Saber quién posee qué es de gran utilizad a la hora de perseguir y castigar la corrupción, el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Es probable que todos conozcamos el nombre o la imagen de algún comerciante de nuestro barrio. Seguramente, además de ser quién nos atiende, esa misma persona es la propietaria del negocio. Sin embargo, no podremos decir lo mismo de otros grandes negocios en los que también somos clientes, y mucho menos de las empresas que están detrás de los servicios de los que somos usuarios. ¿Quién es el principal accionista de la compañía constructora del edificio en el que vivo? ¿O de la que hace la recogida de basura? ¿Quién es el titular de la corporación a la que se ha adjudicado el hospital al que acudo?

Seguramente no disponemos de esa información porque en nuestro quehacer diario nos resulta irrelevante. Pero si alguna vez nos fuera de interés, ¿sabríamos dónde acudir para esa pesquisa?

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El escándalo que conocemos como los Papeles de Panamá puso de manifiesto los complejos entramados corporativos tras los que se ocultan los titulares de algunas grandes fortunas y bienes de lujo. En la excelente película que es La Lavandería se expone cómo una empresa que factura millones de euros puede tener cómo única referencia física un apartado de correos en algún lugar perdido, con frecuencia insular. Y una reciente publicación de la organización británica Open Ownership muestra en un gráfico la complejísima estructura de los múltiples propietarios de los almacenes que explotaron y asolaron el puerto de Beirut en agosto de 2020.

Se estima que cualquier investigación judicial se prolonga al menos un año adicional y su costo se incrementa en un millón de euros por cada cambio de jurisdicción. En el mencionado gráfico sobre Beirut se ...