La violencia urbana en el país debe ser la prioridad del Gobierno pakistaní para restablecer el orden y debilitar a los yihadistas.

 

 


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HASHAM AHMED/AFP/Getty Images
Atentando con coche bomba en Peshawar.




 

La violencia endémica en los centros urbanos de Pakistán pone de relieve los retos que afrontan el Gobierno federal y los provinciales a la hora de restablecer el orden y consolidar el mandato del Estado. El ejemplo más destacado es Karachi, que en 2013 experimentó su año más mortal, con 2.700 bajas, sobre todo de atentados selectivos, y la fuga de alrededor del 40% de las empresas fuera de la ciudad para eludir a unas redes de chantaje cada vez más poderosas. Pero todas las capitales de provincias y la capital de la nación sufren problemas y amenazas similares. Es necesario hacer una revisión general de la estrategia contra el crimen y el terrorismo, que hasta ahora ha recaído excesivamente al Ejército. Islamabad y las cuatro administraciones provinciales tienen que desarrollar un marco político coherente, basado en el buen gobierno y el refuerzo de las fuerzas civiles del orden, para poder hacer frente a la criminalidad y la amenaza de la yihad. Hasta entonces, las bandas criminales y las redes yihadistas seguirán causando el caos en las grandes ciudades del país y poniendo en peligro su estabilidad y su frágil transición democrática.

Varios de los peores atentados contra las minorías religiosas y sectarias en 2013 se cometieron en Quetta y en Peshawar: el atentado suicida con coche bomba en enero que mató a más de 100 personas, sobre todo chiíes, en Quetta; el ataque en febrero que acabó con la vida de más de 80, también fundamentalmente chiíes, en el distrito Hazara de la misma ciudad y la bomba que estalló en septiembre en una iglesia de Peshawar y en la que más de 80 personas fallecieron, en su mayoría cristianas.

Las capitales provinciales, Peshawar, Quetta, Karachi y Lahore, sirven como bases de operaciones y financiación para una serie de grupos extremistas y bandas criminales que aprovechan el mal gobierno y las deficiencias de las infraestructuras públicas para establecer redes de reclutamiento y apoyo. A medida que aumentan las poblaciones urbanas, la rivalidad por el acceso a los recursos, sobre todo tierras y agua, se vuelve cada vez más violenta.

La capital de Khyber Pakhtunkhwa (KPK), Pesahawar, y la de Baluchistán, Quetta, sufren las consecuencias de la situación general de la seguridad en la región. El conflicto en Afganistán y las relaciones transfronterizas entre Pakistán y los combatientes afganos han perjudicado la estabilidad en KPK y en las Áreas Tribales bajo Administración Federal (FATA en sus siglas en inglés). Las políticas antiterroristas dictadas por los militares, que oscilan entre el uso indiscriminado de la fuerza y los acuerdos para apaciguar a los militantes tribales, no han conseguido restablecer la paz, sino que, por el contrario, han fortalecido a los ...