Figuritas de pasta de los líderes del G20 que acudirán a la Cumbre de Hangzhou, en China, los días 4 y 5 de septiembre de 2016 (STR/AFP/Getty Images).
Figuritas de pasta de los líderes del G20 que acudirán a la Cumbre de Hangzhou, en China, los días 4 y 5 de septiembre de 2016 (STR/AFP/Getty Images).

El G20 se debate, esta vez en China, entre la ambición por alcanzar acuerdos y la implementación de lo ya acordado.

Por primera vez China será la organizadora de la Cumbre del G20, que tendrá lugar en la ciudad de Hangzhou la primera semana de septiembre. Este hecho cobra importancia dadas las predicciones que avisan de una ralentización del crecimiento económico del gigante asiático y, por tanto, de una pérdida de su peso relativo en la escena global. Pese a ello, el país sigue siendo la segunda potencia económica mundial y un actor clave para poner en marcha las medidas que puedan acordarse en el seno de este foro. De hecho, siguiendo la estela de la presidencia turca, la agenda china vuelve a centrarse en este aspecto, y da una idea de la principal debilidad del G20: la falta de mecanismos para aplicar los acuerdos alcanzados y de herramientas de sanción a quienes no los hagan efectivos en el tiempo y forma acordados.

Además de implementar acuerdos pasados, Hangzhou también quiere centrarse en la promoción del comercio exterior ante la caída de volumen de las exportaciones e importaciones globales o asuntos económicos que se han quedado en el tintero. Uno de los principales temas al respecto es la lucha contra los paraísos fiscales y la evasión fiscal en la escena internacional, asunto que ha escalado en la agenda económica del grupo tras el escándalo de los papeles de Panamá en abril de 2016. El G20 ya emitió un comunicado destacando la voluntad de los veinte para acabar con los paraísos fiscales, instando a los países que los albergan a sumarse a los acuerdos internacionales contra la evasión fiscal. Sin embargo, los miembros llevan tiempo intentando avanzar en este área a la vez que algunos de sus miembros están en el ojo del huracán de la existencia de paraísos fiscales.

Pese a los grandes retos que aún quedan pendientes en el área económica, la formalización del G20 como foro de debate de la gobernanza global ha incrementado el número de temas que aparecen en la agenda de las cumbres. Por ejemplo, las cuestiones en materia de energía han sido un asunto principal a tratar debido a la importancia de las exportaciones de hidrocarburos para algunos miembros del grupo como Arabia Saudí o Rusia y al hecho de que el 80% del consumo global de energía está representado en el G20. La transición hacia un modelo energético más sostenible ha sido un tema recurrente en las últimas citas, que llevó finalmente a la aprobación de un Plan de Acción para la Eficiencia Energética en Brisbane 2014 y que espera concretarse con programas más específicos de cooperación energética y de sostenibilidad en la Cumbre. Ya en 2009, el G20 se comprometió a eliminar progresivamente los subsidios a la producción de combustibles fósiles, que alcanza hasta los 444 billones de dólares (alrededor de 400 mil millones de euros), marcando el primero de los compromisos del grupo con la sostenibilidad –pese a que el anuncio se hizo desde el punto de vista de las políticas económicas-. Sin embargo, el nivel de subsidios públicos no ha descendido significativamente, convirtiéndose éste en uno de los mayores fracasos. Hangzhou será testigo, previsiblemente, de un nuevo compromiso a este respecto, como también lo han sido las últimas convocatorias. De nuevo esto demuestra que uno de los principales problemas del G20 es la incapacidad de sus miembros de cumplir los compromisos acordados, poniendo en cuestión la legitimidad de ejercicio del grupo.

La agenda política de Hangzhou, por tanto, progresará en áreas ya tratadas en el pasado, pero también se espera que incluya nuevos retos y avances en otros campos hasta ahora no debatidos por el grupo o tratados de forma muy superficial. Por ejemplo, diversos expertos han sugerido que la Cumbre en China puede evolucionar en asuntos que marcarán el desarrollo económico del S. XXI pero que, por su carácter no tan puramente económico, han permanecido fuera de la agenda. El experto en diplomacia digital, Fergus Hanson, afirma que Hangzhou 2016 y, sobre todo, Hamburgo 2017 deben avanzar en coordinación de mercados digitales de una forma parecida al progreso ya alcanzado por la Unión Europea en su creación del mercado único digital. Para ello, también indica que deberán tratarse espacios como la cooperación en ciberseguridad y las medidas contra el ciberespionaje, mucho más sensibles políticamente, sobre todo tras las filtraciones sobre los ciberataques de China a empresas estadounidenses y las estrategias de desinformación en Internet por parte de Rusia. Retos similares se presentan en el campo de la gobernanza de las migraciones, tal y como apuntan los especialistas Hugh Jorgensen y Tristram Sainsbury. El hecho de que los miembros del G20 sean, mayoritariamente, receptores de migrantes dificulta que se trate este tema. En Antalya 2015, el G20 remarcó en su comunicado la necesidad de llegar a un nuevo acuerdo en materia de acogida de refugiados, impulsado por la presidencia turca. Sin embargo, el único acuerdo que se ha materializado es el polémico pacto entre la Unión Europea y Turquía que ha levantado críticas de defensores de los derechos humanos por amenazar la legalidad internacional y europea.

Por último, el reto más reciente al que se enfrenta el G20 tiene que ver con la gobernanza de la salud pública global. Los expertos John Kirton y James Hospedales avisan de que la epidemia de ébola en África occidental mostró las limitaciones de la arquitectura institucional global para la salud pública y apuntan al grupo como mecanismo para enmendar esos errores. Los investigadores, Tristram Sainsbury y Hannah Wurf, afirman que precisamente el área de la gobernanza de la salud pública puede ser la oportunidad para que el G20 recupere su prestigio como instrumento de gobernanza global más allá de los asuntos puramente económicos. La Cumbre de Hangzhou se celebrará cuando aún el mundo se enfrenta al reto a corto plazo de una epidemia de zika que sigue afectando al hemisferio occidental y un desafío a largo plazo de unos sistemas sanitarios nacionales que se encuentran en cuestión debido a la movilidad y a los recortes presupuestarios en gran parte del mundo industrializado.

En definitiva, la reunión del G20 en Hangzhou tiene de nuevo el potencial para convertirse en el revulsivo que el grupo necesita para consolidarse como piloto de la gobernanza global. Esto puede conseguirse no sólo si se abordan temas que quedan pendientes, sino también si se incluyen otros nuevos en la agenda. De este modo, se demostraría la ambición política de sus miembros de tomar la iniciativa en un mundo cambiante y dinámico. Sin embargo, la falta de mecanismos coercitivos para garantizar el cumplimento de los acuerdos y los intereses particulares de cada uno de los países pueden comprometer los logros específicos del G20 y su propia legitimidad como grupo. China sin duda utilizará la Cumbre para demostrar su compromiso con la cooperación internacional y la estabilidad, tras la polémica por el fallo judicial de la Corte Internacional de Justicia sobre el Mar del Sur de China una vez que el Gobierno de Pekín afirmó que “no aceptará, reconocerá o ejecutará” la sentencia. La clave reside en que tanto el gigante asiático como el resto de los miembros comprendan que el G20 ofrece la flexibilidad necesaria para que sea posible alinear sus intereses con la multilateralidad e implementar de forma efectiva los acuerdos alcanzados.