El año político en Polonia llega a su fin con un grave revés, la UE pone en marcha el artículo 7 ante el rápido distanciamiento polaco de los valores democráticos.
El 20 de diciembre, la Comisión Europea puso en marcha el artículo 7.1 del Tratado de la Unión y pidió al Consejo que determinara que “existe un claro riesgo de violación grave” de los valores europeos por parte de Polonia. Pocas horas después, el presidente polaco, Andrzej Duda, desafió a Bruselas al declarar que pensaba firmar la reforma del sistema judicial que se considera constitucional y que ha sido una de las principales razones de la medida de la Comisión.
El anuncio de Duda fue una manifestación evidente del empeño de Polonia en rechazar las presiones externas y de su desprecio por la norma contenida en el Tratado y aplicada por la Comisión. Los dirigentes del partido gobernante, PiS, criticaron a la Comisión por sobrepasar sus competencias y dijeron que el procedimiento es ilegal y las acusaciones contra Polonia tienen una motivación política.
Afirman que está castigándose a Varsovia por defender su soberanía al negarse a aceptar refugiados. Probablemente, la decisión de firmar la polémica ley cierra la puerta a cualquier posible acuerdo en este aspecto, pese a que la Comisión la había mantenido todavía abierta cuando dio a Polonia tres meses más de plazo para que encontrara una solución. Ahora no se sabe bien qué podrán abordar las conversaciones entre el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, cuando se reúnan, según lo previsto, en enero de 2018.
Si bien varios expertos aseguran que el artículo 7 tendrá consecuencias destructivas para la posición de Polonia dentro de la UE, la verdad es que esa posición lleva ya tiempo debilitándose. La decisión de la Comisión no va a provocar nada, sino que se limita a poner de relieve algo que ya está sucediendo. Donde más se notarán los efectos de la medida del 20 de diciembre será en la política interna.
La culminación de la reforma judicial supone decir adiós al sistema de separación de poderes vigente en la mayoría de las democracias liberales modernas. Impulsada sin ningún respeto al Estado de derecho (el hecho de que se acorten los mandatos de los magistrados del Tribunal Supremo viola la Constitución), da al Ejecutivo la potestad de nombrar y controlar a los jueces.
El presidente Duda, que vetó la reforma el pasado verano, se ha situado ahora del lado de su partido. Y el nuevo primer ministro, Morawiecki, por muy modernizador que sea en lo económico, es autoritario e inflexible en relación con las instituciones públicas.
Al apropiarse del Tribunal Constitucional, los medios de comunicación públicos, el aparato judicial y dentro de poco, con toda seguridad, la Comisión Electoral Nacional, el PiS está eliminando todas las válvulas de seguridad que tenía el sistema político. No está claro adónde llevará toda esta centralización del poder. Todavía es prematuro hablar de un sistema autoritario. Pero el control del PiS sobre el país es cada vez más firme, y su decisión de seguir adelante es evidente.
La futura política europea de Polonia va a depender de cómo reaccionen los políticos y la opinión pública ante la nueva realidad del artículo 7. La propaganda del Estado dice que la decisión de la Comisión es un acto hostil, lo cual sirve para alimentar la imagen de Polonia como una fortaleza sitiada y afirmar que Occidente ha vuelto a traicionar al país. Es habitual oír hablar de “ellos” y “nosotros”.
La decisión de Bruselas coloca a Europa en el centro de la polarizada política polaca, y eso puede acarrear oportunidades y peligros. El antieuropeísmo no es muy popular entre la población, y es posible que la oposición movilice a los votantes que temen las consecuencias negativas de la deriva actual hacia un “Polexit” psicológico. Pero el lenguaje soberanista es una herramienta muy poderosa en la era de las incertidumbres y las identidades. Sobre todo, porque la Unión Europea ha perdido parte de su atractivo.
La idea de que la UE se encamina en una dirección que perjudica los intereses polacos está ganando terreno por motivos que van más allá de su “injerencia” en las reformas judiciales. Las reformas previstas para la eurozona marginarán aún más a los países que están fuera de la moneda común, como Polonia, y el Brexit, cuando se lleve a cabo, debilitará todavía más su posición. En Polonia opinan que la Cooperación Permanente Estructurada en Defensa (PESCO por sus siglas en inglés) es un instrumento para promover los intereses franceses y que podría incluso debilitar la defensa colectiva de la OTAN. Y el problema de la inmigración está aislando a Varsovia.
En cuanto al mercado único, el proteccionismo creciente de Europa Occidental (que se justifica como una forma de combatir la competencia desleal que representa el dumping social) amenaza con reducir la convergencia económica de Polonia con Occidente. Por no hablar del próximo presupuesto de la UE, que será menor, más difícil de aprovechar y menos centrado en la cohesión. Todos estos factores no contribuyen precisamente a dar una buena imagen de la UE.
Con el paso del Rubicón del artículo 7 y la transformación autoritaria prácticamente completada, estas son unas Navidades pesimistas para todos los que se preocupan por los valores liberales y europeos en Polonia. Pero 2018 todavía puede ofrecer una oportunidad —tal vez la última— para impedir que el país siga alejándose de la UE y los valores occidentales.
La versión original y en inglés ha sido publicada con anterioridad en ECFR. Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.
