El machete del radicalismo islámico y la represión del Gobierno están reduciendo a mínimos el espacio de la libertad de expresión en Bangladesh. Blogueros ateos, activistas críticos, gais, periodistas y políticos opositores están siendo asesinados, encarcelados o perseguidos judicialmente por expresar ideas que no encajan con el discurso de un país en eterna crisis política y sumido en un creciente problema de seguridad al que hasta hace poco se asignaba una etiqueta de moderado.
"Ya no queda nada. Hemos perdido una era". Así sintetizaba la situación a este periodista un miembro de la comunidad homosexual bangladesí bajo anonimato. Lo hacía días después de que el 25 de abril hubieran sido asesinados a machetazos por extremistas islámicos dos destacados activistas del colectivo y revista Roopbaan, defensor de los derechos de lesbianas, gais, bisexuales y transexuales (LGTB) en Bangladesh. Ese ataque se convirtió en el primero con víctimas mortales cometido contra la comunidad gay en un país de 160 millones de habitantes en el que la homosexualidad es delito según el código penal y donde la religión mayoritaria, el islam, lo considera pecado. Ahora, tras años de lentas conquistas de espacios de libertad tolerada, plantando cara a la discriminación, la causa LGTB parece enterrada por mucho tiempo. El exilio, el anonimato y la suspensión de todo tipo de contactos que puedan comprometer la seguridad son la tónica que espera, según sus miembros.
Los gais son el dardo más novedoso, ya ni siquiera el más reciente, en la diana de los islamistas, una diana que desde 2016 se ha ido ampliando, dando pie a que se instaure cada vez más miedo en una sociedad en la que su versión del islam había sido etiquetada tradicionalmente d e moderada, lejos de la conflictividad de otros puntos de la región. "Al menos los extranjeros os podéis marchar del país cuando queráis, nosotros en cambio nos tenemos que quedar y no sabemos cuál puede ser el siguiente objetivo…", lamentó un fotoperiodista de una agencia de noticias acostumbrado a cubrir sucesos violentos.
Ola de ataques selectivos
En los últimos 15 meses han sido asesinados en el país del gran Delta, generalmente a golpe de cuchillo, seis blogueros y pensadores laicos críticos con el fundamentalismo islámicos, y han sido atacados, con la muerte como resultado en la mayoría de los casos, profesores universitarios, ciudadanos extranjeros y varios representantes de minorías religiosas como chiíes, ahmadíes, hindúes y cristianos. Más de una veintena de acciones en total que han sido reivindicadas a menudo por Daesh y por la rama de Al Qaeda en el subcontinente indio.
El Gobierno de Bangladesh, por su parte, ha subrayado que ni Daesh ni otras organizaciones terroristas transnacionales tienen presencia en el país, a pesar de que ambas han proclamado que Bangladesh es un punto estratégico importante en sus aspiraciones. Las autoridades bangladesíes han calificado los ataques de "incidentes aislados", "como los que ocurren en muchos otros lugares", han responsabilizado de ellos a organizaciones extremistas autóctonas y no han escatimado recursos en lanzar acusaciones contra su oposición política. Entretanto, apenas se han producido arrestos relevantes en relación con los homicidios.
No solo eso, sino que los atentados rara vez han arrancado empatía con las víctimas o condenas enérgicas por parte de los responsables políticos. Más a menudo se han producido sin embargo bochornosas declaraciones a cargo del ministro bangladesí del Interior, Asaduzzaman Khan Kamal, aludiendo a que se debía investigar qué habían escrito o estaban haciendo algunos de los asesinados. Y la primera ministra, Sheikh Hasina, ha subrayado con insistencia la necesidad de evitar ofender sentimientos religiosos, una actitud que para fuentes diplomáticas y analistas consultados delata, por un lado, la intención de no posicionarse demasiado en la órbita de colectivos minoritarios que le alejen de la mayoría silenciosa y puedan restarle apoyos políticos y, por otro, una incapacidad para abordar una situación de seguridad cada vez más volátil.
El partido de Hasina, la Liga Awami, gobierna desde 2009 y con especial comodidad actualmente tras revalidar mandato en las elecciones generales de 2014, que fueron boicoteadas por el opositor Partido Nacionalista (BNP) bajo acusaciones de fraude y por negarse la primera ministra a constituir un Gobierno interino que supervisase el proceso electoral, una modalidad que se había utilizado en las últimas décadas en el polarizado país.
El yugo de la represión gubernamental
Si los extremistas islámicos han puesto empeño en silenciar voces y han obtenido notable éxito, no se puede decir menos de un Gobierno que ha intensificado en los últimos años su represión contra la oposición. La ex primera ministra y líder del BNP, Jaleda Zia, se enfrenta actualmente a, al menos, trece causas judiciales por corrupción, violencia y sedición, y su formación asegura que miles de activistas y militantes de cuadros y cúpula se encuentran bajo arresto o desaparecidos, una afirmación imposible de verificar independientemente. "Es complicado hablar por teléfono ya. Nuestros móviles están pinchados. Solo si vienes en persona", me dijo hace unos días un destacado miembro del BNP. "Puedo dar citas generales, pero no voy a entrar en detalles. Estoy guardando un perfil bajo por razones de seguridad", comentó en un mensaje otra fuente habitual, un analista de un prestigioso think tank local.
En un duro informe reciente, International Crisis Group (ICG) criticó que el "sistema judicial disfuncional y profundamente politizado (de Bangladesh) está minando, en lugar de apuntalando, el mandato de la ley". Y si el BNP atraviesa esa situación, su habitual partido bisagra, el islamista Jamaat-e-Islami (JI), está vetado de participar en comicios y afronta un proceso de ilegalización mientras su cúpula está siendo juzgada por tribunales especiales y ejecutada por crímenes cometidos durante la guerra de independencia de 1971, en la que se alinearon con el régimen de Pakistán, del que Bangladesh era entonces la región oriental.
La prensa, también acorralada
La represión va, de hecho, más allá del oponente político. El principal diario en lengua inglesa, The Daily Star, ha perdido desde hace más de medio año un 30% de sus ingresos por publicidad debido a presiones de sectores del Gobierno a algunas empresas anunciantes. Y el director de ese rotativo, el veterano periodista Mahfuz Anam, vio como el pasado febrero simpatizantes de la gobernante Liga Awami iniciaron un tsunami de 82 denuncias por difamación y sedición en su contra en distritos de todo el país. En abril, el Tribunal Superior de Daca le dio un respiro suspendiendo la mayoría de las causas e instando a las autoridades a dar explicaciones de por qué debería juzgarse a Anam. El editor estaba en el ojo del huracán por haber admit
ido a principios de febrero que en 2007, cuando Bangladesh tenía un gobierno de tutelaje militar, había publicado, como muchos otros informaciones sobre corrupción basadas en filtraciones de la inteligencia militar como única fuente que afectaban a la actual primera ministra, entonces en la oposición y que después pasó once meses en prisión.
No ha sido el único: Matiur Rahman, editor de Prothom Alo, el principal diario en lengua bengalí y del mismo grupo que The Daily Star, también se enfrenta desde hace meses a una persecución judicial por otros motivos. Ambos medios están considerados los más independientes del país y son los de mayor difusión en sus respectivas lenguas. Más recientemente, un reconocido periodista próximo al BNP, Shafik Rehman, fue arrestado bajo la acusación de participar en una conspiración para secuestrar y asesinar al hijo y asesor de la primera ministra bangladesí, Sajeeb Wazed, algo que ha arqueado las cejas de muchos.
Incidentes como estos han llevado a Reporteros Sin Fronteras (RSF) a situar este año a Bangladesh en el puesto 144 en cuanto a libertad de prensa, dos más arriba que en la edición anterior y solo mejor en el sur de Asia que el conflictivo Pakistán.
Más allá de los tradicionales tabúes
Human Rights Watch (HRW) también ha puesto el grito en el cielo en lo que considera un "claro intento de intimidar a los medios", mientras por el contrario no se pone foco sobre la actuación del Ejército y sus servicios de inteligencia, una poderosa institución cuyo escrutinio público, "junto a la religión y la familia del partido gobernante de turno", son en palabras de un importante editor bangladesí uno de los "tabúes" en las páginas de la prensa nacional.
Bangladesh se sitúa así entre la espada, o mejor dicho el cuchillo, del islamismo radical y la pared de unas autoridades políticas en modo de negación y obstinadas en acallar cualquier voz disidente. La activista feminista Muktasree Chakma Sathi lo definió la semana pasada en una columna de opinión en el diario Dhaka Tribune de esta manera: "En Bangladesh, todos los días te levantas con noticias de profesores y estudiantes asesinados a machetazos, templos de minorías destruidos (…). Sin embargo, no puedes decir nada sobre estas cosas. Los patriotas e intelectuales te tacharán de ir contra el Estado. Los predicadores religiosos alegarán que estás hiriendo sus sentimientos. Entonces, por favor, calla y no digas ni una palabra. Mantente a salvo. Que no te maten".
En medio de esta deriva, la libertad de expresión se diluye en un denso reguero de sangre y miedo.
