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Un grupo de personas pidiendo Justicia y Verdad en Ayacucho, Perú, tras recibir los restos de sus familiares desaparecidos en 1980. (Cris Bouroncle/AFP/Getty Images)

¿Está Perú preparado para asumir responsabilidades y la reparación sobre los excesos cometidos entre 1980 y 2000?  

Este año 2018 fue denominado en Perú como el “Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”, si bien, a pesar de lo ampuloso del nombre, lo cierto es que el país está lejos, muy lejos, de cualquier superación de un conflicto que finalizó en los 90 y del que han transcurrido ya quince años de la publicación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR). Ello sin que la página de la historia más atroz de Perú haya sido aún leída.

De por sí, la denominación de cómo sea catalogada la violencia política en Perú es un instrumento que, por lo pronto, sirve para ubicar, desde un reduccionismo tan simplista como falaz, la posición ideológica de quien trata de aproximarse al estudio o conocimiento de este hecho. Es decir, mientras que las Fuerzas Militares o el fujimorismo tildan toda la violencia de “terrorismo”, lo cual denota (y justifica) un esfuerzo del Estado en superar una amenaza violenta que aspira a su destrucción per se, la propia CVR o, mayoritariamente, visiones más desapasionadas o académicas, recurren a una noción mucho más adecuada en la comprensión de los hechos como es “conflicto armado interno”. Es decir, entender la violencia como algo puramente político, en la que dicha violencia se torna como un medio y no como un fin, y en la que el papel del Estado, y particularmente de la Fuerza Pública, se redefine como un actor protagónico más en el curso de los acontecimientos. Y es que, no podemos olvidar que de las ...