Polacos participan en una manifestación en defensa de la democracia en Varsovia. Gallup/Getty Images

El año político en Polonia llega a su fin con un grave revés, la UE pone en marcha el artículo 7 ante el rápido distanciamiento polaco de los valores democráticos.  

El 20 de diciembre, la Comisión Europea puso en marcha el artículo 7.1 del Tratado de la Unión y pidió al Consejo que determinara que “existe un claro riesgo de violación grave” de los valores europeos por parte de Polonia. Pocas horas después, el presidente polaco, Andrzej Duda, desafió a Bruselas al declarar que pensaba firmar la reforma del sistema judicial que se considera constitucional y que ha sido una de las principales razones de la medida de la Comisión.

El anuncio de Duda fue una manifestación evidente del empeño de Polonia en rechazar las presiones externas y de su desprecio por la norma contenida en el Tratado y aplicada por la Comisión. Los dirigentes del partido gobernante, PiS, criticaron a la Comisión por sobrepasar sus competencias y dijeron que el procedimiento es ilegal y las acusaciones contra Polonia tienen una motivación política.

Afirman que está castigándose a Varsovia por defender su soberanía al negarse a aceptar refugiados. Probablemente, la decisión de firmar la polémica ley cierra la puerta a cualquier posible acuerdo en este aspecto, pese a que la Comisión la había mantenido todavía abierta cuando dio a Polonia tres meses más de plazo para que encontrara una solución. Ahora no se sabe bien qué podrán abordar las conversaciones entre el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, cuando se reúnan, según lo previsto, en enero de 2018.

Si bien varios expertos aseguran que el artículo 7 tendrá consecuencias destructivas para la posición de Polonia dentro de la UE, la verdad es que esa posición lleva ya tiempo debilitándose. La decisión de la Comisión no va a provocar nada, sino que se limita a poner de relieve algo que ya está sucediendo. Donde más se notarán los efectos de la medida del 20 de diciembre será en la política interna.

La culminación de la reforma judicial supone decir adiós al sistema de separación de poderes vigente en la mayoría de las democracias liberales modernas. Impulsada sin ningún respeto al Estado de derecho (el hecho de que se acorten los mandatos de los magistrados del Tribunal Supremo viola la Constitución), da al Ejecutivo la potestad de nombrar y controlar a los jueces.

El presidente Duda, que vetó la reforma el pasado verano, se ha situado ahora del lado de su partido. Y el nuevo primer ministro, Morawiecki, por muy modernizador que sea en lo económico, es autoritario e inflexible en relación con las instituciones públicas.

Al apropiarse del Tribunal Constitucional, los medios de comunicación públicos, el aparato judicial y dentro de poco, con toda seguridad, la Comisión Electoral Nacional, el PiS está eliminando todas las válvulas de seguridad que tenía el sistema político. No está claro adónde llevará ...