Las cancillerías europeas y Washington apoyan cada vez más golpes de Estado contra líderes electos.

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En 2004 un movimiento de desobediencia civil terminó con la presidencia de Víctor Yanúkovich en Ucrania. Se le llamó la Revolución Naranja. Las legítimas protestas habían sido  azuzadas por la maquinaria libertaria de distintas instituciones occidentales, según desvelaría el diario británico The Guardian: USAID o la fundación de sociedad civil de George Soros, entre otras organizaciones, habían utilizado las lecciones aprendidas en Serbia y Georgia de agitación de masas para derrocar regímenes en la zona. “La operación –provocar la democracia a través de la desobediencia civil y el voto– está tan madura que ha evolucionado en un modelo para ganar elecciones ajenas”, escribía entonces Ian Traynor. Washington y otras cancillerías europeas estaban apoyando a los revoltosos. Con un motivo de peso: los comicios habían sido amañados, el país se encaminaba hacia una deriva autoritaria y un gobierno profundamente corrupto. Funcionó. Hubo nuevas elecciones. Ganó la oposición.

Pero en 2010 Yanúkovich fue elegido presidente con el 48% de los votos. El resto es historia reciente: durante su mandato, Yanúkovich se echa atrás y no firma el acuerdo de asociación con Europa; los manifestantes salen a las calles y toman la plaza Euromaidán. Esta vez la violencia domina la escena. Tras casi un centenar de muertos, miembros del Parlamento declaran al presidente incapaz, y este huye a Moscú. Se ha producido, para casi la mitad del país, un golpe de Estado que ha derrocado al líder democráticamente electo. La otra mitad, con el apoyo de Occidente, considera que Yanúkovich ya no podía gobernar. Washington y Bruselas apoyan a los revoltosos de Kiev. Apuestan por la democracia con matices, por la democracia dúctil: no siempre es el elegido por la mayoría ...