Una lista con los Estados que sufren las peores policías del mundo, según criterios que van desde la legalidad de los procedimientos y la eficacia a la hora de combatir el crimen hasta las campañas de represión y los casos de corrupción, entre otros.   

Elegir el peor cuerpo policial de cada región mundial no resulta fácil. Hay poco estudios comparativos entre cuerpos policiales a nivel internacional. En 2016, la Asociación Internacional de Policía (IPSA, siglas en inglés) publicó un informe en el que comparaba el rendimiento de los cuerpos policiales de casi todos los países en base a cuatro parámetros: número de efectivos por habitante, legalidad de los procedimientos, legitimidad entre la población y eficacia para combatir el crimen. El informe de esta asociación –con sede en Estados Unidos– es de los pocos que permiten establecer una comparativa entre cuerpos policiales en el mundo. La tarea no es sencilla, entre otras cosas, por la dificultad a la hora de establecer la veracidad de estadísticas –en relación con el número de denuncias contra policías, por ejemplo–. Utilizando este informe como punto de partida –y otros realizados por organismos internacionales y ONG regionales y nacionales–, la lista que ofrecemos a continuación está condicionada también por los acontecimientos recientes –campañas de represión, escándalos de corrupción, etcétera– que han situado a los cuerpos policiales de algunos Estados en el centro del debate público. Junto con los países destacados, comentamos la situación en el resto de la región. No se incluyen Estados que se encuentran en guerra como Siria, Libia o Yemen.

 

Unión Europea: Bulgaria

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Un policía búlgaro en un barrio con población roma. Dimitar Dilkoff/AFP/Getty Images

Los peores cuerpos policiales europeos se encuentran en la Europa del Este y en los Balcanes occidentales, en Estados miembros de la UE, como Bulgaria y Rumanía y en varios candidatos a una futura adhesión a la Unión. Pequeños países europeos como Macedonia, Moldavia o Kosovo destacan por los índices de corrupción policial. Si nos fijamos en aquellos más grandes, informes de asociaciones de derechos humanos búlgaras estiman que hasta un tercio de los detenidos en Bulgaria sufren algún tipo de abuso por parte de la policía: un quinto de los detenidos denuncia uso de la fuerza en la obtención de confesiones, según informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU publicado en noviembre de 2017. Bulgaria, que ostenta durante este primer semestre de 2018 la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, sale mal parada también en los índices de percepción de la corrupción política y policial: un tercio de los ciudadanos cree que la policía es corrupta. La gestión migratoria de la policía del país desde 2015 ha recibido multitud de denuncias: abusos físicos, casos de extorsión, robos y colusión con redes de tráfico de personas. La policía búlgara, al igual que las policías de otros Estados de la región, acumula denuncias por los casos de violencia contra miembros de la minoría roma.

Aunque la UE constituye el conjunto de países con unos cuerpos policiales menos problemáticos, no están exentos de problemas, incluida corrupción –y su percepción por parte de ciudadanos– y el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes. A partir de la última crisis migratoria, han aumentado las denuncias de ONG contra algunos procesos de deportaciones masivas, especialmente las llamadas "deportaciones en caliente" en lugares como España y Grecia, declaradas ilegales por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. También se ha denunciado el uso excesivo de la fuerza en desalojos de campamentos de inmigrantes y refugiados en Calais, por parte de la policía francesa.

 

Rusia y Cáucaso: Azerbaiyán

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Una mujer es detenida durante una propuesta en Azerbaiyán., en Bakú. Tofik Babayev/AFP/Getty Images

En los últimos meses, la reapertura de las negociaciones entre la Unión Europea y el gobierno de Azerbaiyán para establecer un futuro acuerdo comercial –que se sume al vigente acuerdo energético– han coincidido con varias oleadas de represión policial sistemática: periodistas, opositores y miembros del colectivo LGTB han sido arrestados y han denunciado torturas por parte de la policía. Si en 2016 los Papeles de Panamá desvelaron la inmensa fortuna del clan Aliyevy se trataba de acallar las protestas, durante 2017 y 2018, el objetivo ha sido evitar las disonancias antes del simulacro electoral  del 11 de abril (que İlham Aliyev, actual Presidente, ganó con el 86% de los votos). Casi la mitad de los ciudadanos azeríes considera a su policía corrupta. La nueva relación amistosa de los países europeos con el régimen de Bakú –basada, sobre todo en intereses gasísticos– ha destapado un caso de corrupción que afecta al Consejo de Europa, la institución considerada la conciencia del continente en materia de derechos humanos.

La labor represiva de la policía –y de grupos parapoliciales– en el Cáucaso Norte sigue un patrón parecido. Según reiteradas denuncias de ONG, tal vez más brutal que en Azerbaiyán. Especialmente en dos repúblicas de la Federación Rusa, Chechenia –destaca su represión ciudadanos LGTB– y Daguestán. Por lo que respecta al resto de Rusia, 1 de cada 4 ciudadanos afirman haber presenciado actos de brutalidad policial –no sólo relacionada con la continua represión política–. En 2015, unos 200 presos fallecieron mientras se encontraban en custodia. Los abusos contra inmigrantes incluyen la extorsión.

 

Magreb: Marruecos

Las protestas en el Rif desde 2016 han dejado escenas de dura represión policial. También han provocado la detención de cientos de opositores y manifestantes a lo largo de 2017. Muchos de ellos han denunciado haber sufrido torturas en dependencias policiales. ONG e organizaciones internacionales reconocen que Marruecos ha ido aumentando en los últimos años sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, pero los retos siendo considerables a la hora de cumplir la ley y los tratados. La expresidenta de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos afirma, de hecho, que la situación es peor que en  2011, cuando se produjo una reforma constitucional. Diversos informes señalan que la corrupción está muy generalizada, empezando por los policías que patrullan las calles y terminando por las altas instancias políticas y policiales. Casi 8 de cada 10 marroquíes consideran que la policía es corrupta, y un tercio de ellos se fían de la institución. También sigue muy extendida la tortura en comisarías. La actuación policial en el Sáhara Occidental sigue adoleciendo de uso excesivo de la fuerza a la hora de dispersar cualquier manifestación opositora.

La corrupción es también uno de los principales problemas para la transición en Túnez. En una encuesta de 2017, el 17% de los tunecinos afirmaron haber tenido que pagar mordidas a policías, especialmente a la de tráfico. Sólo un 53% de los ciudadanos confían en la policía nacional, y un 61% en la guardia nacional. En Argelia, sus cuerpos policiales han mejorado, con sucesivas reformas y programas de formación, aunque la corrupción en éstos y los casos de tortura siguen siendo denunciados como frecuentes por opositores y activistas. En toda la región, destacan los abusos cometidos por las fuerzas policiales contra los inmigrantes subsaharianos, con deportaciones ilegales y malos tratos rutinarios en el marco de su cooperación con la Unión Europea en materia de inmigración. Frontex espera que el flujo de inmigrantes aumente en 2018.

 

Oriente Medio: Egipto

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Cartel con la imagen del Presidente Egipcio y una patrulla de policía de fondo. Khaled Desouki/AFP/Getty Images

La espléndida película El Cairo confidencial –actualmente en los cines– cuenta una historia de corrupción y abusos policiales e institucionales en el Egipto prerrevolucionario de 2011: un sistema autorreferencial que afectaba todos los estratos sociales del país. Tras el golpe de Estado del general Abdel Fattah al Sisi, la situación en Egipto no sólo no ha mejorado, sino que –según muchas organizaciones de derechos humanos– es peor que durante la larga dictadura de Hosni Mubarak. Según los últimos datos disponibles, la mayor parte de la población egipcia desconfía de la policía y un quinto de los encuestados habían pagado algún tipo de mordida a los agentes. Human Rights Watch afirmaba en un informe publicado hace unos meses que el incremento –cuantitativo y en intensidad– de las torturas en las comisarías y prisiones egipcias podría justificar que se investigasen como crimen contra la humanidad. A lo que hay sumar las cientos de desapariciones forzadas de detenidos desde la Revolución: la Comisión de Derechos Humanos egipcia habla de 1.500 en los últimos cuatro años.

En el resto de la región, los cuerpos policiales presentan graves problemas de corrupción, abusos y represión. En países como Arabia Saudí e Irán destaca el papel represivo de las policías religiosas, especialmente contra las mujeres. Preocupa sobre todo la situación de Turquía. El aumento de la represión política ha sido intenso desde el fallido golpe de Estado en 2016, incluidas abundantes denuncias contra la policía por torturas de detenidos, incluidas descargas eléctricas e inmersiones en agua helada.

Las  detenciones arbitrarias y masivas de palestinos también son moneda corriente en Israel y en los territorios ocupados palestinos. Además, desde 2015 a 2017, la policía israelí habría matado a más de 200 palestinos (no se incluyen las causadas por el Ejército). En 2017, también se ha intensificado la represión sectaria en Bahréin, con denuncias de tortura y uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden.

  

África Subsahariana: Burundi

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Un hombre es registrado por la policía en Bujumbura,, Burundi. Spencer Platt/Getty Images

Los cuerpos policiales africanos son de los peores valorados por los ciudadanos, aunque hay excepciones como la policía de Botsuana, la senegalesa o la del régimen ruandés (salvo para los miembros activos de la oposición).

La policía nigeriana suele obtener las peores valoraciones de todo el continente, junto a la de República Democrática del Congo y la ugandesa. El complicado proceso electoral que vivió Kenia en agosto de 2017 causó varias decenas de muertos por disparos de la policía –y decenas de heridos– durante las manifestaciones de protesta. Aparte de esta violencia postelectoral, la policía keniana está acusada de llevar a cabo asesinatos extrajudiciales constantes en las barriadas más pobres de ciudades como Nairobi.

En los últimos meses, sin embargo, la policía de Burundi ha hecho méritos suficientes para ser considerada la peor del continente. Las vulneraciones de derechos humanos por parte de la policía –incluidos, según la ONU, posibles crímenes contra la humanidad– han sido graves y sistemáticas desde 2015, en el marco de una alta inestabilidad política, tras el anuncio de su presidente, Pierre Nkurunziza, de presentarse a un tercer mandato, a pesar de la prohibición constitucional. Se han denunciado torturas, represión excesiva y asesinatos de centenares de personas. A principios de este año, el Parlamento burundés aprobaba un borrador de ley que podría permitir los registros policiales nocturnos sin orden judicial, un paso más –según la oposición – para aumentar la represión del Gobierno a través de las fuerzas policiales.

 

Asía Central: Turkmenistán

Hace unos meses, el Comité contra la Tortura de la ONU manifestaba su preocupación por las continuas denuncias de maltrato y torturas cometidas por la policía turkmena. Turkmenistán es uno de los Estados más cerrados de la región, salvo en sus intensas relaciones diplomáticas relacionadas con el comercio del gas.  A los objetivos habituales de la policía de este país (opositores y activistas a favor de los derechos humanos, periodistas, personas LGTB, islamistas y de sectas cristianas como los testigos de Jehová), se ha sumado en los últimos el colectivo de seguidores de la cofradía turca de Fetulá Gülen, en el marco de las buenas relaciones entre los Gobiernos turkmeno y turco. La policía emplea habitualmente la extorsión y la tortura que, en algunos casos, ha causado la muerte de los detenidos o les ha llevado a cometer suicidio.

En el resto de países de la región, las fuerzas policiales muestran también un escaso respeto por los derechos humanos. Arrestos arbitrarios, torturas, desapariciones forzadas y extorsión están bastante extendidos, según las organizaciones de derechos humanos.  Además, en el marco de la llamada “guerra contra el terrorismo”, los regímenes de la zona han visto una oportunidad para reforzar su control antidemocrático de las sociedades (uno de los peores ejemplos lo encontramos en Tayikistán). Sin embargo, también hay algunos signos de mejoría en la región. La dictadura en Kazajistán sigue controlando y reprimiendo cualquier intento de oposición en el país, aunque las fuerzas policiales emplean una menor violencia que hace algunos años. Kirguizistán ha dado algunos pasos para reducir las torturas policiales. Y en Uzbekistán, tras la muerte del longevo dictador Islam Karímov, hay indicios de que el nuevo Gobierno –presidido por Shavkat Mirziyoyev– podría querer desmantelar el estado policial previo o al menos aligerar su violencia represiva, y está registrándose una mejora en el trato policial a los detenidos.

 

Asia Meridional: Pakistán

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La policía detiene a un periodista que protesta por el asesinato de un fotógrafo en Islamabad, Pakistán. Aamir Qureshi/AFP/Getty Images

Según la ONU, la tortura está ampliamente extendida entre la policía paquistaní. La organización internacional acusa a las autoridades, además, de no investigar correctamente las denuncias que se presentan por torturas. Tampoco las que se realizan por muertes de detenidos mientras están bajo custodia policial. Transparencia Internacional afirma que en torno a un 70% de los paquistaníes que han tenido alguna relación con la policía se han visto obligados a pagar soborno.

La actuación policial en los países vecinos no alcanza tampoco unos altos estándares. Incluidas las fuerzas policiales de India, con denuncias de violencia excesiva, torturas y muertes de detenidos. La situación es especialmente grave en el caso de las castas inferiores y la minoría musulmana mayoría en la región de Cachemira, que reciben un trato policial y judicial mucho peor, lo que ha motivado recientes protestas. Las autoridades de Bangladesh son acusadas en un informe publicado el año pasado por la Administración estadounidense de hacer muy pocos esfuerzos para limitar los abusos por parte de las fuerzas policiales, que incluyen torturas, asesinatos extrajudiciales y detenciones arbitrarias.

 

Asia Oriental: Birmania

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La policía birmana patrulla por un pueblo de población Rohingya en el estado de Rakhine. STR/AFP/Getty Images

El Ejército birmano –junto con milicias paramilitares– serían los responsables de buena parte de la represión sistemática de las minorías étnicas en el país. Pero la policía –con fuerte control por parte de los militares– también estaría implicada en las acciones que, según la ONU, podrían constituir una limpieza étnica de la etnia rohingya. Casi 800.000 rohingyas han huido de Birmania convirtiéndose en refugiados en Bangladesh, el 90% de esa etnia. Varios miles de ellos habrían sido asesinados en los últimos meses en el estado birmano de Rakhine. En enero, la policía abrió fuego contra manifestantes budistas en el mismo estado de Rajine del que proceden muchos de los rohingya musulmanes. En el resto del país, la policía birmana presenta un alto grado de corrupción, al igual que el sistema judicial y político. Casi la mitad de la población cree que la mayoría de agentes o todos son corruptos. Detenciones arbitrarias –incluida represión política– y sobornos son moneda común. También se registran abusos contra personas LGTB, aunque su situación ha mejorado en los últimos años.

Las mordidas y los abusos policiales son frecuentes en el resto de países de la región, comenzando por la potencia regional, China. Con algunas escasas excepciones, como Singapur, aunque la policía se encarga de mantener la censura y la falta de libertad de expresión. En los últimos meses, sin embargo, la policía de Filipinas ha destacado por su total falta de respeto hacia los derechos humanos de los sospechosos de menudeo y consumo de drogas dentro de la campaña de represión instigada por el presidente Rodrigo Duterte. A pesar de la versión oficial de que se ha interrumpido, las organizaciones de derechos humanos denuncian que, desde principios de 2018, la llamada "guerra contra las drogas" se habría retomado con nuevos asesinatos extra judiciales. Las cifras de asesinados durante los últimos meses no están del todo claras, pero se calcula que entre 6.000 y 12.000 personas habrían sido ajusticiadas por las fuerzas del orden.

 

América del Norte y Centroamérica y el Caribe: Nicaragua

La reforma de la Seguridad Social nicaragüense –negociada con el Fondo Monetario Internacional– fue el detonante para que miles de ciudadanos nicaragüenses saliesen a las calles a protestar contra el Ejecutivo de Daniel Ortega durante el pasado abril. La represión del Gobierno ha dejado, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, unos 48 muertos. Se acusa a la policía nacional de haber causado la mayoría de las muertes, en colaboración con grupos gubernamentales, como las juventudes sandinistas. En los últimos días se han sucedido las denuncias de jóvenes nicaragüenses que afirman haber sido torturados por la policía mientras permanecían detenidos. Las denuncias contra la policía nicaragüense por torturas y violencia excesiva no han dejado de aumentar durante los últimos años de gobierno sandinista. La policía ha pasado de ser una institución respetada por la población a ser temida por la corrupción y la violencia.

Con la excepción de Costa Rica, las fuerzas policiales en el resto de la región centroamericana muestran diversos grados de disfuncionalidad grave, destacando muy negativamente, por ejemplo, El Salvador, a pesar de las retóricas declaraciones por parte de las autoridades de programas de regeneración policial. En Honduras, durante las elecciones del pasado noviembre, se habrían cometido –según la ONU– asesinatos extrajudiciales a cargo de miembros de la policía.

Por lo que respecta a Norteamérica, las diversas policías mexicanas no han mejorado su actuación bajo la administración saliente de presidente Peña Nieto. La tortura –según la ONU– sigue extendida, y no han dejado de producirse ejecuciones extrajudiciales a manos de policías. Mención aparte merece Estados Unidos. Sus fuerzas de seguridad no obtienen, en conjunto, una valoración tan negativa como la de sus vecinos del sur. Pero desde el asesinato de Michael Brown en 2014, las noticias sobre uso excesivo de la fuerza y asesinatos han revelado un serio problema policial en todo el país, en especial un sesgo racista hacia la población afroamericana.

 

América del Sur: Venezuela

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Una mujer confronta a una policía en Caracas, Venezuela, durante una protesta. Federico Parra/AFP/Getty Images

El subcontinente tiene cuerpos policiales como el chileno o el uruguayo, con altísimos estándares de respeto hacia los derechos humanos, pero también otras fuerzas policiales plagadas de corrupción y denuncias por abusos. En los últimos años, la continua tensión política en Venezuela ha motivado la intervención policial en decenas de manifestaciones de la oposición. En muchos casos, el uso de la fuerza por parte de la policía se ha descontrolado y ha causado decenas de heridos y de muertos. La reputación de la policía venezolana entre la población está en mínimos y responde –más allá de la represión política– al progresivo deterioro de la situación de seguridad pública en las calles; hasta un 90% de los venezolanos desconfiaría de los agentes. Además de la corrupción, se han denunciado desapariciones y torturas en dependencias policiales.

En Brasil, la policía no deja de sumar denuncias por asesinatos en los últimos años: más de 4.000 muertes cometidas en 2016. Según Amnistía Internacional, los casos han ido en aumento desde 2012. Las estadísticas señalan además la concentración de represión policial en la población masculina afrodescendiente. La progresiva militarización de los cuerpos policiales no ha logrado ni revertir el clima de violencia –que también cuesta la vida a muchos agentes– ni tampoco la corrupción generalizada.