Su turno en la Presidencia Europea le brinda al hasta ahora ensimismado Gobierno español una oportunidad única de convertirse en un jugador más importante en términos de política exterior europea. Fundamentalmente, España debe priorizar el consenso de la UE y la unidad frente a los enormes desafíos regionales y las confusiones sobre gobernanza interna post-Lisboa. Si la Presidencia española fuera a dejar pasar esta oportunidad anteponiendo sus propios intereses, sería una tragedia para Europa y una vergüenza histórica para Zapatero.

En el Mediterráneo, el Gobierno de Zapatero no ha podido establecerse como un líder en la región. No ha logrado poner en práctica el multilateralismo normativo efusivamente defendido en sus discursos. Al contrario: a pesar de unas pocas excursiones al terreno normativo, España ha sido uno de los principales motores del retorno de la UE a los antiguos enfoques de seguridad realista y a la proliferación de políticas estrictamente defensivas y de exclusión en el Mediterráneo.

Bajo su Presidencia de la UE, España tendría que centrarse más en lo sustantivo y menos en sus esfuerzos de posicionarse a través de la “etiqueta” española. En el conflicto árabe-israelí, deberá evitar infectar a la joven y frágil Unión para el Mediterráneo con una iniciativa de paz improbable. En las relaciones con Marruecos, la Presidencia española podría utilizar su posición privilegiada para dotar el "estatuto avanzado" con contenido. Al hacer del “estatuto avanzado” un nuevo modelo de integración con el sur, España sería capaz de mostrar a los escépticos Estados miembros de la UE del norte que el sur del Mediterráneo no es una causa perdida y que la integración, a falta de adhesión a la Unión, aún puede proporcionar un modelo de éxito.

Sin embargo, España debe asegurarse de que el enfoque de la UE hacia Marruecos sea equilibrado y esté en consonancia con los valores básicos y los compromisos europeos, tanto en el discurso como en la práctica. Una política que se centra en apoyar las reformas económicas y sociales en Marruecos sin vincularlas de modo eficaz a unas reformas sistémicas en la esfera política daña los intereses de seguridad europeos al ignorar el riesgo de radicalización y conflicto generado por la opresión política. El caso de Aminatou Haidar es sólo el ejemplo más reciente de la insostenibilidad de la posición española hacia el Gobierno marroquí, y sus políticas exentas de críticas hacia los regímenes de la región en general. Pero el Norte de África se está preparando para una ola de sucesiones, sin pronósticos claros. La cómoda alianza tácita con la vieja generación de gobernantes autoritarios acabará pronto.

El Gobierno español puede cuidar de los intereses europeos y españoles en el Mediterráneo y, al mismo tiempo, terminar la Presidencia de la UE con la cabeza bien alta, apoyando y fortaleciendo de manera activa las recién creadas instituciones de la Unión, con vistas a promover el consenso en la UE y robustecer el multilateralismo eficaz en el Mediterráneo. Si España sigue planteando obstáculos a una política europea sostenible en esta región basada en la seguridad humana y democracia, la reputación internacional de su política exterior seguirá en un nivel humilde, y su potencial como catalizador del cambio en el Mediterráneo quedará pendiente.