El dilema electoral en Venezuela: una oposición dudosa, unas misiones de observación electoral que pueden socavar a la oposición y otras cuestiones podrían poner en peligro las elecciones en el país. ¿Cuáles son los escenarios posibles?
De nuevo la oposición democrática de Venezuela se encuentra frente a un dilema electoral. Esta vez, sin embargo, no es (por completo) obra suya. El peso moral de si participar o no en las elecciones regionales y locales del 21 de noviembre y, en su caso, de cómo hacerlo recae con más fuerza en la Unión Europea. El anuncio, potencialmente prematuro, de la UE de que enviará observadores a la votación de noviembre, amenaza no solo con socavar a la díscola oposición democrática de Venezuela y la credibilidad de las negociaciones en curso, sino también con erosionar aún más normas y prácticas que tienen décadas de antigüedad y que ya están siendo atacadas por países como Rusia, China, Nicaragua, Turkmenistán y Kazajistán.
Que esto acabe sucediendo dependerá de si el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, y la responsable de la Misión de Observación de la UE, Isabel Santos, se comprometen con estándares internacionalmente reconocidos para la observación electoral y los defienden luego sobre el terreno.
Reconectar mediante las elecciones
Tras las presiones llevadas a cabo por la Administración Biden, el grueso de la oposición venezolana accedió a participar en las elecciones del 21 de noviembre como gesto de buena fe en las negociaciones con el gobierno de Maduro. Como ya he escrito con anterioridad en Global Americans, la negativa reiterada de la oposición venezolana a participar en elecciones gestionadas por los gobiernos de Chávez y Maduro ha sido un error. Las elecciones de la Asamblea Nacional de 2005 estuvieron lejos de los juegos amañados y carnavalescos en los que se han convertido más recientemente; la decisión de la oposición de quedarse al margen en esa ocasión ha socavado sus reclamaciones legítimas en contiendas posteriores. Incluso en las elecciones injustas y antidemocráticas del régimen de Maduro de los últimos tiempos, la oposición ha perdido más de lo que ha ganado con sus boicots.
Las elecciones, incluso las fraudulentas, brindan un momento cívico único para que los demócratas interactúen con la opinión pública y construyan las instituciones de su partido mediante la selección de candidatos y la comunicación con la gente. Y el proceso de llevar a los votantes a las urnas y a las calles es una oportunidad importante para que los líderes defiendan públicamente los derechos de participación y representación democrática de los ciudadanos, aunque solo sea como contraste con la farsa organizada por el régimen. Otros eventos menores, como la mal planificada votación de protesta online que la oposición organizó el pasado diciembre para la Asamblea Nacional de 2020, simplemente no están a la altura. Los líderes democráticos deben escoger la vía valiente y difícil de movilizar a la gente en torno a principios que, en última instancia, cuando sean respetados, conducirán a una transición pacífica.
La ofensiva de la Administración Biden para lograr que la oposición participe en la votación de noviembre tiene sentido en abstracto y en el inicio de las negociaciones. Al aceptar presentar candidatos para los aproximadamente 3.000 escaños regionales y locales en juego, la oposición demostraría buena fe en las negociaciones, que a su vez llevarían —según esperaban los líderes estadounidenses— a la restauración de las instituciones democráticas, incluida la celebración de elecciones libres y justas. La insistencia de Estados Unidos era además un intento de apartar a los miembros más democráticos de la oposición de su contraproducente política de posicionarse de manera indefinida al margen de las elecciones hasta que el régimen de Maduro colapsara… ¿en algún momento?
El compromiso de la UE de enviar observadores a las elecciones también podría interpretarse en este sentido. La decisión de Borrell puede ofrecer garantías a la oposición de que no ha sido engañada para aceptar un fraude que simplemente legitime el régimen de Maduro y corrompa las negociaciones.
Sin embargo, este objetivo se verá debilitado si la UE no solicita y no obtiene un conjunto de estándares necesarios para su misión de observación electoral. Y tampoco funcionará si Estados Unidos no insiste en los estándares adecuados.
Hacer cumplir los estándares
No existe un manual que establezca un conjunto uniforme de normas internacionales; la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y el Centro Carter, por ejemplo, tienen cada uno su propio manual. Sin embargo, la comunidad internacional ha acordado un conjunto general de principios de “mejores prácticas” para evaluar el grado de limpieza y libertad de los procesos electorales (extraídos de un artículo que escribí hace años para Americas Quarterly): Libertad frente a la coerción; uso limitado de recursos públicos con fines partidistas; acceso relativamente equitativo a los medios públicos; acceso de los votantes a la información; secreto del voto; transparencia del proceso de votación; transparencia de la financiación; imparcialidad de las autoridades electorales; imparcialidad de las leyes electorales; los funcionarios públicos deben reconocer los resultados de las elecciones y permitir una transferencia fluida de plenos poderes a los nuevos ganadores.
En Venezuela, varias de estas variables, como las relacionadas con las autoridades electorales y la imparcialidad de las leyes electorales, están lejos de ser perfectas y es poco probable que se modifiquen lo suficiente en el próximo mes. Javier Corrales, profesor en el Departamento de Ciencias Políticas de Amherst College, presenta una lista exhaustiva de las formas en las que las elecciones venezolanas se han corrompido en los últimos 20 años.
La oposición ya había accedido a participar bajo esas condiciones, incluida una comisión electoral más plural. Pero el grueso de los principios enumerados con anterioridad son aquellos en los que, presumiblemente, la Unión Europea debería tener algo que decir. La UE y Estados Unidos tendrán que defenderlos si se quiere que las elecciones de este año constituyan un proceso electoral mínimamente creíble.
Si esas condiciones no se cumplen, existe el riesgo muy real de que la oposición haya sido atraída al peor escenario posible: no solo participará en un proceso flagrantemente fraudulento, sino que a este se le otorgará una hoja de parra de aparente legitimidad gracias a una desganada labor de observación.
Igualmente, el que la UE y Estados Unidos no exijan y defiendan esos estándares podría proporcionar una nueva excusa para que la oposición se quede fuera de las elecciones, otra vez. Ese escenario no solo arruinaría los esfuerzos realizados para lograr que la oposición se comprometa con el proceso y avance en las negociaciones —otorgando por lo tanto una enorme e inmerecida victoria al gobierno de Maduro—, sino que también socavaría la credibilidad internacional de la Unión y de EE UU a la hora de defender estándares democráticos libres y justos.
Los observadores internacionales honestos y objetivos hacen varias cosas, pero una de ellas es garantizar a los candidatos, líderes y votantes escépticos que pueden depositar su fe en el proceso. ¿Qué líder democrático o votante con dudas volverá a hacerlo si los árbitros de la UE en este proceso ni siquiera se ponen de acuerdo en los estándares necesarios para garantizar al menos un proceso justo?
¿A dónde vamos desde aquí?
Hay varios escenarios que pueden ayudar a corregir lo que por ahora parece ser un desastre —sin olvidar que la situación óptima sería que el 21 de noviembre se celebraran unas elecciones democráticas garantizadas internacionalmente (incluso con algunos defectos) en las que participe la oposición—, de forma independiente de los resultados.
Estos son esos escenarios, grosso modo, en orden descendente de consecuencias positivas. No se proporcionan cifras respecto a su probabilidad, y nada de apuestas, por favor.
La UE —bajo presión por parte de los Estados miembros y de la comunidad internacional— exige y obtiene el conjunto completo de condiciones y acuerdos enumerados anteriormente para observar el periodo previo a las elecciones; así como el día de su celebración y el proceso de recuento de votos.
Bruselas exige, pero no obtiene las condiciones requeridas para una misión de observación profesional, completa y abierta. Una vez sobre el terreno, la Unión documenta una serie de abusos preelectorales (uso de recursos estatales para la campaña, intimidación de candidatos y votantes, manejo no transparente del censo electoral, negativa a dar acceso a las bases de datos de registro de votantes o a los algoritmos de tabulación de votos) y de violaciones el día de las elecciones (acceso solo a colegios electorales limitados, negación de entrada a los lugares de recuento/tabulación) —y, seamos sinceros, ninguno es poco probable—, y se niega a certificar las elecciones a pesar de múltiples apelaciones. Los negociadores vuelven a la mesa, esta vez con mayor presión internacional sobre el gobierno (y menos ingenuidad global sobre sus maquinaciones). Los estándares internacionales para la observación de elecciones por tanto se mantienen a pesar de una resolución menos que perfecta en lo que se refiere a las elecciones venezolanas.
La UE no consigue el acceso ni las condiciones necesarias para una misión electoral legítima, pero envía una de todos modos y certifica un proceso electoral que, independientemente del resultado en sí, no cumple siquiera con los estándares democráticos mínimos. La oposición democrática es abandonada a su suerte y se desdeña su valentía para comprometerse con el proceso. La oposición no democrática (y, sí, existe) gana terreno, endurece su resistencia a cualquier compromiso y, como resultado, las negociaciones se hunden. La ineficaz respuesta de la Unión envía una señal a todo autócrata o aspirante a autócrata que quiera robar una elecciones de que la UE se ha unido a las filas de otros “monitores electorales zombis” como la Organización de Cooperación de Shanghái (SCO, en sus siglas en inglés) y el Consejo de Especialistas Electorales de América Latina (CEELA).
El factor decisivo en todo esto será la posición de Estados Unidos, Reino Unido y los Estados miembros de la UE. ¿Se alzarán públicamente para defender los estándares de observación electoral? ¿Cumplirán la promesa implícita que le hicieron a la oposición democrática de Venezuela de proteger esos estándares y, si no pueden, denunciar un proceso fraudulento?
También existe otro riesgo en el primer escenario presentado anteriormente: que el no definir y defender públicamente el proceso electoral le dé a la oposición lo que muchos supuestamente quieren: otra oportunidad para quedarse fuera del campo de juego y solo pedir penalti.
El admirable esfuerzo de la Administración Biden para involucrar a los auténticos líderes democráticos de Venezuela en lo que todos esperamos que sea un proceso de negociación productivo, franco y, en última instancia, exitoso, es la opción correcta. Y una promesa de la UE para observar unas elecciones en las que los negociadores han convencido a la oposición para que participe podría ser un paso crucial hacia un resultado democrático en Venezuela. ¿Cumplirán?
Si la UE, con la complicidad de Estados Unidos, no logra defender los principios y estándares electorales con décadas de antigüedad, ambos habrán seguido el mismo camino que la OCS, la CEELA y la ahora desaparecida UNASUR. Es probable que la observación electoral creíble nunca vuelva a ser la misma.
