¿Qué dirección política está tomando el primer ministro de Hungría y cuáles son las consecuencias para el país y para la Unión Europea?
Estamos asistiendo, no sin cierta desazón, cómo regresan con fuerza actitudes y propuestas políticas, que ya se pensaban desterradas de nuestra realidad política más próxima y, que son aceptadas por una no desdeñable proporción de la ciudadanía. Quizás uno de los primeros líderes políticos en manifestar su deseo de cambios en el desarrollo de las democracias liberales fuera Viktor Orban por considerarlas “no competitivas en un mundo globalizado”. Así los modelos de éxito propuestos por el líder conservador eran los de aquellos sistemas políticos denominados de “autoritarismo competitivo” tales como Rusia, Turquía, China o Singapur.
La hegemonía política de Viktor Orban
Estas declaraciones, lejos de hacerse al azar, se producen en el contexto de una reunión de líderes magyares en la ciudad de Baile Tusnad, provincia de Harguita (de mayoría étnica húngara) en Rumania en el mes de abril de 2014. No era la primera vez que Orban realizaba un discurso conflictivo en territorio rumano. En 2001, durante su primer mandato como primer ministro (1998-2002), defendió la polémica Ley de Estatus, conocida como Ley Orban, sobre los derechos de los húngaros residentes en el exterior, y donde exponía de manera clara su idea de la Unión Europea como la Europa de las comunidades (también las nacionales) y no sólo de los Estados y de los ciudadanos.
Durante su segundo mandato (2010-2014) Orban gozó de una amplia mayoría parlamentaria o supermayoría de dos tercios de la Asamblea Nacional que le permitió llevar a cabo una reforma constitucional, una nueva ley de medios de comunicación y una nueva ley electoral, todas ellas normas que de manera evidente favorecían las posiciones del partido en el Gobierno FIDESZ. Además, gracias a esta amplia mayoría procedió a modificar el Tribunal Constitucional con el objeto de controlar sus decisiones y quebrando de manera fehaciente la división de poderes. A pesar de las críticas recibidas por parte de algunas de las principales familias políticas europeas (Socialistas, Verdes y Liberales) y de organizaciones internacionales de Derechos Humanos como Amnistía Internacional o Periodistas Sin Fronteras sobre la vulneración de algunos valores democráticos fundamentales, desde la Comisión sólo se prestó atención a tres cuestiones específicas: la independencia del Banco Central Húngaro, la independencia de la autoridad sobre la protección de datos y la duda sobre la legalidad de la jubilación forzosa de un grupo de magistrados que fueron sustituidos por jueces próximos al partido en el poder. No se tomó ninguna medida desde la Comisión acerca de cómo la nueva Constitución vulneraba derechos de las minorías sexuales, acentuaba las actitudes racistas y xenófobas, permitía la cadena perpetua, coartaba la libertad de expresión a través de la ley de medios de comunicación o cambiaba el procedimiento de nombramiento de jueces haciéndolo depender del Ejecutivo. El Partido Popular Europeo, del que es parte FIDESZ, por su parte, apoyó la reforma constitucional alegando la incorporación a la ley fundamental de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.
La respuesta del Gobierno húngaro a las críticas señalaba que todas las reformas se habían realizado sobre la base de una mayoría de dos tercios del Parlamento, por lo que no se habían realizado para favorecer a ninguna ideología, sino que coincidían con los deseos de la mayoría de la ciudadanía húngara. Y mientras esto sucedía en el ámbito doméstico, su política exterior se centró en reforzar las relaciones comerciales con Rusia, China y otros países de Asia Central, como Azerbaiyán o Kazajistán.
Por tanto, en 2014, Orban ya controlaba prácticamente todos los resortes del poder político y económico y se encontraba en situación de plantear, abiertamente, sus objetivos, que no son otros que la transformación del sistema político húngaro a imagen y semejanza de aquellos que considera exitosos. Su conceptualización de lo que cree que es una democracia iliberal se sostiene sobre la defensa de la libertad en sentido amplio. Según su planteamiento el único modo de salvar a Hungría de convertirse en una colonia de la UE y de escapar de la esclavitud de la deuda es tener el control total sobre las empresas multinacionales de los sectores estratégicos, tales como la banca (renacionalización parcial) y la energía.
El conflicto en torno al CEU
Y es en este contexto en el que Orban ha vuelto a poner en jaque a las autoridades y socios europeos. La aprobación de la nueva Ley de Educación Superior Húngara el 4 de abril, volvió a hacer sonar todas las alarmas. En esta, se obliga a que todas las instituciones extranjeras presentes en territorio húngaro, tengan también una sede en sus países de origen. La más afectada por esta medida ha sido la Central European University, universidad instalada en Budapest desde el comienzo de la transición y que forma parte de la Fundación para una Europa Abierta de George Soros, y que se vería obligada a cerrar sus puertas al carecer de sede en Nueva York. Entre los argumentos esgrimidos por el Gobierno de Orban, además del ya mencionado, se encuentra la disparidad existente entre los másteres ofrecidos en el CEU, de un año de duración, y los impartidos por las universidades húngaras, de dos años. Sin embargo, esto no ha hecho callar las voces críticas que alertan de una nueva maniobra de FIDESZ para terminar a un tiempo con la autonomía universitaria y con la presencia más importante de Soros en Hungría.
Este nuevo maniobra por parte del Gobierno ha movilizado de manera extraordinaria a actores que hasta la fecha no habían reaccionado a los hechos que estaban aconteciendo en el país magiar. Redes de universidades y académicos de todo el mundo han mandado una señal inequívoca sobre su rechazo al fin de la autonomía universitaria. También se han hecho oír los distintos grupos parlamentarios en el Parlamento Europeo. Incluso en el seno del Partido Popular Europeo han comenzado a aparecer grietas sobre el apoyo a FIDESZ en sus posiciones.
¿Cuál ha sido la respuesta europea?
A pesar del eco internacional y las multitudinarias protestas ciudadanas contra esta nueva ley, la Comisión Europea no ha puesto en marcha ninguna de las opciones existentes en el marco normativo de la UE para obligar a cambiar el rumbo al Gobierno húngaro, puesto que, en palabras del vicepresidente primero de la Comisión y comisario europeo de la Mejora de la legislación, Frans Timmermans, “no existe en Hungría un riesgo sistémico de ruptura del Estado de derecho”. Por supuesto, la denominada “opción nuclear”, prevista en el artículo 7 del TUE con sus vertientes preventivas y sancionadoras, por la que los Estados incumplidores podrían llegar a perder su voto en el Consejo, sigue sin utilizarse por miedo a abrir una caja de pandora no deseada. Tampoco se ha activado, al contrario que en el caso polaco, el marco normativo relativo a la protección del Estado de derecho previsto desde 2014. Esta opción se aplica cuando se presume que algún país miembro ha puesto en marcha medidas que, de manera deliberada, atenten contra los valores de la Unión y, por lo tanto, sea llamado al orden. A todas luces el trato dispensado a Polonia y a Hungría es diferente. Varias son las razones que pueden explicar la divergente forma de actuar en un caso y en otro. En Hungría, FIDESZ es un partido esencial para mantener las mayorías conservadoras en el PE (19 diputados de un total de 216 en el Partido Popular Europeo), del grupo político que sostiene al presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, ya que sin su apoyo se perdería la mayoría relativa del grupo en la Cámara. el Partido Justicia y Libertad en el Ejecutivo polaco forma parte del Grupo de Conservadores y Reformistas (el mismo que los conservadores británicos) y estratégicamente no es tan esencial como el anterior. Por otro lado, la Comisión podría estar siendo más dura con el Gobierno de un país cuya opinión pública es esencialmente europeísta (Polonia), que en otro con altos niveles de euroescepticismo (Hungría), que en una situación de inestabilidad institucional tan delicada como la actual podría tener consecuencias no deseadas para el conjunto de la Unión.
Un análisis en profundidad de lo que acontece en Hungría (y en otros países centroeuropeos como Polonia) permite comprobar las consecuencias de una dirección política colectiva/europea más preocupada por los procesos de transición económica, que por la cultura política, dónde se desarrollaba -sustentada en las teorías de la conspiración- la ineficacia de la división de poderes y el empoderamiento de discursos excluyentes contra los adversarios políticos. Algo de lo que ya hablaba Istvan Bibo en 1946 en su ensayo La miseria de los pequeños Estados del Este Europeo, la “histeria política” vinculada a cuestiones de supervivencia nacional. Esta suerte de neurosis hace resurgir un nacionalismo conservador autoritario que opera tanto en la política interior como en la exterior. Esta peculiaridad ayuda a entender las motivaciones que van desde la promulgación de la Ley de Estatus en defensa de las minorías húngaras, como la reacción extrema ante la crisis de refugio y el reparto de las cuotas de refugiados en el seno del Consejo Europeo, o la persecución encendida de instituciones y organizaciones vinculadas con los denominados “agentes extranjeros”, sean estos el Gobierno de Noruega o George Soros.
Sin embargo, a pesar de los malos augurios sobre la crisis de la democracia occidental, las crecientes movilizaciones ciudadanas contra las decisiones del Gobierno de Orban abren una ventana al optimismo. Si el nacional-populismo de FIDESZ nace del desencanto europeo y del sentimiento de fragilidad nacional, las movilizaciones ciudadanas entroncan directamente con las demostraciones de poder ciudadano que se han visto en otras geografías y que reclaman un proceso de regeneración democrática de manera urgente.
