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Desde 1994, el Departamento de Justicia de EE UU tiene derecho a procesar a sus ciudadanos en suelo estadounidense por delitos de tortura cometidos en el extranjero. Pero esa ley no ha producido la primera condena hasta un caso muy peculiar ocurrido este año. Charles “Chuckie” Taylor Junior, hijo del antiguo presidente de Liberia, fue condenado por un tribunal federal el 30 de octubre por tortura, conspiración y posesión de un arma de fuego. Está claro que los crímenes de guerra son cosa de familia; en la actualidad su padre está pendiente de juicio en La Haya.

Taylor hijo nació en Massachussets y conservó su nacionalidad estadounidense cuando se trasladó a Liberia, después de que su padre tomara posesión. Cometió sus crímenes cuando era jefe de la Unidad Antiterrorista (llamada las Fuerzas del Demonio) del Gobierno de su padre entre 1999 y 2002. Aunque su tarea, oficialmente, era proteger a los funcionarios liberianos, en la práctica, dijo la acusación, Taylor torturó a miembros de la oposición y adversarios políticos mediante el empleo de hierros, cera caliente, cuchillos, polos eléctricos y armas de fuego.

Es la primera vez que se aplica el estatuto federal de tortura extraterritorial en EE UU, aprobado en 1994 después de que este país ratificara el Convenio de Naciones Unidas contra la Tortura. Los defensores de los derechos humanos confían en que no sea la última. Es fundamental el hecho de que la ley otorga al Departamento de Justicia de EE UU autoridad para procesar a ciudadanos de otros países en suelo estadounidense por torturas cometidas en el extranjero. Varios grupos están presionando para que se procese a personas que en el pasado violaron los derechos humanos en Chile, El Salvador, Guatemala y Haití y que ahora residen en Estados Unidos.

Algunos especulan que podría incluso abrir la puerta al procesamiento de funcionarios de la Administración Bush por llevar a cabo torturas en el extranjero. “Habría que poder demostrar que tal funcionario concreto hizo tal cosa”, explica Mark Schneider, del Grupo Internacional de Crisis. “¿Es posible que la ley lo haga? Creo que sí”.