La negativa del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de encontrarse con el presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, durante la Expo 2008 de Zaragoza, restaura, hasta cierto punto, la reputación de España después de la débil respuesta a las elecciones parlamentarias celebradas en Guinea Ecuatorial el 4 de mayo, descaradamente manipuladas. Aún puede hacer más.
En las elecciones del pasado 4 de mayo, el partido de Obiang obtuvo el 100% de los votos en algunas circunscripciones y 99 de los 100 escaños del Parlamento, pero, al contrario que los comicios de Zimbabue, celebrados poco después, este resultado atrajo poca atención internacional. El hecho de que Madrid no haya condenado unos comicios tan manipulados supuso una amarga decepción para el líder del principal partido de la oposición guineana, Plácido Mico [secretario general de Convergencia para la Democracia Social (CPDS) y único diputado opositor]. "Esperábamos más de España pero, al final, como a todos los occidentales, lo único que les interesa es, por encima de todo, tener buenas relaciones con el régimen porque posee petróleo", declaró en mayo al diario español El País. La política española refleja una tendencia más general a dar preferencia, con el desmesurado aumento de los precios del crudo, a los intereses energéticos por encima de la democracia y los derechos humanos. Además, es una afrenta contra el valor y la dedicación de los diplomáticos españoles que, en otras épocas, sufrían el acoso constante del régimen de Obiang por su defensa de los derechos humanos y por el santuario que ofrecía España a los disidentes y activistas.
Los tradicionales lazos históricos y culturales con Guinea Ecuatorial, su antigua colonia, no se han traducido en ninguna ventaja económica respecto a las enormes reservas de gas y petróleo del país, que se descubrieron a mediados de los 90. Las implacables críticas españolas a las violaciones de los derechos humanos cometidas por el Gobierno ecuatoguineano en los 80 y principios de los 90 desembocaron en la suspensión de la ayuda bilateral y la cooperación de la Unión Europea entre 1993 y 1997. Se produjo, además, un empeoramiento general de las relaciones entre ambos Estados que tuvo consecuencias cuando se descubrió el yacimiento de petróleo de Zafiro, frente a las costas de Guinea, en 1995. Para frustración del Gobierno y de las empresas españolas, compañías energéticas estadounidenses como Marathon Oil, ExxonMobil y Devon consiguieron una influencia inmediata y duradera que les permitió asegurarse contratos de suministro energético. Sin embargo, parece que esa ventaja tuvo su precio. Según un informe de julio de 2004 de un subcomité del Senado de Estados Unidos (Money laundering and Foreign Corruption: Enforcement and Effectiveness of the Patriot Act), una serie de pagos ilegales fueron realizados por empresas estadounidenses a cuentas controladas por Obiang y su familia. El subcomité asegura que se encontró con un obstáculo insalvable: el Banco Santander apeló a las leyes españolas y se negó a dar la identidad de los titulares de una cuenta hacia la que se creía se estaban canalizando de forma ilícita los ingresos por petróleo de Guinea Ecuatorial. Esa inmunidad ante las normas bancarias internacionales va en contra del compromiso español para la transparencia internacional. España, que acogió hace poco en Madrid una reunión del consejo de la Iniciativa por la Transparencia de las Industrias Extractoras (ITIE) debe tomar, con urgencia, las medidas necesarias para eliminar las trampas legales que facilitan el blanqueo de dinero por parte de la familia Obiang y otros regímenes corruptos.
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| Zapatero recibe a Teodoro Obiang en noviembre de 2006. |
Cuando la producción de crudo ecuatoguineano se disparó –pasó de unos 5.000 barriles al día en 1995 a alrededor de 400.000 en 2006, y la de gas aumentó de 28 millones de metros cúbicos en 2001 a 1.200 millones en 2006– España adaptó su política exterior y, con el Gobierno del PSOE, empezó a mejorar sus relaciones con el régimen de Malabo. En 2006, el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, visitó el país africano acompañado del presidente de Repsol, Antonio Brufau, y de altos representantes del BBVA, Isolux, Unión Fenosa Gas y Cluster; habló sobre las relaciones comerciales entre ambos Estados y recibió con aprobación la disposición de Obiang de establecer "todas las garantías" necesarias para que las siguientes elecciones locales, parlamentarias y presidenciales fueran libres y transparentes. El pasado 4 de mayo se echaron en falta esas garantías, pero el Gobierno español, hasta el momento, no ha reprobado con claridad los comicios (aunque el Ministerio de Exteriores dijo que no han servido para ampliar el espacio de la democracia).
El contraste entre la "enérgica condena" de las recientes elecciones en Zimbabue, la "corrupción generalizada" y las "prácticas clientelistas" del régimen de Mugabe y la "preocupación" general por el "fracaso" de los comicios en Guinea Ecuatorial no ha pasado inadvertido entre los activistas y los líderes de la oposición ecuatoguineana. España desempeña un papel fundamental en el envío de ayuda al desarrollo a Guinea Ecuatorial, que recibe en torno a los 7,5 millones de euros anuales, por lo que es el Estado subsahariano que más fondos de desarrollo españoles recibe, después de Mozambique. El problema que tienen los ciudadanos no es la falta de ingresos sino la corrupción endémica que atenaza al país y canaliza toda la actividad comercial importante a través de una brutal cleptocracia. En los últimos tiempos, Madrid ha tratado de intensificar su compromiso con la ITIE, mecanismo que pretende garantizar la responsabilidad entre compañías inversoras y gobiernos anfitriones en los países participantes, y en la que se acaba de aceptar a Guinea Ecuatorial como candidato. Un giro positivo en la política exterior española sería que ofreciese todo el apoyo técnico necesario para que Guinea Ecuatorial ponga en práctica los principios de la ITIE, sobre todo, en la construcción de una sociedad civil realmente independiente y sin trabas. Si se apartara de forma significativa de ese compromiso, Madrid no debería dudar en alertar al mundo y presionar para que se le expulse de ella. Sin embargo, ese rumbo de actuación parece muy poco probable, y algunos observadores temen que el compromiso de Obiang con el proceso de la ITIE no sea más que una nueva fase en una campaña de relaciones públicas iniciada por el antiguo presidente del Instituto Republicano Internacional (IRI), Bruce McColm, que ya consiguió que en 2002 se diera por terminado el mandato del Representante Especial de la ONU para los Derechos Humanos en Guinea Ecuatorial, Gustavo Gallón. Poco antes de su retirada, Gallón criticó a Madrid por trabajar para mejorar la imagen del país africano sin asegurarse de que ello dependiera de su comportamiento en materia de derechos humanos. También preguntó por qué había suspendido las emisiones de Radio Exterior de España en la nación africana, una fuente vital de información independiente para una población que habla español. Durante su última visita a Guinea Ecuatorial, el representante especial se entrevistó con presos y dijo que algunos de ellos estaban "en condiciones físicas espantosas y con claras señales de tortura".
A pesar de la deferencia que le han otorgado otros Estados miembros de la UE a la hora de ocuparse de los asuntos ecuatoguineanos, España no ha presionado para que haya una reacción europea importante ante las violaciones de los derechos humanos en el país africano. Madrid ha logrado su objetivo de normalizar las relaciones con Malabo, de forma muy visible, sobre todo, con la visita de Estado de Obiang en 2006, que incluyó reuniones con el rey Juan Carlos y con el presidente Zapatero. El actual Gobierno es optimista ante la posibilidad de que, en el futuro, se ofrezcan contratos energéticos a compañías españolas, ya que las importaciones de energía están aumentando rápidamente, con un nivel de casi 1.000 millones de euros, la décima parte de la producción global de Guinea Ecuatorial. Pero hay que recordar que todo ese comercio refuerza uno de los peores regímenes de África y que lo que sucede en España puede tener consecuencias muy directas en lo que ocurre en Guinea. Un ejemplo reciente es el asesinato en marzo de Saturnino Ncogo Mbomio que, poco después de que se detuviera al líder de la oposición Severo Moto en Valencia por tráfico de armas, fue arrestado por las autoridades de Malabo y torturado. Según la declaración oficial, se suicidó saltando desde su litera y rompiéndose el cráneo.
Aún está por ver si el cambio de postura de Zapatero marca un renovado esfuerzo por parte de España en la defensa de los principios democráticos y los derechos humanos en sus relaciones con Guinea Ecuatorial. Si éste fuera el caso, Madrid debería adoptar el liderazgo a la hora de formular una respuesta europea a los abusos que se producen en ese país, incluyendo sanciones contra la familia Obiang. Los mismos principios que motivaron la acción contra Zimbabue también deberían ser válidos para Guinea Ecuatorial. Debe haber un límite al precio del realismo energético.
