La crisis de los refugiados parece no ver una vía de solución que garantice el respeto de los derechos humanos. Ahora el foco está puesto en la negociación de la UE con Turquía. Ahmet Davotoglu, Primer Ministro turco, ya dijo que los interesas de la UE y de Turquía son los mismos pero que su país ya acoge a más de 2,5 millones de refugiados sin tener ayudas significativas.

El problema va más allá de ayudar a Turquía con dinero. Cristina Gortázar, Directora de la Cátedra Jean Monnet de Refugio y Asilo en la UE de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE, recuerda que ya el pasado mes de noviembre se negoció un acuerdo de readmisión entre la UE y Turquía que debía entrar en vigor a mediados de junio en virtud del cual se readmitiría a cualquier persona que cruzara irregularmente las fronteras de la unión. De ese modo, en enero se decidió declarar a Turquía como ‘tercer país seguro’, “que significa que cualquier refugiado que proceda de suelo turco podrá ser devuelto a Turquía, ya que se le considera una país seguro y sin riesgo para quien quiera entrar en Europa desde allí”, asevera Gortázar.

Refugiados
Refugiados

Pero Turquía cumple apenas una de las cinco condiciones para ser considerado como ‘tercer país seguro’. Según Gortázar, Turquía debe garantizar la no devolución al país de origen de los refugiados y que no se les someta a torturas ni a tratos inhumanos. Además, “debe garantizar que la persona pueda pedir la condición de refugiado, pero Turquía no tramita este tipo de solicitudes a no ser que los asilados procedan de Europa, cosa que es un sinsentido”, dice la catedrática.

Con todo ello, el plan que ya ha aprobado la UE no respeta los derechos humanos. “Las devoluciones de los solicitantes de asilo no es una idea, es una ocurrencia que no sé cómo a las instituciones y a los jefes de Estado y Gobierno presentes se les coló”, ironiza Gortázar, “porque violan el derecho de la UE, el Convenio europeo de Derechos Humanos, la Convencion de Ginebra y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, además de todos los ordenamientos internos en los que se incorpora ese derecho interno o regional europeo”.

Con todo, el rechazo es general desde muchas organizaciones, que piden que se reconsidere el plan de la Unión Europea. Entre los que expresan su rechazo está la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE que, junto a entidades de acción social que trabajan con refugiados y migrantes, como Cáritas, CONFER, o el Sector Social de la Compañía de Jesús, denuncia “un acuerdo inédito que supone un giro radical en la política migratoria y un serio retroceso en materia de derechos humanos”. El pronunciamiento de estas entidades indica que “la Unión Europea ha decidido comprar, con el desembolso de una partida extraordinaria de 3.000 millones de euros adicionales al Gobierno de Ankara y otras contrapartidas, la contención de los refugiados fuera de las fronteras comunitarias y permitir la devolución —incluso colectiva— ...