Refugiados
Refugiados esperan para ser trasnportados a campos en Grecia, septiembre 2020. LOUISA GOULIAMAKI/AFP via Getty Images

Cómo toda la parafernalia normativa y política que propone la Comisión Europea lejos de fortalecer a la UE la debilita por tres flancos.

El nuevo Pacto de Migración y Asilo presentado por la Comisión Europea el 23 de septiembre es un ejercicio de funambulismo con red.  La Comisión busca mantener el equilibrio sobre la cuerda floja entre posiciones contrapuestas, pero lo hace con las mismas fórmulas, sin asumir mayores riesgos. Y el espectáculo no contenta a nadie. La propuesta mejora la narración sobre migraciones reflejando un cierto esfuerzo de semiótica y terminología, pero el contenido es básicamente reactivo, impulsado por una lógica de crisis que sigue reduciendo la migración al marco de la seguridad. La Comisión interpela a las instituciones y los Estados miembros para desbloquear y avanzar en una agenda encallada, cuyo único espacio de consenso se reduce a la fortificación de fronteras, la externalización del control fronterizo y los retornos. Pero toda la parafernalia normativa y política que propone la Comisión lejos de fortalecer a Europa la debilita por tres flancos: primero porque se deslocaliza aún más el control fronterizo delegando en Estados terceros, la guardia de las fronteras exteriores; segundo, porque el incumplimiento constante de las obligaciones internacionales le resta credibilidad como socio y garante de derechos y, por último, porque la hace más vulnerable a otras amenazas derivadas de la subcontratación del control fronterizo al sector privado, alejado del escrutinio público y político.

 

¿Europa amurallada o enjaulada?

Con el fin de sellar las fronteras exteriores, se condicionan las relaciones con terceros Estados en función de su eficacia en obstaculizar las rutas migratorias. Pero al hacerlo se generan dinámicas peligrosas. Por un lado, la UE desvirtúa sus políticas de vecindad, cooperación al desarrollo o incluso su política exterior y de seguridad común, orientándolas hacia el control fronterizo. Por otro lado, algunos países de origen y tránsito migratorio como Turquía, Marruecos o Libia, impulsan sus propias agendas condicionando su pericia como custodios al logro de reivindicaciones nacionales.  Uno de estos desafíos pudo apreciarse en la apertura unilateral de la frontera turca con Grecia en febrero de 2020 con el fin de forzar el cumplimiento de lo estipulado en la Declaración UE-Turquía de 2016. Es también el caso de Marruecos, socio favorito de la Unión en la frontera sur, que utiliza las negociaciones sobre movilidad, visados o readmisión para obtener bazas en asuntos políticos internos como el Sáhara Occidental, los acuerdos de pesca o su impunidad ante la violación de derechos humanos. O por último, el caso de Libia, donde Europa se apoya en unos servicios de seguridad que violan los derechos humanos, infiltrados por traficantes de personas, en un país destruido y donde la financiación europea sustenta indirectamente intereses locales y tribales con conexiones criminales.

 

La erosión de los estándares europeos daña la marca UE

El incendio del campamento de refugiados de Moria el 9 de septiembre, con 13.000 personas hacinadas en unas instalaciones aptas para 3.000, mostró las vergüenzas del sistema de hotspots o puntos críticos surgido de la Agenda Europea de las Migraciones de 2015. Si la situación ya era insostenible antes de la pandemia, la COVID-19 evidenció la deshumanización y dejadez hacia la salud y destino de menores, mujeres y hombres que languidecían en cárceles de facto.

A pesar de que el incidente de Moria aceleró la publicación del nuevo Pacto, paradójicamente éste perpetúa precisamente el mismo enfoque que alumbró estos centros. La propuesta de establecer un triple control en frontera y el cribado rápido entre los que merecen o no optar al asilo, crea de nuevo un limbo legal en el que las personas podrían quedar detenidas hasta 12 semanas. Durante los cinco años transcurridos desde la crisis de acogida de 2015, la Unión Europea ha ido asumiendo quebrantos en sus propios principios y valores, pero también en sus compromisos internacionales. Así, ha fomentado o aceptado  expulsiones y devoluciones en frontera, ha firmado acuerdos con regímenes criminales como el de Libia e incluso ha tolerado el incumplimiento del estatuto del refugiado o de los derechos de la infancia por Estados miembros. La propuesta de Pacto renuncia a imponer una solidaridad obligatoria para introducir responsabilidades asimétricas a la carta, lo que añade mayor incertidumbre y presagia eternos desafíos internos. Veinte años después de la proclamación de su Carta de Derechos Fundamentales, la UE, tanto en su propia gobernanza como en la de sus Estados miembros, está obligada a proteger sus estándares democráticos, de transparencia, legalidad y seguridad jurídica para mantener su credibilidad como referente global en un mundo cada vez más confuso y desquiciado.

 

Una comercialización del control fronterizo que hace más vulnerable a Europa

La fortificación fronteriza, así como la digitalización y sofisticación tecnológica en torno al control migratorio llevan a una creciente comercialización de la seguridad. Esto ha generado un gran negocio con un peso cada vez mayor del sector privado en espacios y servicios de importancia clave para la seguridad nacional y regional. Hay una preocupación creciente sobre la influencia y participación de inversores extracomunitarios en empresas europeas, especialmente en el sector tecnológico, de infraestructuras críticas o en el acceso y control de información sensible, que pudiera poner en riesgo la seguridad o el orden público. Desde el 11 de octubre de 2020, está operativo el marco de la UE para el control de las inversiones extranjeras directas (IED) con el fin de preservar los intereses estratégicos de Europa. Por su parte, en el ámbito de la defensa, más de un tercio de las adquisiciones publicadas por el servicio de licitación europeo se otorga sin publicación previa de anuncio de concurso, sin tenerse además en cuenta si los  adjudicatarios son filiales nacionales de empresas extranjeras.

Como señala Privacy International, los gobiernos deberían considerar cuidadosamente aquellas empresas con las que contratan o se asocian para la gestión y el control migratorio: quiénes son los propietarios, cuál es su modelo de negocio, si son intermediarios de otros intereses o a qué regímenes legales y regulatorios están sujetos. Las grandes empresas militares y de seguridad, crean dependencias futuras al adaptar el modelo, infraestructura o servicio a su propia oferta, de manera que su mantenimiento o continuación quedan bajo su control. Además, quedan al margen de la rendición de cuentas y la evaluación a la que debe someterse el sector público. Empresas de origen chino, israelí, estadounidense, ruso o europeo proveen tecnología de vigilancia en todo el mundo. Proporcionan y analizan datos biométricos, de redes sociales, geolocalización, drones, reconocimiento facial, inteligencia artificial o policía predictiva, entre otros servicios. Estas prácticas no sólo socavan derechos humanos, sino que pueden hacer más vulnerables a la UE o los Estados miembros a través de la manipulación de software, de la infraestructura de la red, de infraestructuras sensibles, sectores estratégicos, sabotajes o amenazas híbridas.

En 2015 tuvo lugar la crisis de acogida, en 2020 ha sido la crisis sanitaria de la COVID-19, pero en algún momento la Unión Europea deberá plantearse la gestión de una política migratoria constructiva y desligada de pulsiones y crisis.