¿Cómo entender que Colombia deba hacer un plebiscito para saber si sus ciudadanos están de acuerdo con firmar la paz? Más sorprendente, ¿por qué las primeras encuestas arrojaron que el No sería la opción más votada en el plebiscito?
Esta realidad es producto de un conflicto armado de más de seis décadas, varios intentos fallidos de diálogo entre el Estado y las FARC, y una sociedad que se ha acostumbrado a ignorar en su día a día lo que significa vivir en medio de una de las peores crisis humanitarias del mundo. Pero especialmente se debe a que el proceso de paz que acaba de concluir el gobierno de Juan Manuel Santos tras casi cuatro años de negociaciones se inició a escondidas de los colombianos. Ni los partidos de izquierda, derecha o del centro, ni mucho menos el ciudadano colombiano pensó que un presidente hijo de una de las familias empresariales con más poder político en el país, ex ministro de Defensa del gobierno de derechas de Álvaro Uribe, y sobre todo, elegido con niveles de votación relativamente bajos, se arriesgaría a establecer un proceso de diálogo con la guerrilla de las FARC.
No tenía porqué arriesgarse, las múltiples experiencias que durante décadas han intentado avanzar en el diálogo de la paz han sido catastróficas. Las más recientes tuvieron lugar bajo las presidencias de Belisario Betancourt (entre 1982 y 1986) en el campamento Casa Verde, y posteriormente con César Gaviria (1990-1994) en Caracas y Tlaxcala (México). Y, por supuesto, el momento más recordado de los últimos años, el episodio de “la silla vacía” en 1999 con la imagen del ex presidente Andrés Pastrana sentado solo en la mesa de diálogo en medio de una zona de 42.000 kilómetros cuadrados controlados por las FARC, conocida como “zona de distensión del Caguán”.
Pero el presidente Santos lo hizo. Desde que fue elegido en su primer mandato en 2010 dio los primeros pasos para las negociaciones, y para que no hubiera show mediático, y sobre todo, tergiversación de las intenciones de ambas partes, recurrió a la estrategia del silencio. A través de un grupo de políticos liderados por Humberto de la Calle, un experimentado ex comisionado de la paz, se iniciaron las primeras reuniones en La Habana en 2012, con el acompañamiento de observadores de Cuba y Noruega. El 4 de septiembre del 2012, el país se levantó con la noticia: se estaba negociando la paz. Por primera vez había una hoja de ruta clara con 10 puntos para discutir, y sobre la mesa de diálogo se tenía clara una frase que se ha repetido hasta la divulgación del Acuerdo Final el pasado 24 de agosto: “Nada está negociado hasta que todo esté negociado”.
¿Qué significa esto? Que el país entendió. De 2006 a 2012, el gobierno de Uribe ignoró el conflicto armado; propició un proceso de desmovilización de los paramilitares sin generar el perdón, el olvido y la reconciliación, y logró numerosas bajas en las filas de las FARC, pero su estructura militar, política y económica no desapareció. Además, saltó el escándalo de los “falsos positivos”, asesinatos de civiles inocentes a manos del Ejército colombiano haciéndolos pasar por guerrilleros muertos.
Según el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia, el conflicto armado en el país entre 1958 y 2012 ha causado la muerte de 218.094 personas (19% combatientes y 81% civiles), 6,7 millones de desplazados, miles de secuestros, desparecidos, ataques terroristas, violaciones y una cifra incalculable destinada para combatir militarmente a la guerrilla. La salida de todo este horror sin calificativos era sin lugar a dudas la mesa de diálogo.
Pero, ¿qué busca el plebiscito?
El plebiscito del 2 de octubre busca legitimar en las urnas el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, culminado entre el Estado Colombiano y las FARC el pasado 24 de agosto y suscrito en los términos del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949. La idea es lograr que los ciudadanos se pronuncien sobre su apoyo o no al proceso de paz que se inició en silencio y que tiene muchos detractores. Pero fundamentalmente, el plebiscito necesita que los colombianos entiendan y se apropien del Acuerdo. En especial, se comprometan con que una paz que no se logra simplemente con la firma de un documento, sino que hay muchos retos políticos, económicos y sociales a los que deberá enfrentarse el país en los próximos años.
En caso de que la opción del Sí gane en el plebiscito y se logre pasar el umbral de 4.387.118 votos para que sea válido, el Presidente podrá implementar el Acuerdo, caso contrario quedará impedido constitucionalmente a hacerlo. Y es que votar el primer domingo de octubre no será fácil, todavía no se conoce cómo quedará la pregunta final del plebiscito, pero se sabe que sólo podrá dar lugar a responder Sí o No. No habrá voto en blanco y, por lo tanto, las campañas en las que podrán participar funcionarios públicos, están centradas en dar a conocer los seis puntos que se acordaron y son ampliamente complejos.
En síntesis los puntos son la reforma rural integral para contribuir a la transformación estructural del campo, cerrar brechas entre el campo y la ciudad y crear condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural; la participación política y la apertura democrática para construir la paz, que implica la ampliación democrática de nuevas políticas, la dejación de las armas y la proscripción de la violencia como método de acción política y conduce a uno de los puntos que más preocupaciones genera a los colombianos: la participación con voz, pero sin voto de 10 ex combatientes en el Congreso; el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de las armas que supone el cese al fuego por parte de las Fuerzas Armadas desde el 29 de agosto y, para este mismo punto, se negociaron las condiciones de reincorporación de las FARC-EP a la vida civil, así como las garantías para evitar que organizaciones criminales atenten contra defensores de los derechos humanos, movimientos sociales y políticos; la solución al problema de las drogas ilícitas, que promoverá un tratamiento distinto y diferenciado al fenómeno del consumo, al problema de los cultivos de uso ilícito y a la criminalidad organizada asociada al narcotráfico; las víctimas, estipulando la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición que estará compuesto por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, así como la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz; y por último, los mecanismos de implementación y verificación, a través de los cuales se crea una comisión de implementación, seguimiento y verificación del Acuerdo Final de Paz y de resolución de diferencias, conformada por ambas partes, y se propone un mecanismo de acompañamiento de la comunidad internacional.
¿Por qué el voto de sociedad colombiana está tan dividido?
Precisamente por la desinformación y el miedo al pasado. Más aún de una clase social media urbana, que es finalmente a quienes tienden a preguntar en las encuestas y votan, para quienes después de la recuperación de la movilidad por las carreteras y el descenso en el número de secuestros durante la época de Uribe, el conflicto ya no toca todos los días a su puerta. Éste sí continúa en cambio en las comunidades campesinas, donde el desplazamiento, el reclutamiento forzado de menores y la presencia de cultivos ilícitos que financian la estructura militar de las FARC son la constante.
El gran promotor del No es precisamente el ex presidente Uribe. Con intervenciones, y también vía Twitter, alude a que el país se le está entregando a los guerrilleros, utiliza la estrategia de promover la desinformación y mezcla otros temas como la reforma tributaria que está preparando el gobierno de Santos.
Pero además, en medio de un sistema político altamente complejo, otros temas están permeando el debate de la paz. En el último año, la oposición usó como estrategia mediática su creatividad a lo Frank Underwood (personaje protagonista de la serie House of Cards) y ha logrado movilizar las bases ciudadanas para promover el No al matrimonio gay, el No a la adopción por parejas del mismo sexo y el No a la educación sexual en los colegios. El No se volvió en una consigna para proteger al país de lo que suene a diferente, izquierda o guerrilla. Y es que en Colombia el miedo a la guerrilla penalizó la diversidad de opiniones desde el inicio del conflicto. En un país donde el Estado de sitio fue la regla durante los 70 y 80, no hay Estatuto de la oposición, a pesar de que está consignado como prioridad en la Constitución de 1991, y la mayoría de los partidos políticos pertenecen a las dos fuerzas tradicionales (liberal o conservador), el camino a una propuesta diferente de país se penaliza.
El rol de la comunidad internacional
Como en otros históricos procesos de paz, tampoco en Colombia habría sido posible firmar la paz sin el apoyo y acompañamiento de la comunidad internacional. En primer lugar, ha sido clave el papel de los gobiernos de Cuba y Noruega como países garantes del proceso de paz (con La Habana como lugar de reunión para las negociaciones entre el Gobierno y la guerrilla), y así como el apoyo del gobierno de Venezuela como facilitador de logística y acompañante.
Por otro lado, la Unión Europea ha apoyado el proceso de paz desde el inicio, sobre todo a través de la Alta Representante para la Política Exterior y de Seguridad de la UE, Federica Mogherini. Ésta visitó el país en mayo pasado y anunció que la UE prestará apoyo a la ejecución del proceso de paz con un paquete valorado en 575 millones de euros, y ya está preparando nuevos proyectos que incluyen, por ejemplo, la educación para la paz en el contexto del Acuerdo de Paz. También el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, visitó el país en los días de la firma del Acuerdo, y anunció ante el Congreso de Colombia enviar una misión de observadores desde Europa para seguir el proceso del plebiscito por la paz (siempre que lo solicite el Gobierno, como en cualquier otra misión de observación electoral).
También el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quiso apoyar desde el inicio este proceso y anunció en la visita del presidente Santos a la Casa Blanca, el marzo pasado, la intención de aumentar la ayuda económica anual del Plan Colombia (que cumplía ya 15 años), con un paquete inicial de 450 millones de dólares para el desarrollo del postconflicto en tres pilares: ayudar a la consolidación y expansión de los avances en seguridad y lucha antidrogas, así como la reintegración de las FARC a la sociedad. Por último, el Papa Francisco, que en su mensaje de Navidad en 2015 ya expresó su apoyo al proceso de paz colombiano en curso, ha anunciado su visita a Colombia en el primer semestre de 2017.
Está por ver si todo esto apoyo internacional tiene alguna influencia en el pueblo colombiano, que es el que tiene la última palabra el próximo 2 de octubre para que esta paz tan anhelada sea por fin una realidad.
