Por qué, dónde y quién mata periodistas en México. Y cómo es que el presidente del país alienta la hostilidad contra ese gremio.
En un bar llamado La Resistencia, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, unos 50 periodistas mexicanos se reunieron a honrar a otro centenar de compañeros de oficio colocando veladoras por cada uno de ellos, los muertos por la violencia en los anteriores 22 años.
Sobre el piso del establecimiento, un pulcro espacio de nueve metros de fondo por tres de ancho, en las paredes fotos de la guerrilla zapatista que de los cerros aledaños brotó en 1994, la mano de Gabriela Gamboa colocó cinco columnas de veladoras, cada hilera con 30 unidades. Tarjetas negras impresas en letras rojas asignaban nombre a cada una de ellas. El rectángulo de luces parpadeantes era un tapete de fuego al que decenas de camarógrafos tomaban fotos y filmaban. Fuera del edificio, en la penumbra de las angostas calles del pueblo serrano, quietos hombres guardaban silencio, mientras la reportera de una televisora nacional describía ante cámara el evento.
El rectángulo perfecto hecho por Gabriela Gamboa fue, sin embargo, alterado en ese mismo instante de la solemne vigila. Una mano ajena colocó una veladora más. Una tarjeta distinta a las otras y sobre ésta un nombre escrito con caligrafía apurada, “Juan Carlos M”, fue recostada en el vaso de la nueva candela. “¿Y esto?”, preguntó uno de tantos periodistas. “Es por el que mataron hoy”.
A esa hora nocturna, los restaurantes del centro de San Cristóbal de la Casas se llenaban de comensales, extranjeros y turistas nacionales. Era el primer viernes de marzo y en el país donde más periodistas son víctimas de muerte violenta en el mundo hoy, México, un homenaje con 151 veladoras incluía ya seis llamas de los caídos en 2022, cuando apenas habían transcurrido 63 días de iniciado el año.
La guerra en Europa
Una semana después, en Chiapas también, a 430 kilómetros de distancia, esta vez en Tapachula, en la zona fronteriza con Guatemala, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador —quien en diciembre pasado llegó a la mitad de su periodo de gobierno; tres de los de seis años que indica la Constitución—, instruía al público de su diaria conferencia de prensa sobre lo que esas muertes de periodistas representan para el país: “En estos dos meses y medio (de 2022), lamentablemente han perdido la vida cerca de 5.000 mexicanos; han sido asesinados. Y de esos 5.000, cinco (eran) periodistas”. Son muy malas las comparaciones, advirtió el presidente, antes de dar las cifras con las que, a su juicio, dejaba en claro qué pequeño número es cinco ante 5.000. Agregó que por los asesinatos de esos periodistas, “solo en un caso no tenemos detenidos”.
Pese haber transcurrido una semana completa del asesinato de Juan Carlos Muñiz, en Fresnillo, Zacatecas, la ciudad percibida como la más insegura del país, de acuerdo a la encuesta nacional de seguridad pública urbana, López Obrador obvió mencionar ese sexto crimen.
La omisión del crimen de Muñiz no causó tanto azoro como la respuesta que esa misma mañana, en cadena nacional, el presidente de México dio al Parlamento Europeo, que un día antes, el 10 de marzo, en Estrasburgo, había aprobado una resolución, con 607 votos favorables, conminando a su gobierno a garantizar un entorno seguro a periodistas y defensores de derechos humanos para que éstos puedan “continuar sus actividades sin temor a represalias y sin restricciones”.
Cinco fracciones del Parlamento participaron en la autoría de la resolución que, en sus considerandos, hace referencia a la “retórica populista” empleada con frecuencia por el presidente de México para “denigrar e intimidar a periodistas independientes”.
López Obrador rugió su respuesta contra los parlamentarios. “Basta de corrupción, mentiras e hipocresía”, inicia su refutación escrita la cual leyó en la conferencia de prensa y que, según confesó ese 11 de marzo, escribió sobre las rodillas durante el vuelo de la ciudad de México a Tapachula, sin darse tiempo para mostrársela a su cancillería. “No es cierto lo que sostienen; es completamente falso”, agregó ante las cámaras, en su espectáculo matutino que los mexicanos identifican como “la mañanera”. Culpó a gobiernos pasados por el clima de violencia contra periodistas. Dijo que la tendencia de homicidios va a la baja. Sumó adjetivos como colonialistas, conservadores, borregos para los eurodiputados y tras unos minutos de programa comenzó a llamar otra vez “mafia” a la prensa mexicana que lo critica.
El enemigo interno
Quién mata a los periodistas en México, le pregunté a Sergio Ortiz, un corresponsal de prensa en Guanajuato, uno de los tres estados más violentos de México. Tras un suspiro, respondió:
“Es bien fácil: el aparato político en México. Y no hablo de un solo color (partido). Se ha quitado la dignidad al trabajo periodístico con descalificaciones desde la Presidencia. Obviamente eso permite que a quienes están en los municipios se les haga fácil mandar golpear o matar a algún compañero”.
Ortiz guarda luto por su excolaborador Israel Vázquez Rangel, quien fue asesinado en abril de 2021 —hay sentencia condenatoria contra uno de los autores materiales, mientras que otro, en prisión preventiva, espera sentencia—. Relató que hoy, al ejercer su oficio, se siente “frágil, débil, desnudo”. Dijo que los periodistas han comenzado a prescindir de logotipos en sus micrófonos y vestimentas que los identifiquen como miembros de un corporativo mediático —él trabaja para una cadena de televisión y radio mexicana—, “porque es más peligroso; porque te pueden identificar más fácil los criminales o los políticos”.
Adriana Urrea es la lideresa del sindicato de la agencia de noticias del Estado mexicano, Notimex. Hace dos años está en huelga junto con otros 70 periodistas. El asedio del Gobierno hacia ella y sus compañeros, sus empleados, hiela la sangre. Una tarde de mayo de 2021, suele platicar, atentaron contra un campamento en que pernoctaban para llamar la atención sobre su movimiento; estaban junto a Palacio Nacional, lugar de residencia del presidente López Obrador. Pese a la denuncia, los hechos no se investigaron.
Se mata periodistas, me dijo Urrea, porque son incómodos. “Esa es la respuesta más sencilla”, agregó una tarde reciente de marzo. “Pero, en realidad, es reflejo de una crisis social. Los matan porque no quieren que investiguen; por corrupción, por colusión; porque afectan intereses… O, como el caso de Lourdes Maldonado, presuntamente porque ¡ganó un laudo laboral!”.
En el centro de la capital del país, el Palacio Nacional ha sido estos meses el origen de amenazas contra periodistas. Le ocurrió a Luis Cardona, quien ya en el pasado ha resentido agresiones por su trabajo; en 2012 fue secuestrado y torturado, en Chihuahua.
El 31 de octubre de 2019, Cardona cuestionó en una conferencia de prensa “mañanera” al entonces secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, y al propio presidente de la República. El ambiente era tenso en el país. Días antes, en Culiacán, Sinaloa, Ovidio Guzmán, hijo del “Chapo” Guzmán, el famoso narcotraficante hoy sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos, fue detenido por el Ejército mexicano, pero luego liberado por orden del presidente López Obrador. El episodio quedó en la historia con el apelativo de el “Culiacanazo”.
Tras el zipizape con el presidente, su vocero y Durazo, pues Cardona criticó el manejo de la crisis, el periodista fue amenazado de muerte. Hasta hoy, el propio Gobierno federal ha tenido que protegerlo, con escoltas armados los anteriores dos años, y trasladarlo a domicilios distintos ya en un par de ocasiones. Ahora mismo sigue desplazado; pero aun cuando se tiene identificado a quién lo amenazó, un juez determinó retirarle la escolta porque, arguye, la agresión no le causó daño. El periodista apelará a esta resolución.
Autoridades coludidas
Oaxaca, en el suroeste de México, es uno de los cuatro estados más peligrosos para los periodistas del país y los defensores de los derechos humanos y el medio ambiente. En el periodo de gobierno de López Obrador, cuatro periodistas y 14 activistas de derechos humanos han sido abatidos en ese territorio.
Heber López fue la más reciente víctima entre los periodistas; lo asesinaron el pasado 10 de febrero. Hoy mismo se busca a Irma Galindo Barrios, defensora del medio ambiente, desaparecida en octubre de 2021, cuando acudía a una cita con la autoridad federal que coordina el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (MP).
Maurilio Santiago Reyes, un sazonado defensor de comunidades indígenas, es uno de los nueve ciudadanos que integran el Consejo Consultivo del MP. Oaxaqueño, el 15 de febrero pasado participó en un diálogo, organizado por el gobierno federal, en que se discutió la elaboración de una nueva ley de protección para periodistas y defensores de derechos humanos —la vigente data de junio de 2012—. Aquel día dijo: “No puede haber justicia si existe impunidad. En Oaxaca no se castiga a los asesinos. Existe impunidad y privilegios para aquellos que violentan los derechos humanos. Oaxaca es un estado donde existen grupos criminales que tienen negocios con funcionarios. Y en donde si se publica una nota, o se exige, se les mete a la cárcel (a quienes denuncian), o se les desaparece”.
De acuerdo con información estadística del MP, tras la llegada de López Obrador a la presidencia del país, incrementó el involucramiento de funcionarios públicos en las agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos. En los tres últimos años de la anterior administración federal —encabezada por Enrique Peña Nieto—, durante 2016 y hasta el 1 de diciembre de 2018, funcionarios públicos habrían sido los probables agresores de periodistas y defensores de derechos humanos en un 35,3% de los casos, en promedio. Del periodo de López Obrador se dispone información de los primeros 29 meses (de diciembre 2018a abril 2021). En este tiempo, funcionarios públicos habrían sido responsables, en promedio, del 49,7% de las agresiones.
Sobre la presunta participación de servidores públicos en crímenes, durante esa misma reunión en Oaxaca, el titular del MP, Enrique Irazoque, fue muy específico: “en este país hay autoridades municipales que no solo se resisten a la protección, sino que son los agresores”. No mencionó a autoridades estatales o federales.
A Heber López lo mataron en el tórrido Salinas Cruz, Oaxaca, de cinco disparos frente a su hijo adolescente. Uno de sus presuntos asesinos resultó tener tantas conexiones políticas que es difícil no pensar en un crimen de Estado: es hermano de una funcionaria pública que intentaba reelegirse en su cargo —López había escrito una ácida crítica en su contra apenas un día antes de morir— y esposo de una presidenta municipal, cuya oficina está a 60 kilómetros de donde se cometió el crimen.
Primero el tuit, luego la bala
Si Oaxaca es el estado más peligroso para los ambientalistas, ocho de éstos fueron asesinados en 2021, Sonora, en la frontera con Arizona, Estados Unidos, es uno de los estados más letales para los periodistas mexicanos: ocho fueron liquidados entre diciembre de 2018 y esta fecha, según cifras del MP. Siete de éstos fueron victimados en ayuntamientos presididos por Morena, el partido político del presidente de la República.
Un día antes de que lo secuestraran, Benjamín Morales Hernández pedía: “Si usted quiere decir algo, dígalo de frente y sin máscara. No se esconda detrás del aparato (computadora). Dígalo de frente. Hay que tener valor civil”.
El periodista, cuyo cadáver fue encontrado el 3 de mayo de 2021 en las proximidades de Sonoyta, Sonora, donde residía y trabajaba, mencionó en lo que sería su último vídeo mensaje a los 14.000 seguidores de su sitio, Xonoidag, que había “troles” que lo ofendían. Concluyó con un saludo, en sorna, “a los que andan con Enrique Valdez [candidato del partido Morena]”, “esos que se esconden a través del Facebook”.
Una semana antes habían iniciado las campañas electorales en los 74 municipios de Sonora, para el relevo de ayuntamientos. También se disputó, el 6 de junio de 2021, la totalidad del Congreso local y la gubernatura.
Aun con el descrédito por el “Culiacanazo” y la creciente violencia en el país, Alfonso Durazo, para entonces ya exsecretario de Seguridad Pública federal, postulado por Morena, ganó la gubernatura. Relevó a Claudia Pavlovich, del opositor Partido Revolucionario Institucional, quien luego de esa elección fue designada por el presidente como cónsul de México en Barcelona. Fue una cómoda salida para la política, pese a que perdió la plaza para su partido.
Morena también se quedó con la mayoría en el Congreso y la casi totalidad de los municipios.
En Sonoyta, un árido recodo de la frontera entre México y EE UU, lugar de continuo trasiegos de drogas y migrantes no documentados, con paisajes similares a los escenarios de la película No es País para Viejos, Enrique Valdez, de Morena, preside hoy el cabildo municipal. A 11 meses del asesinato de Benjamín Morales Hernández, nadie ha sido detenido. Los homicidios de periodistas en México quedan impunes en el 91% de los casos, también de acuerdo al MP.
Apenas transcurridos 100 días de gobierno del presidente López Obrador, los ataques y campañas de ridiculización contra periodistas y medios de comunicación comenzaron a ser tendencia en la red social Twitter. Por tres años continuos el acoso en línea a quienes critican al mandatario ha sido incesante, y de acuerdo a un análisis de Signa_lab, un centro de investigación del mundo socio-digital bajo el cobijo de la Universidad Jesuita de Guadalajara, parece que no ha sido casual, sino “una operación sofisticada de producción de narrativas políticas”, con un diseño de agenda y encuadre, modo de ataque y replicación automatizada de contenido.La velocidad con que se escala del plano virtual al real, de lo online a lo offline, “es un factor central para comprender las reconfiguraciones sociales actuales”, menciona el análisis de Signa_lab. Advierte que la campaña de ataques en redes contra el periodismo estaría, por ende, sembrando un mensaje peligroso para la democracia mexicana: “mantener a raya a quienes critican al presidente”.
El análisis referido fue publicado el 28 de febrero de 2019. De entonces a hoy, la situación ha empeorado. El Presidente no solo amplía cada día su lista de descalificaciones contra la prensa; su hostilidad contra quienes lo critican no la refrena ni en días en que a la par ha lamentado el asesinato de otro periodista. El 30 de junio de 2021 incluyó en “la mañanera” la sección “Quién es quién en las mentiras”, para, dijo, “dar a conocer las mentiras que se difunden en medios de información, convencionales y también en las redes”.
El año del periodista
El gobierno de México dedica este año a la memoria del periodista oaxaqueño Ricardo Flores Magón, un anarquista que murió en prisión hace 100 años y fue un inflexible crítico de un presidente constitucional que se instauró como dictador, Porfirio Díaz.
Paradójico que Flores Magón, quien con vehemencia repudiaba a los timoratos, sea el símbolo del Gobierno mexicano estos días, pues a la par que las agresiones a periodistas inician cada mañana en la tribuna presidencial, López Obrador recomienda a los reporteros ser “prudentes”, porque de lo contrario, como lo dijo en abril de 2019, “ya saben lo que pasa”.
“Tengo el presentimiento de que el crimen organizado es el brazo armado del Gobierno para tratar de callar a los periodistas”, declaró en una entrevista Luis Cardona en 2015; aquel año fueron siete los periodistas asesinados en México, según el recuento de la organización Artículo 19. Hoy, cuando la cuenta suma seis homicidios en un trimestre, la preocupación del periodista no es solo el narco, omnipresente en la vida mexicana, sino el poder abrumador del presidente:
“Yo creo que el presidente lo que trata es de dividirnos”, me dijo Cardona el pasado 5 de marzo, cuando en San Cristóbal de las Casas se celebró un llamado Encuentro Nacional de Periodistas, ideado para atraer reflectores sobre la desesperada situación del gremio. “Lo que intenta es que perdamos objetividad”. Hacía referencia al más reciente encono de López Obrador contra un periodista.
Cardona camina apoyado en un bastón, secuela de la tortura que padeció cuando lo secuestraron en 2012. Tiene 61 años. Comenta que duerme mal, donde sea que pernocte hoy. Vive de los ingresos publicitarios de un portal que él edita, diario.19. Voz cascada por el cigarro, agregó: “Importa el respeto del presidente de la República a la prensa. Que deje de estar señalando y poniendo en duda con algunos ejemplos, porque es como decir: ‘mira lo que te va a pasar si te metes con nosotros’”.
Por qué insistir, le pregunté. Su respuesta evocó un tiempo glorioso del periodismo mexicano, el del siglo XIX: “Desde los 16 años practico periodismo. No es la primera vez que me enfrento a situaciones de riesgo. He recibido amenazas. Me secuestraron, me torturaron. La convicción es lo que te lleva a esto. ¿Qué es riesgoso?, sí. Pero cuando te reprimen es precisamente lo que más te anima a seguir; quiere decir que tu trabajo va por la línea correcta”.
Cardona es heredero del arrojo de un Juan Bautista Morales, quien cierta vez que recibía una reprimenda por sus artículos por otro presidente López, quien también calificaba como traidores a sus disidentes, le replicó, según la crónica de Guillermo Prieto: “Yo he de seguir escribiendo como hasta hoy; y tenga usted muy presente que cuando comencé esta tarea, me convencí de que en lo más que puedo parar es en cuatro velas y un petate”. Aquel presidente era Antonio López de Santa Anna, quien devino en dictador. El año del desencuentro fue 1845.
Un siglo después de esa anécdota luminosa, los periodistas mexicanos, siempre con excepciones, eran una parodia de aquellos titanes de la libertad de expresión. Transformada la Revolución de 1910 en régimen de partido único, un modelo que vigente 70 años después Mario Vargas Llosa llamaría “la dictadura perfecta”, la prensa no tenía empacho en ser cooptada por el presidente de la República en turno y los gobernadores en las provincias; las eventuales discrepancias se arreglaban con incrementos a las pautas de publicidad. Pero el partido omnímodo se debilitó al menguar el siglo y la democracia comenzó a robustecer. Para el año 2000, al fin una organización política distinta ganó la presidencia del país.
El asesinato del periodista Manuel Buendía, el 30 de mayo de 1984, marcó un parteaguas para la prensa en México. Cimbró a las redacciones de todo el país; pero sirvió de recordatorio de que la investigación reporteril no es solo moneda de cambio por prebendas sino herramienta para ceñir y modelar una mejor sociedad y en las aulas universitarias inspiró a quienes se disponían incursionar en los medios, los animó a pulir la técnica y a soldar las comisuras de la armadura ética que debían vestir para enfrentar las tentaciones del poder.
Las dos primeras décadas de este siglo han sido venturosas y trágicas para la prensa mexicana. Socavados los ingresos de la industria tradicional por la creciente influencia de las redes sociales desde 2005, los periodistas, históricamente mal asalariados y con precarias prestaciones laborales, padecen despidos por cierres, acumulación de tareas y horas sin pago extra e, incluso, en los días de luto que los envuelven, me contó Adriana Urrea, ciertas empresas los han desconocido como empleados, para eludir responsabilidad laboral con los deudos. Y no obstante, hay razones para la esperanza: se multiplican los medios independientes y críticos; se percibe mayor profesionalización de los reporteros y hasta es posible avizorar más unión gremial ante los embates de la violencia. Quizá, siguiendo el razonamiento de Cardona, el periodismo mexicano retoma una senda virtuosa, a juzgar por la frecuencia con que se les asesina.
Fueron 150 velas las que Gabriela Gamboa encendió la noche anterior al Encuentro Nacional de Periodistas, una por su esposo, Fredy López Arévalo, asesinado en el mismo San Cristóbal de las Casas, el 28 de octubre de 2021.
Terminada la instalación y mientras los asistentes observaban el incesante parpadeo de las flamas, una voz rompió el vidrio del silencio: “¡A mi papá lo mataron de un disparo enfrente de nuestra casa!” La huérfana delimitó otro de los contornos de tantas tragedias. La angustia del grito impidió ver quién colocó en ese momento una veladora adicional, en honor de Juan Carlos Muñiz, a quien ese día un homicida aún impune le impuso su hora de cierre.
