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Cartel en las calles de Managua con la foto de la pareja presidencial, Daniel Ortega y Rosario Murillo. (Getty Images/Getty Images)

Como la situación política que vive Nicaragua permea a otros Estados regionales y se convierte en un asunto centroamericano.

La crisis política en Nicaragua, por la detención de líderes políticos -sobre todo candidatos presidenciales para los comicios previstos para noviembre 2021- y dirigentes campesinos y estudiantiles, que suman alrededor de una treintena, tiene efectos directos sobre Centroamérica y el proceso de integración regional. La situación ha afectado la institucionalidad del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y amenaza con tener repercusiones en el ámbito del comercio intracentroamericano.

Las tensiones políticas y las detenciones continúan. Estas están amparadas en una serie de leyes patrióticas y de defensa de la soberanía nicaragüense, según la entiende la pareja presidencial formada por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Destaca la “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la Independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz” de diciembre de 2020. El presidente Ortega manifiesta que en Nicaragua no se detiene a políticos, sino a criminales que atentan contra el país. Entre las personas detenidas están líderes sandinistas y hasta compañeros de armas del gobernante.

 

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Un grupo de personas se manifiesta contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en las calles de Washington. (Lenin Nolly/NurPhoto via Getty Images)

Elecciones presidenciales y relación con Estados Unidos

El propósito de Ortega-Murillo es garantizarse la continuidad en el poder, controlando no solo al Ejecutivo, sino a la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial y el Consejo Supremo Electoral, que ya responden a sus intereses. Pero no es solo ganar las elecciones del 7 de noviembre, sino obtener una amplia mayoría que “legitime” su mandato. Por ello se han ilegalizado partidos políticos y se ha impedido o dificultado la participación de institutos y fundaciones relacionados con temas político-electorales en análisis sobre la realidad nacional. Es decir, no quiere correr ningún riesgo de perder los comicios, porque sabe que carece del apoyo popular.

De acuerdo con el periodista Carlos Francisco Chamorro, director del medio Confidencial, “el objetivo es hacer un despliegue de fuerza para no dejar ninguna duda de su propósito: cerrar el espacio político, cerrar la competencia política y cerrar la posibilidad de que le rebase la protesta cívica”. De esta forma intenta evitar la repetición de las protestas de 2018.

Por otra parte, rechaza las ofertas de diálogo y argumenta que estas se pueden realizar después de las elecciones. Cualquier conversación sería con Washington, porque considera que es quien coordina toda la campaña internacional en su contra, para derrocarlo. Ya en febrero, había demandado negociar con EE UU y la Unión Europea, aunque los califica de “bárbaros” y “terroristas” por las sanciones económicas.

No hay que olvidar que el Secretario de Estado, Antony J. Blinken visitó Costa Rica a inicios de junio, para tratar con las autoridades de los países centroamericanos asuntos bilaterales y regionales. Y está en trámite en el Senado estadounidense la ley Renacer que busca “monitorear, informar y abordar la corrupción del gobierno y la familia del presidente Daniel Ortega". Esta normativa autorizaría al Gobierno de EE UU a suspender a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA).

Pero las conversaciones que proponen Ortega-Murillo, para noviembre, tienen como propósito garantizar su permanencia en el poder, no para su salida, ni para convocar elecciones pluripartidistas y supervisadas. Esto porque se trata de un proyecto político de naturaleza autoritaria y un régimen sultánico, en los términos de J. Linz y A. Stepan (Problems of Democratic Transition and Consolidation. Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe).

Otro factor por considerar, que preocupa a los países centroamericanos, sobre todo a Costa Rica, es que haya un estallido de violencia generalizada y esto provoque una oleada migratoria, como ha sucedido en otras ocasiones, sobre todo tras las manifestaciones de 2018. Por este motivo, el gobierno costarricense creó una categoría especial de refugiados. Por el momento, quienes han arribado a ese país son personas vinculadas a las organizaciones políticas, centros de investigación y medios de comunicación cuyas autoridades han sido detenidas. Se estima que hay alrededor de 50 nuevos refugiados. Sobre migrantes no hay cifras actualizadas, porque muchas personas ingresan por distintos puntos no regulados de la frontera común.

 

El sistema de integración regional

Los acuerdos de los órganos de toma de decisiones -Reunión de Presidentes, Consejo de Ministros o reunión de cancilleres y el Comité Ejecutivo- del SICA se toman, en la mayoría de los casos, por consenso. Así ocurre con la elección de quien ocupe la Secretaría General (SG-SICA). Además, como principios fundamentales están el equilibrio geográfico, la rotación, la oportunidad y la proporcionalidad, entre otros. En 2017, la reunión de presidentes acordó, tras la elección del expresidente de Guatemala, Vinicio Cerezo, como Secretario General (2017-2021) -el primer mandatario de un país miembro que asumía el más alto cargo del sistema-, que para el periodo 2021-2015 le correspondía a Nicaragua proponer un candidato. Aunque ya dos ciudadanos de ese país han ocupado dicho puesto.

En abril 2021, Cerezo, en una carta pública dirigida a los presidentes de los países miembros (llamó la atención al señalar que en la misiva se incluía como destinataria a la vicepresidenta: Rosario Murillo), agradece la iniciativa de Ortega de proponerlo como candidato a continuar en la SG-SICA, algo que desde que se estableció en 1991 no había ocurrido. El intento no prosperó, porque algunos países objetaron la continuidad del exmandatario. Por lo que en junio, la cancillería nicaragüense propuso una terna de tres candidatos, los cuales forman parte del círculo cercano de la pareja presidencial. Incluye a la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel Kinloch. Los otros dos son el diputado ante el Parlamento centroamericano, Orlando José Tardencilla, y la coordinadora técnica de la Secretaría de Infraestructura del Gobierno Regional Autónomo de la Costa Caribe Norte, Marina López Escobar.

Esto provocó que, en la reunión de cancilleres del 28 de junio pasado, el traspaso de la presidencia pro tempore de Costa Rica a Nicaragua, se dejara en suspenso la elección de quien ocupará la Secretaría. No hay consenso en que sea un representante del gobierno de Ortega-Murillo.

En la normativa del SICA, no está claro qué sucede si no se puede elegir al sucesor. Por ahora, la gestión administrativa está garantizada por el Consejo de Directores. Pero existe preocupación en las cancillerías centroamericanas respecto al tiempo que se puede prolongar la situación. Algunos estiman que hasta noviembre. Otros proponen la suspensión de Nicaragua del SICA, lo que daría lugar a que se nombre a un costarricense. Para el periodo 2025-2029 le corresponde a Costa Rica ocupar el puesto. En la historia del SICA ningún ciudadano de ese país ha obstenado el cargo.

Por otra parte, en el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos que estableció el SICA no se especifica un mecanismo de suspensión o expulsión de un país. En setiembre de 2010, cuando ocurrió el golpe de Estado en Honduras, contra el entonces presidente Zelaya, se planteó esa posibilidad y hubo algunas manifestaciones sobre la suspensión; pero no ocurrió. Lo que, si es posible, es que un país suspenda su participación, como lo hizo Costa Rica en 2015, por la crisis migratoria.

 

La resolución de la OEA sobre Nicaragua

El 15 de junio el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución de condena al régimen de Ortega-Murillo por la violación de los derechos humanos y la detención de opositores, demandando su inmediata liberación. En el texto se dispone que se condena “inequívocamente el arresto, acoso y restricciones arbitrarias impuestas a los precandidatos presidenciales, a los partidos políticos y a los medios de comunicación independientes”. La resolución se fundamenta en los principios de la Carta Democrática Interamericana.

Llamó la atención que 26 Estados votaron a favor, esto por cuanto ese tipo de resoluciones no reciben un apoyo tan significativo. Solo tres votos en contra (Nicaragua, Bolivia, San Vicente y Las Granadinas) y cinco abstenciones, incluidos Belice, Honduras y Dominica. Además de Argentina y México, que históricamente votan en contra, por considerar que es inmiscuirse en asuntos domésticos; pero si mostraron, en un comunicado conjunto, su preocupación por la situación política. Sin embargo, unos días después, los gobiernos de estos dos países llamaron a consulta a sus embajadores en Nicaragua; lo que no significa un abandono de su estrategia para buscar una solución a la crisis política.

De continuar las detenciones y violaciones de derechos humanos, la OEA podría convocar a sesión extraordinaria de la Asamblea General y suspender a Nicaragua, como ocurrió en 2009 con Honduras. Esto generaría una contradicción entre los países del SICA, porque votarían, en su mayoría, a favor de la suspensión en la OEA. Sin embargo, en el contexto centroamericano continuaría el gobierno Ortega-Murillo en las mesas de los órganos regionales.

 

Nicaragua y la dinámica comercial centroamericana

El esquema de integración regional ha favorecido el comercio intrarregional. Para países como Guatemala, El Salvador y Costa Rica el intercambio de bienes en el mercado centroamericano es significativo, pues representa más del 23% de sus ventas al exterior. Por eso en 2020, hubo cierre de fronteras por la pandemia de la Covid-19, pero no incluyó el transporte de mercancías.

Prácticamente, la totalidad de ese comercio de mercancías se moviliza vía terrestre. Por lo que la preocupación de las autoridades de comercio exterior de los países centroamericanos es el cierre de fronteras por parte de Nicaragua, pues significa la paralización del intercambio comercial.

De producirse esa situación, los problemas económicos que enfrentan esos países afectados por la pandemia se verían agravados. Esto hace que se fomente el diálogo como vía de solución a la crisis nicaragüense.

En definitiva, esta crisis es un problema que supera las fronteras estatales y se convierte en un asunto centroamericano, pudiendo paralizar no solo al SICA, sino al comercio regional. Por ahora, no se vislumbra una salida a corto plazo para desentrabar la situación de la Secretaría General. La pregunta es ¿cuánto tiempo más puede durar esta coyuntura sin generar un conflicto político centroamericano?