentas a Al Shabaab?”, reflexionaba en 2017 el coronel Chris Ogwal, por entonces máximo responsable del batallón XXI desplegado en Arbiska, en pleno valle del Shabelle, en la primera línea defensa de Mogadiscio.
Lo ocurrido desde entonces no ha hecho más que corroborar esta tesis. Pese a las advertencias de algunos países miembros y de altos cargos de la propia misión, la AMISOM ha iniciado su repliegue, el cual debería completarse entre 2020 y 2021. Mientras, Al Shabaab ha demostrado, una y otra vez, que su potencial devastador sigue intacto: a la masacre de octubre de 2017, la más importante perpetrada desde el retorno de las tropas internacionales en 2007 con más de 500 muertos y 300 heridos, le han seguido infinidad de atentados, incluida la toma de un edificio durante 22 horas en la calle Makka al Murakama que se saldó con una treintena de muertos o el ataque a un hotel en la localidad portuaria de Kisimayo este mismo mes de julio con otros 256 muertos y medio centenar de heridos. Más allá de sus fronteras, las incursiones del grupo en Kenia alimentan el temor de la comunidad internacional.
“El uso de la fuerza no ha funcionado. Al Shabaab ha demostrado su supervivencia durante más de una década, incluso durante los periodos de mayores ofensivas militares contra ellos, incluidos bombardeos”, subraya Akinola Olojo, investigador en amenazas transnacionales y crimen global del Institute for Security Studies (ISS). Desde abril de 2017, Estados Unidos, que colabora estrechamente con la AMISOM a través de su misión en el continente (United States Africa Command, AFRICOM), ha triplicado sus ataques aéreos en la zona. En 2018, su número superó a la suma de los lanzados sobre Libia y Yemen juntos.
Amnistía Internacional ha podido documentar la muerte de, al menos, 14 civiles como consecuencia directa de estos ataques, un hecho que no hace más que alimentar el resentimiento de las comunidades locales: uno de los conductores del TM, Bedford, (viejo camión de transporte militar) con el que se perpetró la matanza de octubre de 2017, un exmiembro de las fuerzas de seguridad somalíes, residía en una de las aldeas de Bariire que fueron asaltadas en agosto por las tropas especiales norteamericanas en una polémica operación que se saldó con una decena de muertos, entre ellos tres niños.
Pese a todo, el presidente Farmajo insiste en su intención de mantener la ofensiva militar. Después de todo fue esta estrategia, recordó en su intervención de febrero, la que logró expulsar a Al Shabaab de la capital que llegó a controlar en 2006 bajo el mandato de la Unión de Tribunales Islámicos (ICU). También Estados Unidos mantiene su hoja de ruta para ceder el control de la seguridad a las autoridades somalíes a partir de 2020: para ello necesita eliminar o al menos aminorar cuanto antes el poder del movimiento terrorista.
Sin embargo, por primera vez empiezan a surgir voces que piden una alternativa. “La región donde Al Shabaab está activo, y por extensión toda la comunidad, debe enfrentarse al dilema de mantener indefinidamente la ofensiva militar o complementarla con diálogo”, asegura Olojo. De lo contrario, advertía Ogwal ya en 2017, “en el momento en el que la AMISOM se retire, Al Shabaab volverá a intentar tomar el control de Mogadiscio”.
Los interlocutores clave para un pacto
El pasado diciembre, en plena campaña para las elecciones regionales en Somalia Sudoccidental a las que aspiraba a la presidencia, el exlíder de Al Shabaab, Mukhtar Robow, también conocido como Abu Mansur, fue detenido por orden del Gobierno de Farmajo, lo que desató una nueva oleada violenta entre sus seguidores en la ciudad de Baidoa. Al menos, una decena de personas murieron. La ONU, a través de su enviado especial Nicholas Haysom, criticó la decisión del presidente y la represión a los partidarios de Robow. Días después, Haysom fue expulsado del país.
Más que por los derechos humanos, la verdadera razón de las quejas de la comunidad internacional habría que buscarlas en el golpe que la detención de Robow suponía a su nueva estrategia para acabar con Al Shabaab. Líder del clan Leysan, Robow había abandonado seis meses antes la disciplina del movimiento que había llegado a dirigir. Junto a él, otros 20 hombres se habían rendido ante el Gobierno federal. Tal y como reconocía un informe del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Robow había puesto su milicia a disposición de la lucha contra el grupo terrorista “Sé cómo encontrar a Al Shabaab, y sé cómo acabar con ellos”, repetía en su campaña electoral.
Preso de la inestabilidad y las amistades peligrosas que rigen en el Cuerno de África, Farmajo optó por detener a Robow, lo que “erosionó la confianza que podría haber ayudado a atraer a más desertores y a gestionar el problema del terrorismo por medios no militares”, apunta el investigador del Institute for Security Studies. Al mismo tiempo, alteró los planes de Estados Unidos y la Unión Europea, principales compromisarios económicos de una misión cuyo coste anual supera los 1.000 millones de dólares.
“A nivel estratégico, la Unión Africana y los organismos regionales han autorizado misiones como la AMISOM con operaciones de paz. Sin embargo, las tácticas empleadas en estas operaciones corresponden con estrategias de contrainsurgencia basadas en el enfoque de ‘d mantener y construir’ (…) Puede ser el momento adecuado para que la Unión Africana se replantee su postura en estas misiones. El entorno en el que se llevan a cabo es costoso, extremadamente peligroso y con un alto precio en vidas humanas”, resumía en su informe el consultor en estrategia militar, Jide Martyns.
Por el momento, la AMISOM ha decido incrementar su mandato al desarrollo con la puesta en marcha este mismo año de 47 proyectos de impacto rápido, anunciados en enero por su máximo responsable y enviado especial de la Unión Africana, Francisco Madeira, entre los que se incluyen la reconstrucción de escuelas, carreteras, centros de salud e infraestructuras de abastecimiento. Pero con la amenaza terrorista todavía latente, los mandatarios occidentales buscan una solución a medio plazo que les permita salir del país sin tener que justificar una derrota ante la opinión pública. Unas negociaciones de paz, similares a las que están teniendo lugar con los talibanes en Afganistán, se presentan como la única alternativa plausible.
“Lo mejor que podría hacer Estados Unidos es negociar con Al Shabaab”, apuntaba recientemente en una entrevista, Bronwyn Bruton, subdirector del Atlantic Council’s Africa Center, uno de los think tanks más influyentes en las relaciones entre Estados Unidos y el continente africano. “Es poco probable que los bombardeos vayan a destruir a Al Shabaab o incluso debilitar la organización (…) Creo que es importante para Estados Unidos encontrar una forma de coexistir y negociar con ellos para acordar, por ejemplo, no atacar a países vecinos o a las comunidades cristianas”, concluía Bruton, para quien este acuerdo con los radicales somalíes podría alejarlos de la pleitesía a Al Qaeda.
Es insostenible para los Estados africanos y para los donantes occidentales seguir financiando solo una estrategia militar”, añade Olojo, partidario de una “exploración sistemática del diálogo” en el que “la que se priorice la seguridad de las comunidades”: “En ningún caso”, subraya, “iniciar un diálogo significa debilidad”. Son muchas las voces que temen que un pacto con Al Shabaab solo vaya a permitirle rearmarse, en un momento en el que además Daesh se ha asentado en otras zonas del norte del país compitiendo por el liderazgo de la yihad regional. “Al Shabaab se intentará rearmar le den tiempo o no. Lo mismo ocurre con Daesh, que aunque haya perdido buena parte de su territorio, esto no impide que siga suponiendo una amenaza”, replica el investigador del ISS.
El éxito de esta aproximación suave para frenar a Al Shabaab pasa por entender sus objetivos y estructuras, las claves que llevan a los jóvenes a unirse a los terroristas. “Se aprovechan de la falta de empleo y la situación económica, aunque últimamente las dinámicas para captar a los chicos están cambiando. Antes aludían a la pobreza, ahora usan la fama: los jóvenes se unen para que se les reconozca en el barrio”. De hecho, continúa Alhman Abdulla, líder de una mezquita en una barriada de Mombasa, la segunda ciudad más poblada de Kenia y uno de los puntos de reclutamiento de los terroristas fuera de Somalia, “los chicos reclutados no son solo miembros de familias sin recursos, sino también jóvenes bien educados que incluso han ido a la universidad”. Trabajar con líderes locales y religiosos es fundamental para poder desmontar el sostén social de la organización, que cuenta todavía con un respaldo mayoritario entre las comunidades más desfavorecidas a uno y otro lado de la frontera.
Estos mismos actores, incluidos los consejos de clanes “que mantienen diálogos con Al Shabaab, son las avenidas que debe explorar el proceso de paz”, subraya Olojo: “Al Shabaab aspira a reemplazar al Gobierno federal con su propia versión de la sharia. Dado que la Constitución define al islam como la religión estatal y la sharia inspira la legislación nacional, hay un cierto margen de negociación. Lo que está sobre cuestión es una reflexión sobre cómo debe ser interpretada la sharia y ésta no puede darse mediante el uso de la fuerza”.
La respuesta de los países africanos: los intereses económicos de la AMISOM
En julio de este año, los altos mandos de la AMISOM se reunieron en Mogadiscio para evaluar los resultados del cambio de estrategia impulsado en los últimos meses: el Concept of Operations (CONOPs) prevé una sistemática reducción de tropas y el cierre de algunas de las bases operativas avanzadas. Pese a todo, el éxito de la ofensiva militar ha permitido liberar zonas clave como Sabiid, Anole o Bariir, en el valle del Shabelle.
Lo que a menudo no cuentan los grandes titulares es que días después de ser liberados, los territorios vuelven a estar en manos de los yihadistas. La implantación de Al Shabaab en el territorio sigue siendo demasiado importante como para que pueda ser derrotada. A eso se agarran los líderes de Burundi, Uganda y, en menor medida, Kenia para rechazar el plan de retirada de la misión internacional. Aunque lo que realmente se esconde detrás es un gran interés económico: la contraprestación por la presencia de tropas desplegadas en Somalia es una importante fuente de ingresos para estos países.
En el caso de Burundi, el segundo país que más tropas aporta a la misión, 5.400 soldados, solo por detrás de Uganda con algo más de 6.000, el Gobierno recibe alrededor de 18 millones de dólares. Además, cada soldado recibe un pago de algo más de 1.000 dólares por mes, de los que cerca de 200 acaban en manos del Ejecutivo como costes administrativos.
De ahí que a medida que el plan de repliegue de tropas se ejecuta, y según el cual para 2021 el Gobierno somalí asumiría toda la responsabilidad en seguridad y defensa, las autoridades de estos países alzan cada vez más la voz y amenazan con una retirada total de sus tropas, lo que dejaría a Somalia en una situación de máximo riesgo. “Sin soluciones políticas y sin mejores fuerzas y cuerpos de seguridad, la retirada de la misión será difícil”, apuntan en su informe los investigadores Meressa Dessu y Dawit Yohannes.
Las luchas internas, con poderes regionales negando cualquier autoridad del Ejecutivo federal, y la propia presencia de Al Shabaab hacen imperiosa una retirada progresiva de la misión, “de manera que los aparatos de seguridad y los organismos internos somalíes estén listos para garantizar la seguridad de sus ciudadanos a largo plazo. Pero de cualquier forma”, concluye Olojo, “en algún momento las tropas extranjeras tendrán que dejar Somalia como dejan cualquier otro conflicto en el mundo. Es por eso que es importante buscar una solución duradera que combine estrategias fuertes y otras más suaves: los desafíos en Somalia no pueden ser resueltos exclusivamente a través de la aproximación militar”.
