El Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el gobierno de Colombia se sientan de nuevo en la mesa de negociaciones para intentar poner fin a un conflicto armado que dura ya casi seis décadas. ¿Quiénes serán los actores involucrados y dónde se va a llevar a cabo todo este proceso? ¿Cuáles son las principales cuestiones a negociar? ¿Y los obstáculos e incertidumbres por delante? He aquí un repaso a todas las claves a tener en cuenta.
Nos encontramos ante un nuevo proceso de paz entre la guerrilla más longeva de la historia latinoamericana, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Estado colombiano. Los primeros procesos de diálogo con este grupo armado se remontan, por primera vez, a 1991, cuando el gobierno del liberal César Gaviria impulsó un acercamiento, a todas luces infructuoso, con la entonces Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar —de la que también hacían parte las FARC-EP y el Ejército Popular de Liberación. Desde entonces, varios han sido los gobiernos que intentaron emplazar a la guerrilla surgida en 1964, y de fuerte inspiración guevarista, a un proceso de paz.
Los mayores niveles de avance se obtuvieron durante la segunda presidencia de Juan Manuel Santos, cuando entre 2016 y 2017 se llegó a identificar una agenda de negociación e, incluso, tuvieron lugar varias rondas negociadoras que, empero, se vieron afectadas muy negativamente por las condiciones del momento. Tanto por la falta de confianza, compromiso y voluntad, especialmente del lado del ELN; como por un escalamiento en la confrontación armada que llegó a niveles insostenibles a finales de 2017 y comienzos de 2018, dejando al proceso en una situación de debilidad e insostenibilidad que no haría sino acrecentarse una vez que Iván Duque asume la presidencia del país, en agosto de 2018.
Como era de esperar, los cuatro años de uribismo en Colombia transitaron sin ninguna posibilidad real de acercamiento, hasta el punto de que discursivamente Duque trató de desacreditar, incluso, al mismo Gobierno cubano. Aun cuando éste, primero con las FARC-EP y después con el ELN, siempre dispuso de todos los recursos y apoyos posibles y necesarios para favorecer un emplazamiento de entendimiento. De la misma manera, la esperada llegada del progresista Gustavo Petro, más allá de izquierdas y derechas, suponía el retorno de una agenda gubernamental comprometida con la paz, el diálogo y la transformación de las condiciones que soportan la violencia. Una de las grandes promesas del nuevo Ejecutivo es la aspiración de “paz total” para el país, lo cual involucra a todo tipo de estructuras armadas —desde disidencias de las FARC-EP hasta grupos delictivos herederos del postparamilitarismo— y hace reposar en un lugar central y prioritario al proceso que se desprende con el ELN.
En las últimas semanas se han ido haciendo públicas algunas de las cuestiones más importantes para el comienzo de un diálogo que, como se verá con posterioridad, ni mucho menos se prevé sencillo. Por el momento, ya están conformados los equipos negociadores. En relación con el del Gobierno existen tres voces claramente destacadas. Primero, el jefe del equipo negociador, exmiembro del M-19, Otty Patiño, quien es una persona muy cercana a Gustavo Petro y con una trayectoria de gran experiencia en procesos de esta naturaleza, tanto en el de Corinto (1984) bajo el gobierno de Belisario Betancur, como en el que finalmente condujo a la desmovilización de aquella guerrilla, en 1990, durante la presidencia liberal de Virgilio Barco. El segundo sería el de Iván Cepeda, principal valedor del concepto de “paz total” y uno de los senadores estrella de la izquierda colombiana, a quien se suma María José Pizarro, igualmente senadora del Pacto Histórico Nacional e hija del asesinado en 1990 y otrora primer comandante del M-19, Carlos Pizarro. Junto a estos tres, entre otros, hay también miembros destacados de la delegación del Gobierno como el almirante en retiro de la Armada, Orlando Romero, que tuvo un papel destacado en el proceso de paz con las FARC-EP en relación con el fin del conflicto y la entrega de arma; o el coronel, también en retiro, Álvaro Matallana, de insigne familiar castrense, aunque de menor rango y reconocimiento que el anterior.
En relación con el pasado más cercano se aprecian, al menos, dos elementos distintivos. En primer lugar, tanto el grueso negociador como el equipo más amplio que propone Petro es mucho más plural que el elegido por Santos en 2016 para negociar con el ELN. Esta pluralidad se refleja con la presencia de pasadas militancias guerrilleras, la participación de mujeres —en un proceso tradicionalmente lastrado por el exceso de testosterona— y la representación de extracciones sociales y procedencias regionales dispares. Tanto en el anterior proceso con el ELN, como en el acontecido con las FARC-EP, la representación militar tuvo una mayor enjundia, al disponer de mayores generales de gran trayectoria y prestigio, como Enrique Mora Rangel, Eduardo Herrera Berbel u Óscar Naranjo. También la experiencia política en los diálogos impulsados por Santos fue mucho mayor, en tanto que allí había figuras políticas como Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo (entonces Alto Comisionado para la Paz) para el caso con las FARC-EP; o Juan Camilo Retrepo y Frank Pearl (Alto Comisionado para la Paz con Álvaro Uribe), para lo relacionado con el ELN.
En lo que respecta a esta guerrilla, los interlocutores escogidos imbrican peso y relevancia orgánica, junto con experiencia en el proceso de paz anterior. Así, la delegación la encabezan tres miembros de la Dirección Nacional: ‘Gabino’ —antiguo comandante jefe del ELN entre 1998 y 2021—, ‘Pablo Beltrán’ —integrante del Comando Central y jefe de la delegación durante el anterior proceso de paz— y ‘Aureliano Carbonell’ —también presente en el pasado intento de diálogo. A estos tres grandes comandantes se sumaría un equipo de otros cuatro históricos que tuvieron presencia y protagonismo en la fase de conversaciones transcurrida en Quito a lo largo de 2017: María Consuelo Tapias, Silvana Guerrero, Gustavo Martínez y Bernardo Téllez.
Junto con quiénes negocian está el hecho de valorar dónde se negocia. En la última negociación, el proceso transcurrió mayormente en la capital de Ecuador, hasta que en abril de 2018 se produjo el asesinato de tres periodistas del diario El Comercio que fueron capturados en la frontera con Colombia por una de las supuestas disidencias de las FARC-EP, heredera del Frente 29 y entonces dirigida por ‘Guacho’. Esto, y habida cuenta de la impracticabilidad del diálogo, precipitó que el mandatario Lenin Moreno condicionase su apoyo como sede y garante del proceso al fin de “los actos de terrorismo” por parte del ELN.
Dada esta coyuntura y la posterior llegada del uribismo a la presidencia, la delegación guerrillera retornaría a Cuba, en donde se ha mantenido todos estos años. Sin embargo, los cuatro años de apoyo íntegro al proceso de paz con las FARC-EP, sumado a los últimos años, también, de respaldo al ELN, cuyo gasto ha sido asumido íntegramente por el país caribeño, ha alimentado la necesidad de involucrar otros Estados que, asimismo, participen en los buenos oficios y la evolución positiva de las negociaciones. Estas, que acaban de comenzar formalmente en Caracas, se prevé que se acompañen, muy posiblemente, de sedes dinámicas, favorecido tanto por el alto número de países nombrados en calidad de garantes —Cuba, Venezuela, Noruega, Brasil, Chile, México— como por la concurrencia de un ciclo progresista que permite la posibilidad de integrar nuevos escenarios a la vista. Esto, además, sin dejar fuera la lista de países acompañantes, como España, Alemania, Suecia o Suiza, que bien evidencian un elemento de internacionalización más amplio que el acontecido en el pasado, tanto con las FARC-EP como con el ELN.
Finalmente, junto con quién negocia y dónde se negocia, está el qué se negocia. De partida, se ha aceptado que el actual proceso parta de la agenda de seis puntos cerrada en marzo de 2016, y que gravitaba en torno a las siguientes cuestiones: 1) participación de la sociedad en la construcción de paz, 2) democracia para la paz, 3) transformaciones para la paz, 4) víctimas, 5) fin del conflicto armado e 6) implementación. Si bien los tres últimos puntos, seguramente, extrapolen muchos de los aspectos técnicos e institucionales que sirvieron para el proceso de paz con las FARC-EP, los tres primeros entrañan algunas dificultades. En primer lugar, su abstracción debiera escapar del sentido de agenda maximalista que, en el pasado y en reiteradas ocasiones, evidenció su impracticabilidad. Es decir, resulta necesario concretar los aspectos que demandarán intercambios cooperativos. De este modo, habrá que ver en qué aspectos es posible que el ELN logre dejar una huella distintiva propia, y diferente a la de las FARC-EP, como puede suceder en materia de democracia local o fortalecimiento de la autonomía territorial. Sin embargo, otras cuestiones que seguramente aparecerán en la negociación, como el extractivismo y la presencia de capital foráneo sobre ciertos sectores estratégicos del país, resultarán más complejas, como igual se prevé del mecanismo de refrendo popular por cada aspecto sustancial negociado. Lo anterior, a tenor del resultado negativo del plebiscito por la paz que debía ratificar el Acuerdo con las FARC-EP, en octubre de 2016, y que bien hará considerar esta posibilidad en función de las circunstancias y del momento.
A modo de reflexión final, junto a los aspectos ya definidos de agenda, interlocutores y lugar de negociación, lo demás, que prácticamente es todo, está por escribirse. Hay que recordar varios aspectos que definirán el derrotero real por el que transcurrirá este proceso de paz. Está por ver cómo se desarrollará el cese al fuego entre las partes, a tenor de que el ELN mantiene confrontaciones armadas, aparte de con el Estado, con la estructura postparamilitar del Clan del Golfo, con Los Pelusos y con algunas disidencias de las FARC-EP —como la hasta hace poco comandada por ‘Gentil Duarte’—. También habrá que esperar la manera en la que se atiendan y superen las crisis venideras, indisociables a todo proceso de estas características, y que, en el pasado, se sirvieron de dinámicas de desconfianza y enfrentamiento que no ayudaron al avance de las negociaciones. De otra parte, una incertidumbre adicional pasa por el grado de cohesión interna de un ELN que, en el pasado, se vio afectado por su exceso dogmatismo ideológico y por su estructuración orgánica federalizada. Un aspecto complejo en el que habrá que ver el grado de verticalidad que mantiene una vieja comandancia política que durante mucho tiempo residió en Cuba, con otra más joven y beligerante, especialmente activa en departamentos como Chocó, Arauca o Norte de Santander. En cualquier caso, y a pesar de todas estas circunstancias, esperemos que este sea el proceso definitivo que ponga fin a una confrontación armada que se acerca a las seis décadas de duración.
