La muerte del disidente cubano fortalecerá la posición de quienes defienden una política más dura hacia la isla.

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El caso Haidar señaló que una sola persona puede modificar la política de varios países. Algo similar podría ocurrir con la muerte de Orlando Zapata Tamayo en Cuba –uno de los 58 presos de conciencia  reconocidos por Amnistía Internacional–, máxime cuando en este caso se ha creado un mártir. Por primera vez, el Presidente cubano se ha visto obligado a lamentar públicamente la muerte de un preso político, lo cual, pese a la retórica contraria, implica reconocer su estatus. Aunque dicha declaración se debe a las circunstancias particulares que supone la coincidencia de la visita de Estado del presidente brasileño Lula en La Habana, es la primera vez que ocurre.

Más allá de la carga política, la muerte de Orlando Zapata también es una tragedia humanitaria que refleja la crítica situación que sufren los grupos más vulnerables, y particularmente los presos, en la isla. También es cierto que, a diferencia de muchos otros países del mundo, la muerte de un preso político en Cuba no es algo habitual, sino que ocurrió por última vez en 1972, en el denominado quinquenio gris de la persecución a intelectuales y homosexuales.

La sucesión de Castro a Castro ha iniciado el paulatino declive de un régimen destinado a desaparecer si no logra mejorar la situación económica, incluir a las generaciones postrevolucionarias en el proyecto político, reconocer la divergencia de opiniones y conceder más espacios de libertad. Lo que ha caracterizado al pueblo cubano en los últimos veinte años es la resistencia contra la hostilidad de Estados Unidos y la escasez económica. Si, desprovisto del liderazgo carismático, el Gobierno no es capaz de ofrecer a sus ciudadanos perspectivas de mejora, esta resistencia tiene fecha de caducidad.

Con la complicidad voluntaria o involuntaria del Gobierno, la muerte de Orlando Zapata ha creado un mártir de la oposición interna que al menos de momento parece más unida. Asimismo, su fallecimiento después de 86 días de huelga de hambre reduce de nuevo las perspectivas de la eliminación de la Posición Común de la UE sobre Cuba y de un gradual levantamiento del embargo de EE UU.

Las crisis de 1996 y 2003 señalaron que cada vez que un acercamiento de Cuba a la UE y/o Estados Unidos parece más probable, sucede algo que supone un nuevo revés en las relaciones, sea provocado por Cuba o por EE UU. La muerte de Orlando Zapata ha ocurrido cuando La Habana y Washington iniciaban un delicado proceso de creación de confianza mutua que se evidenció en la reanudación del diálogo sobre migración, la posibilidad de firmar un acuerdo en materia de narcotráfico y un mayor intercambio científico y académico. Al mismo tiempo, España se ha comprometido a revisar la Posición Común de la UE –promovida en 1996 por el Gobierno de José María Aznar– porque el Ejecutivo de Zapatero piensa que no es un instrumento eficaz y debería ser reemplazada por una política de compromiso constructivo incluyendo negociaciones sobre un acuerdo de cooperación Cuba-UE.

En EE UU y la Unión Europea la muerte del disidente fortalece la posición de aquellos que defienden sanciones y presión diplomática, y debilita a los más moderados. Ante los defensores de los derechos humanos y grupos anti-castristas en sus propias fronteras, es poco probable que el próximo junio la UE decida suavizar o eliminar la Posición Común. También la actitud más dialogante del Gobierno de Obama y la posibilidad de levantar las restricciones de viajes en Estados Unidos amenazan con ser sustituidas por el retorno de los hardliners que reclaman sanciones.

En Cuba, el fallecimiento de Orlando Zapata no cuestiona pero incomoda al régimen.  El círculo de seguridad en su funeral señala los temores de protestas masivas por parte de las autoridades que, aunque no han provocado su fallecimiento, tampoco lo han sabido impedir. Incluso la muerte de un preso común debería ser motivo de preocupación en un país que ha firmado todas las declaraciones de derechos humanos, incluyendo la última de Cancún, que propone crear una Comunidad Latinoamericana y del Caribe comprometida con “el respeto irrestricto a los derechos humanos y “un marco de democracia”.

Ni siquiera los países democráticos más proclives a abrir relaciones con Cuba y apoyar su inserción en el mundo, incluyendo Brasil, Canadá y España, pueden pasar página. Nuevamente, el Gobierno cubano les ha quitado argumentos para seguir defendiendo el diálogo, la cooperación y la normalización de relaciones con Cuba, aunque no cabe duda de que eliminar todos los obstáculos externos es la manera más eficaz para encontrar una salida al bloqueo interno en la isla.