Palestina e Israel: ¿unidos por la corrupción?

Cada vez es más común que sus dirigentes estén implicados en corruptelas económicas y políticas.

Mientras vemos cómo los dirigentes palestinos e israelíes se encuentran constantemente enfrentados por cuestiones tales como la soberanía, el trazado de las fronteras, la construcción de nuevos asentamientos, el retorno de los refugiados o la capitalidad de Jerusalén, muchas veces hacen negocios conjuntos que les reportan pingües beneficios. El caso más paradigmático durante el Proceso de Oslo fue el casino Oasis –construido con capital del millonario austríaco Martin Schlaff, quien era amigo personal del entonces Primer Ministro de Israel Ariel Sharon, así como de inversores institucionales palestinos y de inversores privados israelíes– que fue ubicado en la ciudad autónoma palestina de Jericó dado que tanto la ley judía o Jalajá como el islam prohíben los juegos de azar.

Estos negocios conjuntos han sido en ocasiones investigados por las respectivas fiscalías, terminando algunos de ellos en condenas por sentencia judicial. Pues si algo tienen en común los actuales dirigentes israelíes con sus vecinos palestinos es que cada vez presentan más altos índices de corrupción, tal como demuestran los indicadores de percepción social elaborados por Transparencia Internacional. Atrás quedaron aquellos líderes austeros e incorruptibles del sionismo original, como David Ben Gurión, que se retiró de la política activa a un pobre kibutz del Neguev (lo que contrasta con Ehud Barak, quien lo ha hecho a un apartamento de lujo en Tel Aviv valorado en más de ocho millones de euros) o Menahem Begin, quien viajaba al extranjero de la forma más modesta (lo que contrasta con Benjamín Netanyahu, quien hizo instalar una cama en el avión oficial para efectuar un vuelo a Londres de sólo cinco horas, con un coste adicional de más de 100.000 euros al erario público).

Corrupción en Palestina

La actual parálisis de las negociaciones –tras el fracaso, al menos temporal, del Plan Kerry– ha abierto la puerta al retorno de uno de los elementos más corruptos del sistema político palestino como es Mohammad Rashid, quien en su momento estuviera al cargo de la caja B de la Autoridad Nacional Palestina (ANP). La eventual vuelta Rashid a la arena política implicaría que la Administración Obama y la UE podrían volver a apoyar un liderazgo palestino alternativo cuya principal fuerza motriz fuera la corrupción, que siempre ha caracterizado a este personaje. Rashid mantiene relaciones con otros elementos corruptos del sistema político israelí, como el ministro de Asuntos Exteriores, Avigdor Lieberman, quien fue procesado por fraude y prevaricación el pasado mes de noviembre, aunque luego fuera exonerado ante los tribunales de justicia y se haya reincorporado al gabinete.

Rashid se convirtió en persona non grata en Palestina después de vaciar las arcas gubernamentales y trasladar su centro de operaciones desde Ramala a El Cairo, y de ahí a Londres. El fiscal general de la ANP, Ahmed al Mughani, imputó al escurridizo Rashid, que posteriormente fue juzgado in absentia por el Tribunal Anti-Corrupción en junio de 2012 y condenado a cumplir 15 años de prisión, a pagar de una multa de 15 millones de dólares (unos 11 millones de euros) y a devolver otros 34 millones de dólares esquilmados del Fondo de Inversiones Palestino. Al Mughani intentó tramitar una orden de busca y captura a través de Interpol, pero como la ANP no pertenece a la organización –al no ser todavía un Estado miembro de pleno derecho en Naciones Unidas– Rashid continúa viviendo tranquilamente en el exilio y haciendo lucrativos negocios privados con el dinero de todos los palestinos.

Otro sospechoso habitual de la corrupción palestina es el ex director del Servicio de Seguridad Preventiva en la Franja de Gaza, Mohammed Dahlán. Quizá el que más polémica política y polarización social ha generado durante estos últimos años, Dahlán era uno de los principales candidatos para asumir eventualmente la presidencia de la ANP, pero cayó en desgracia cuando su titular, Mahmud Abbás, sintió que estaba conspirando contra él con la intención de arrebatarle el cargo. Así, en 2010 dio orden a las Fuerzas de Seguridad de que asaltaran sus oficinas de Ramala. Desde entonces Dahlán reside exiliado en Dubai y se le atribuye una riqueza de más de 100 millones de euros, acumulados a partir de los beneficios que le reportaron los sobrecostes que recaudaba en los pasos fronterizos de la Franja, primero en el de Karni con Israel y luego en el de Rafah con Egipto.

También tiene varios expedientes abiertos por supuestos casos de corrupción y uso fraudulento de pasaportes diplomáticos el ministro de Asuntos Exteriores, Riad Malki, contra el que la Fiscalía nunca ha llegado a actuar dado que cuenta con el favor del presidente Abbás, lo que le ha permitido retener su cartera en el nuevo Gobierno de unidad nacional. Por cierto, aunque los líderes del movimiento islamista Hamás muestran una apariencia mucho más austera y menos corrupta que los de Al Fatah –los primeros siguen viviendo en sus campos de refugiados de Gaza mientras los segundos lo hacen en suntuosas urbanizaciones de Ramala–, la organización utilizó los mismos mecanismos corruptos que Dahlán al aplicar tasas adicionales a todos los bienes y mercancías que entre 2007 y 2013 eran introducidos clandestinamente por los túneles horadados bajo el Corredor de Filadelfia.

 Corrupción en Israel

Todos los últimos primeros ministros de Israel –Sharon, Barak, Olmert y Netanyahu– han sido investigados por supuestos casos de corrupción en un momento u otro de su mandato. No obstante, el único hasta ahora condenado ha sido Ehud Olmert, al que el pasado 13 de mayo un tribunal de Tel Aviv sentenciaba a seis años de prisión y a pagar una sanción de 1,5 millones de shequels (más de 300.000 euros) tras quedar probado que se había embolsado varias comisiones por parte de una promotora inmobiliaria en contraprestación a la concesión de licencias urbanísticas para la construcción del complejo de apartamentos Holyland mientras fue alcalde de Jerusalén.

A pesar de que siempre proyectó una imagen de mayor modestia y austeridad que su sucesor al frente del Ejecutivo, Ariel Sharon también mantuvo varios frentes abiertos con la justicia que en los momentos finales de su mandato dificultaron su acción de gobierno. En primer lugar, fue investigado por crear sociedades tapadera para recibir donaciones exteriores con el fin de financiar campañas electorales, lo que queda prohibido por la legislación electoral israelí. El encargado de gestionar las donaciones fue su hijo menor, Omri, quien aunque en un primer momento se aferró a su inmunidad parlamentaria mientras era diputado luego fue condenado y cumplió unos meses de cárcel en 2008. El propio Sharon quedó exonerado por falta de pruebas tras ser investigado por recibir un préstamo de más de un millón de euros por parte de un empresario surafricano para financiar sus gastos electorales.

Ehud Barak ha sido el gobernante que sin duda más ha visto enriquecido su patrimonio personal. Si al comienzo de su gestión como primer ministro fue investigado por presuntas irregularidades en la financiación del Partido Laborista, cuando más adelante ejerciera como ministro de Defensa fue objeto de una minuciosa investigación del Tribunal de Cuentas, después de descubrirse que a pesar de haber transferido la titularidad de su consultora internacional Barak Ltd a nombre de sus hijas, la empresa continuó recibiendo contratos valorados en más de 1,3 millones de euros gracias a la posición privilegiada del padre. Este fue uno de los motivos por los que Barak optó por una huida hacia delante, escindiéndose junto a otros cuatro diputados en 2011 para crear su propia formación política Atzmaut y evitando ser expulsado del Partido Laborista.

Podríamos decir que Benjamín Netanyahu ha sido quizá el menos corrupto en lo económico –dado que ya contaba con un importante patrimonio familiar con anterioridad– pero el mayor corruptor político dentro de esta cadena sucesoria. Durante su primer mandato se vio investigado por nepotismo y prevaricación al designar fiscal general del Estado a un jurista amigo suyo, Roni Bar-On, cuyo nombramiento luego revocó ante las presiones recibidas tanto desde la judicatura como desde la oposición. Durante su segundo y su actual tercer mandato, Netanyahu ha seguido estando bajo sospecha por su hábito de viajar en aviones privados, pernoctar en los más lujosos hoteles y frecuentar los más caros restaurantes. Además de por la opulencia de la que se rodea, fumando los mejores habanos cubanos, bebiendo el más exquisito coñac francés y degustando un helado especial que en el último presupuesto de su oficina tenía asignada una partida de más de 2.000 euros anuales.

 Similitudes y diferencias

Por lo tanto, Israel se parece cada vez más a los países de su entorno geográfico –Palestina, Jordania, Egipto, Siria y Líbano– en cuanto al incremento de los índices de corrupción y nepotismo de sus dirigentes políticos. Pero al mismo tiempo mantiene un sólido sistema de equilibrios y separación de poderes de corte occidental, que tal cómo ha quedado demostrado hace que ninguno de sus ciudadanos quede por encima de la ley. Ahí están la dura condena a Olmert y las anteriores sentencias a los ex ministros de Hacienda Abraham Hirshon y de Interior Shlomo Benizri por fraude y apropiación indebida de caudal público –lo que les llevó a la cárcel– si bien ha sido el ex primer ministro el que ha recibido el castigo más severo.

En el caso palestino vemos como aunque la ANP se ha dotado de una serie de instrumentos institucionales específicos para combatirla –tales como la Comisión Anti-Corrupción presidida por el ex ministro Rafik al Natche, el Tribunal Anti-Corrupción formado por jueces independientes y una especie de ombudsman de todas las Fuerzas de Seguridad con la capacidad de investigar cualquier tipo de alegación presentada contra ellas– al final todos estos instrumentos quedan subordinados al poder Ejecutivo al no existir una verdadera división de poderes como en Israel.

Sirvan como ejemplo las repetidas denuncias por acoso sexual recibidas por el ex ministro de Asuntos Civiles palestino (competente de la coordinación administrativa con las autoridades israelíes), Hussein A-Sheikh, que han sido sucesivamente tapadas por sus Fuerzas de Seguridad con la aquiescencia presidencial, mientras que tanto el ex presidente israelí Moshe Katsav como el ex ministro de Transportes Isaac Mordejai fueron ejemplarmente condenados por alegaciones similares. A pesar de la cuantiosa ayuda recibida de la UE a través de la misión EUPOL COPPS y de Estados Unidos a través del programa Netham, la ANP tiene todavía un largo camino por recorrer a la hora de crear un verdadero Estado de Derecho.