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Habitantes de Bishoftu, localidad de la región de la Oromía, cruzan sus brazos por encima de la cabeza como símbolo del movimiento antigubernamental de los oromos. (Zacharias Abubeker/AFP/Getty Images)

El pueblo oromo, agrupado bajo el paraguas del movimiento Qeerroo, mantiene el pulso al Gobierno después de la salida del primer ministro Hailemariam Desalegn. Lo único que calmaría a esta comunidad, la mayoritaria de las que componen Etiopía, es una reforma política y social que acabe con tres décadas de régimen tigray.

La estrategia de la represión, ejercida durante décadas por la minoría tigray, no fue suficiente esta vez para frenar las protestas, huelgas y presiones políticas, que causaron la caída del Primer Ministro etíope, Hailemariam Desalegn. “Veo mi renuncia como vital en el intento por llevar a cabo reformas que llevarían a una democracia y una paz sostenible”, aseguró en su discurso de renuncia. Ni siquiera después de matar a más de 660 personas y detener a 20.000 miembros de la comunidad oromo durante los 10 meses que duró el primero de los estados de emergencia declarado en octubre de 2016.

El escenario de la actual Etiopía nace en 1991 cuando el Tigrayan People’s Liberation Front (TPLF) toma la bandera de la revuelta que acabará con el régimen comunista de Mengistu Haile Mariam, que tenía su principal apoyo en la comunidad amhara, la segunda más populosa del país, alrededor del 27% de los casi 100 millones de habitantes del país. Aunque no fueron los únicos en levantarse contra el Derg comunista, los tigray supieron amortizar su relato heroico y convertirse en el grupo dominante dentro de la coalición de cuatro partidos, la Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF), que maneja actualmente los 547 asientos del Parlamento.

A pesar de ser sólo el 6% de la población etíope, los tigray ocupan casi todos los puestos relevantes dentro del Gobierno, los negocios y las fuerzas de seguridad. “Así es como lo controlan todo. El sistema político etíope se basa en el federalismo étnico, pero para la minoría tigray la Constitución no significa nada”, asegura desde su exilio en Bruselas Yared Hailemariam, uno de los activistas más buscados desde que denunció ante el Parlamento Europeo el asesinato de 192 personas a manos de las fuerzas de seguridad en las revueltas registradas tras las elecciones de 2005.

Durante sus 25 años de mandato, el TPLF ha ido adaptando su discurso a la realidad política del momento. Pese a borrar los principios marxista-leninistas de sus orígenes nada más llegar al poder, preservó la titularidad gubernamental de la tierra en la Constitución elaborada en 1995. Diez años más tarde completó su propósito transfiriendo las competencias de los gobiernos regionales -decretados en base al federalismo étnico- al Ejecutivo central. Este movimiento coincidió en el tiempo con la puesta en marcha de una política de arrendamientos de grandes terrenos a inversores extranjeros a cambio de empleos e infraestructura, que el diario New York Times bautizó como agroimperialismo”. En pocos años, miles de personas, en su mayoría de la etnia oromo, fueron desplazadas de sus tierras para lucro de la oligarquía tigray.

“El sistema legal creado en 1992 otorgó a los agricultores la posibilidad de seguir trabajando las tierras que ellos o sus familias habían labrado durante décadas, pero al mismo tiempo reafirmó la política del antiguo régimen militar: la tierra es propiedad del Estado”, afirma Etana Habte, profesor asociado del departamento de estudios africanos de la Universidad de Londres. Esta medida no solventó los conflictos históricos alrededor de la propiedad de la tierra. “Bajo el mandato de Meles Zenawi -a quien Hailemariam sucedió tras su fallecimiento en agosto de 2012- Etiopía se convirtió en un país en desarrollo en el que, sin respetar las decisiones de los poderes regionales, se expulsó a los agricultores y se otorgó el uso de la tierra a inversores locales y extranjeros”, resume Habte.

Este modelo alcanzó su cima en 2015 cuando se conoció el Addis Ababa Integrated Development Master Plan (AAIDMP), un proyecto para impulsar el desarrollo urbanístico de la capital más allá de sus límites actuales, lo que implicaba en la práctica expulsar a miles de campesinos oromo más. Las protestas, que llevaban meses sucediéndose en las pequeñas aldeas donde habían comenzado ya los desalojos, colapsaron las calles. Ni siquiera la brutal represión con la que el Gobierno del TPLF ha aplastado siempre cualquier reivindicación detuvo esta vez las protestas. Todo lo contrario. Cada masacre -como la de Bishoftu en octubre de 2016- y cada detención no han hecho más que alimentar el descontento social de una población que ha encontrado en el movimiento Qeerroo su forma de expresión.

 

¿Qué es el movimiento Qeerroo?

En la lengua de la Oromía -una de las nueve divisiones étnicas del país-, Qeerroo es la palabra con la que se denomina a los jóvenes solteros. Pero hoy en día su significado va mucho más allá.  “Casi todos los adultos oromo forman parte actualmente de este movimiento, son millones y millones de personas. Esto es lo que hace tan difícil para el régimen encontrar a los líderes y derrotarlo”, explica Etana Habte. Maestros, agricultores, profesionales de la salud, empresarios y funcionarios del Gobierno integran el grupo. También las mujeres. “Qarree, la variante femenina para referirse a las mujeres solteras, está incluida en la propia raíz de la palabra”, continúa Habte. Por eso, hoy cuando se habla del movimiento Qeerroo se habla de ambos sexos.

Históricamente al contraer matrimonio y obligaciones familiares los jóvenes Qeeroo dejaban a un lado sus reivindicaciones políticas, lo que unido a la corrupción de sus líderes y a la represión del régimen agotaban cualquier ansia de cambio. Desde 2014 este paradigma ha cambiado. Las calles de las ciudades de Adama, Jimma, Woliso, Legetafo y de la propia Addis Abeba se llenaron de personas con los brazos en alto, cruzados a la altura de las muñecas con los puños cerrados. Un gesto que el mundo conoció gracias al maratoniano Feyisa Lilesa, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

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Abiy Ahmed, el nuevo primer ministro de Etiopía, durante su investidura el 2 de abril de 2018. (Zacharias Abubeker/AFP/Getty Images)

“La cuestión de la tierra no es la causa única del movimiento Qeerroo, aunque sí sirvió como catalizador”, señala el profesor asociado de la Universidad de Londres. De hecho, aunque el plan de desarrollo urbanístico de Addis Abeba fue retirado, las protestas continuaron y lo seguirán haciendo mientras no se ofrezca una “respuesta concreta” a las tres demandas de la comunidad oromo: el derecho a la tierra, el reconocimiento de la lengua oromo como idioma cooficial del país junto al amhárico y la creación de un modelo efectivo de autogobierno para la Oromía.

Aunque cuenta con su propio Parlamento, el Caffeee, y una independencia teórica, hasta la fecha eran los “oligarcas del TPLF” los que decidían a través de los gobernadores oromo a los que “manejaban como marionetas”, subraya Habte. “El federalismo no está funcionando en absoluto. La Constitución dice que cada región tiene el derecho a autoadministrarse, de hecho tienen su propio Parlamento y una estructura regional, pero en la práctica no son libres: están completamente controlados por el partido tigray”, concuerda Yared.

La idea del centralismo democrático instaurada por el TPLF como camino para sacar al país de la miseria ha tenido cierto éxito económico. El país ha crecido más de un 10% anual entre 2004 y 2014. Y ha conseguido reducir la pobreza en 10 puntos porcentuales, entre el 2000 -cuando era el tercer país con peor tasa mundial de pobreza con un 40%- y el 2011, el dato más actual de los suministrados por el  Banco Mundial. Pero la mayor parte de ese beneficio ha ido a parar a la oligarquía vinculada al régimen tigray, la bautizada como “TPLF’s mafia”, a través del polémico programa Endowment Fund for the Rehabilitation of Tigray (EFFORT), creado inicialmente para impulsar la recuperación de esta región tras la guerra civil, pero que en la actualidad no es más que el paraguas bajo el que actúa la élite económica tigray.

“La gente exige cambios: una distribución justa de los recursos y del poder regional, pero la respuesta del Ejecutivo es que todo es un problema de buen gobierno. ¡Llevan usando la misma táctica 22 años!”, señala Hailemariam. “Cuando pasa algo aprovechan para atacar a sus potenciales enemigos y después señalan a algunos individuos de su partido y dicen que estos son los corruptos, los que han provocado esto, y los sacrifican. Pero en el fondo nada cambia y esto es exactamente lo que ha sucedido ahora en los territorios oromo”, denuncia el activista etíope.

Por eso una de las dianas de las protestas en la Oromía desde 2014 fue el Oromo Peoples’ Democratic Organisation (OPDO), integrante de la coalición gobernante junto al TPLF, el Amhara National Democratic Movement (ANDM) y el Southern Ethiopian People’s Democratic Movement (SEPDM). Varias de sus sedes fueron quemadas y algunos de sus líderes atacados, hasta que en 2016 una nueva hornada de dirigentes encabezados por Lemma Megersa y Abiy Ahmed tomaron el control del partido. Desde entonces el OPDO se ha convertido en un movimiento opositor dentro de la coalición gobernante y cuenta con el apoyo mayoritario de la población local y de los activistas etíopes exiliados.

“Sólo en la diáspora pueden los etíopes operar medios de comunicación, webs y comentar libremente sin la censura del Estado y sin el riesgo a ser arrestados. El movimiento Qeerroo ha sido ampliamente cubierto y conocido a través de los activistas fuera del país”, apunta el periodista Zecharias Zelalem. Él trabaja en varios de los medios norteamericanos donde se concentran más de 250.000 de los dos millones de etíopes en la diáspora. Es fuera del país donde tienen su base las principales webs de noticias, como opride.com, o televisiones como OMN y EAST. “Además los principales activistas, como Jawar Mohammed o Tamagne Beyene, están también en la diáspora. Para el movimiento Qeerroo en Etiopía la diáspora es una fuente importante de información. Los medios locales nunca informarían de los éxitos de las protestas”, añade Zecharias.

Pese a la declaración de estado de emergencia que se prolongó durante 10 meses en los cuales se llevaron alrededor de 20.000 detenciones de simpatizantes del movimiento, el Gobierno etíope no ha sido capaz de derrocar al Qeerroo. Su estructura piramidal pero bien enraizada en cada uno de los barrios y su capacidad para organizar protestas, huelgas y boicots desde la clandestinidad  le otorga una ventaja táctica. “Operan en secreto. Es imposible incluso saber cuántas personas participan en los puestos directivos de la organización”, señala Zelalem.

Con esta fórmula, en apenas tres años y tras una huelga de tres días el pasado febrero a la que se sumaron los propios funcionarios de la Oromía no acudiendo a sus puestos de trabajo, han logrado lo que parecía imposible: forzar la dimisión de Hailemariam Desalegn sin recurrir hasta ahora a la violencia. Los principios fundacionales del Qeerroo lo definen como un movimiento pacífico.

 

“Hailemariam fue despedido, no dimitió”

La renuncia de Hailemariam vino acompañada inmediatamente de la declaración de un nuevo estado de emergencia por un periodo de seis meses para contener las protestas. Porque en la Oromía saben que este no es el final del camino, incluso tras la elección de Abiy Ahmed, sustituto de Hailemariam Desalegn. “No hay duda de que muchos querían ver a Abiy o Lemma en el cargo, pero esto no debe entenderse como que el pueblo oromo está satisfecho con su nombramiento”, afirma Habte.

Sin una reforma estructural, el poder político, económico y militar seguiría en manos del TPLF, incluso con un oromo como primer ministro. El movimiento reclama “reformas, reformas y más reformas”, insiste el Zelalem. De hecho, la liberación de Bekele Gerba, uno de los líderes oromo más importantes y de otros 2.000 presos políticos ya fue insuficiente para evitar la dimisión de Hailemariam. “Hailemariam fue despedido, no dimitió”, puntualiza Etana Habte, de la Universidad de Londres. “Los verdaderos motivos de su cese”, señala, “emanan de la incapacidad del régimen para seguir dirigiendo el país en beneficio de los oligarcas del TPLF. Esto funcionó mientras los gobiernos regionales eran títeres en manos del TPLF, pero dejó de hacerlo cuando tras las protestas llegaron al poder líderes que rechazaron el dominio de los oligarcas tigray”. Así, tras un cónclave que se prolongó durante 17 días, el comité ejecutivo de la coalición gobernante decidió relevar en su cargo a Hailemariam para buscar “un nuevo mecanismo” con el que mantener su poder.

La verdadera pelea, apunta Zelalem, es conseguir “mayores libertades, una prensa libre y el fin de las detenciones arbitrarias, las torturas y los asesinatos a cargo del EPRDF”. Una reforma total que releve a los responsables del “Ejército, las prisiones y los servicios de inteligencia”. Porque si estos continúan en sus cargos, volverán a “lanzar operaciones para acabar con el Qeeroo” y el país continuará siendo un agujero negro para las libertades, tal y como señalan organizaciones como Freedom House.

 

El silencio cómplice de la comunidad internacional

Pese al testimonio de Yared ante el Parlamento Europeo o los informes de las organizaciones de derechos humanos sobre los abusos cometidos por el régimen etíope, la comunidad internacional apenas ha alzado la voz. El país es la sede diplomática de numerosas organizaciones, entre ellas de la Unión Africana (UA) y de más de un centenar de embajadas, y se ha convertido en parada obligatoria para los mandatarios internacionales que visitan la región, como el exsecretario de Estado de EE UU Rex Tillerson o el responsable de Exteriores ruso, Sergey Lavrov.  Asimismo, es uno de los países que más tropas aporta a las misiones de paz de la ONU, especialmente en Abyei, Darfur, Sudán del Sur o Somalia, y ofrece acogida a más de 850.000 refugiados de Estados vecinos. Además, subraya Liesl Louw-Vaudran, en su informe para el Institute for Security Studies, “la UE ve en Etiopía a un aliado fundamental para evitar la llegada masiva de emigrantes africanos a Europa”.

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De izquierda a derecha, el presidente de Kenia Uhuru Kenyatta, el presidente guineano Alpha Conde, el presidente de Estados Unidos Donald Trump, Akinwumi Adesina presidente del Banco Africano de Desarrollo, el vicepresidente de Nigeria Yemi Osinbajo y el ex primer ministro de Etiopía Hailemariam Desalegn (Jonathan Ernst/AFP/Getty Images)

Hasta la fecha, la tesis de muchos analistas de que la inestabilidad en Etiopía sería catastrófica para toda la región -una de las más convulsas del mundo con los conflictos en Sudán del Sur, República Democrática del Congo y Somalia- ha sustentado la carta blanca al régimen tigray. Yared alerta que lo que sucede en Etiopía es un reflejo de la dinámica geopolítica internacional. “Occidente negocia con dictadores por sus intereses. Siempre encuentran una excusa para justificar su compromiso con estos regímenes dictatoriales: la lucha contra el extremismo, la estabilidad regional… Son conscientes de que el régimen en Etiopía es brutal y está reprimiendo a la población, pero es cuestión de prioridades. Para EE UU y la UE su compromiso fundamental es con la seguridad y el desarrollo”, explica el activista etíope en el exilio. “En las elecciones de 2015 había un movimiento opositor muy numeroso, pero el EPRDF obtuvo todos los escaños del Parlamento. Se acosó y detuvo a muchos líderes opositores, pero después Obama visitó el país y dijo que habían sido unas elecciones libres y justas, que se trataba de un gobierno democrático. Fue como bendecir una dictadura en nombre del progreso”, denuncia Yared.

Sin embargo, por primera vez, la Embajada estadounidense en Addis Ababa y representantes europeos rechazaron la actuación del Gobierno etíope tras la declaración del estado de emergencia y los enfrentamientos en la frontera con Kenia. “La reciente masacre de Moyale -en la que murieron al menos nueve personas y otra docena resultaron heridas- fue cometida para justificar la necesidad del Estado de emergencia”, apunta Etana Habte, para quien el “TPLF está utilizando la desestabilización en Etiopía como una amenaza a la comunidad internacional”.

En esta zona de África las comunidades tribales, como los nuer en Sudán del Sur, los afar en Djibouti o los propios oromo en Kenia, se extienden a ambos lados de la frontera con Etiopía, por lo que las disputas internas alcanzan rápidamente a toda la región. De hecho, en poco más de dos semanas, más de 10.000 oromo han cruzado la frontera tras lo ocurrido en Moyale. Lo que está por ver ahora es si la diplomacia internacional acepta el envite y deja de sostener con mano de hierro al régimen tigray.

 

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