Golpeada por la pandemia y el desempleo, la ciudadanía acude a las urnas el 7 de febrero para celebrar unos comicios en los que el principal eje se conforma en torno a la elección de un modelo correísta o anticorreísta.
Aunque dejara el cargo hace cuatro años, Rafael Correa no ha abandonado la política ecuatoriana. La trinchera que divide a sus partidarios y detractores entre correístas y anticorreístas no solo se mantiene vigente, sino que es el eje principal para entender las elecciones del próximo 7 de febrero, como lleva ocurriendo desde hace más de una década. Ahora, tras el giro a la derecha de la legislatura de Lenín Moreno, un país endeudado y golpeado por la pandemia debe escoger, con la figura de Correa bien presente, al nuevo presidente y a los miembros de la Asamblea Nacional.
El nombre de Rafael Correa, el protagonista no oficial de la campaña, no aparece en las papeletas. En septiembre de 2020, el exmandatario fue inhabilitado para concurrir a la vicepresidencia como consecuencia de su condena a ocho años de prisión e inhabilitación política por un caso de sobornos en los que, entre otras, está implicada la empresa Odebrecht. Pero su imagen vuelve a imprimirse, ya sea como logo o incluso como figura de cartón, y acompaña al candidato Andrés Arauz, líder en la mayoría de encuestas. También es omnipresente en el discurso de sus adversarios.
La pervivencia de este eje radica en el fracaso de las principales alternativas políticas a la hora de plantear medidas efectivas, o al menos medianamente ilusionantes, a los desafíos políticos y económicos. Para suceder al impopular Lenín Moreno y su vicepresidenta (la cuarta en cuatro años), se presentan 16 binomios, el doble que en la anterior convocatoria, y solo uno de ellos está liderado por una mujer. “Es la consecuencia de la implosión del partido hegemónico anterior, Alianza País, lo que ha generado una lógica en la que mucha gente piensa que puede tomar el relevo —señala el analista y consultor político Decio Machado—. En 2017 presenciamos cómo la izquierda no correísta presentó a un único candidato para la coalición Acuerdo Nacional por el Cambio; hoy esas fuerzas son cinco candidaturas distintas. Ha implosionado el partido de gobierno y se ha dividido la oposición”.
Ante el hartazgo ciudadano, la derecha tampoco ha conseguido presentarse totalmente unida, pese a que sus propuestas no se muestren muy distintas. La opción con más posibilidades descansa en Lasso, que se presenta por tercera ocasión y bajo las siglas de CREO. A su favor, el apoyo del Partido Social Cristiano, que evita que tenga que disputar votos con un importante baluarte de su mismo espectro.
“El proceso se ha mercantilizado y, por tanto, despolitizado —analiza Natalia Sierra, socióloga y académica de la Universidad Católica de Ecuador—. Ahora es un mercado con un montón de productos que lo que buscan es sacar beneficios económicos o subjetivos relacionados con la vanidad y el ego”.
No hay caras nuevas que generen entusiasmo, ni outsiders con credibilidad. Todo ello contribuye a que se mantenga el ya tradicional eje: la pugna por el gobierno se decidirá entre el correísmo del candidato de Centro Democrático, el exministro Andrés Arauz, que saca ventaja en las encuestas con un promedio del 35,4% de los votos, y el anticorreísmo del exbanquero Guillermo Lasso, con un promedio del 26,3%, según los datos publicados por Atrevia. A cierta distancia, rondando el 16,2%, se sitúa Yaku Pérez, el candidato del movimiento indígena, Pachakutik. Los otros 13 actores muy difícilmente superarán conjuntamente el 8%. Es complicado hacer predicciones, especialmente cuando la indecisión se mueve entre el 30% y 60%.
Marcas electorales y movimientos
“Que haya 16 candidaturas refleja que no existe una estructura de partidos con claros horizontes ideológicos y proyectos políticos. Eso es la representatividad: expresar los distintos intereses y demandas de la sociedad en los partidos políticos —analiza Sierra—. Pero como eso no existe, la mayoría de las candidaturas son empresas electorales, pequeñas marcas que no representan a nadie, de ahí sus porcentajes”.
Esos pequeños candidatos no pueden aspirar a la presidencia pero, en algunos casos, contribuyen a desgastar la débil imagen de la clase política. Las respuestas fuera de tono, como la del empresario Isidro Romero (partido Avanza), anunciando que el primer día en el palacio presidencial lo dedicaría a pillarse “una borrachera del carajo” o la del cabeza de lista de Unión Ecuatoriana, Giovanny Andrade, atribuyendo su pobre argumentación a “alguna droga” servida en el café durante el debate presidencial organizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), aportan memes instantáneos y boicotean la posibilidad de una comparación sustancial de modelos de país. La instauración de la pena de muerte y las promesas de mano dura conviven con la negación de la existencia de las llamadas “clínicas de deshomosexualización”. Incluso los candidatos mejor posicionados, como Lasso, lanzan propuestas como permitir que los campesinos puedan portar armas como solución a la delincuencia.
“El quiebre entre ciudadanía y establishment político es brutal, hay un divorcio total. Hay estudios que indican que si el voto no fuera obligatorio, el absentismo sería de más del 60% —apunta Machado—. No hay ninguna candidatura que levante esperanzas porque la gente está muy enfadada y desilusionada con los partidos políticos”.
Ese distanciamiento y enfado se materializó cuando Moreno anunció nuevos recortes. El movimiento indígena se lanzó a la calle y a su protesta se unieron otros sectores descontentos. Las concentraciones avivaron la brecha entre parte de la ciudadanía y el Gobierno y sus socios, que quisieron encuadrar las protestas como una conspiración correísta, aunque los líderes indígenas Jaime Vargas y Leonidas Iza difícilmente pueden caer dentro de esa etiqueta. Su visibilidad e impulso político han quedado frenados por la pandemia, aunque las razones que fundamentaron el paro siguen ahí, latentes. Pachakutik, posiblemente buscando atraer votos más al centro, ha planteado como candidato a Yaku Pérez. Si se confirma que hay segunda vuelta y Pérez queda fuera, deberá escoger bando, aunque no tiene por qué coincidir con el que finalmente escojan algunas corrientes del movimiento indígena.
Enemigos perfectos
El partido del presidente, Alianza País (AP), víctima de las luchas entre los partidarios de Lenín Moreno y los correístas, ha pasado de encadenar legislaturas, algo insólito en el multipolar e inestable mundo político de Ecuador, a convertirse en mera anécdota en las encuestas, todo sin pasar aún a la oposición. Los correístas, renegando del giro a la derecha de Moreno, se presentan esta vez con Andrés Arauz. Aunque se autocalifique como un “perfecto desconocido” y destaque su perfil tecnócrata, Arauz muestra claramente sus vínculos con el correísmo, y se convierte en su único valedor.
“La principal fortaleza de Arauz es el discurso que compara el gobierno de Moreno con el de Correa, preguntando al electorado con cuál vivía mejor —explica Machado—. No se basa tanto en una identificación ideológica del pueblo con el socialismo del siglo XXI como en establecer esta comparativa, que trabaja a favor del discurso correísta”. El vínculo con el pasado también puede jugar en contra del candidato, que asegura que no hará falta indultar a Correa porque, como explicó en una entrevista, “los mismos jueces van a revisar las decisiones judiciales, una vez que no tengan las presiones, las amenazas, los chantajes de este gobierno”, o que el exmandatario será “su principal asesor”.
Al otro lado del eje, Lasso personifica el anticorreísmo de derechas, una de sus mayores fortalezas. Aunque siga apostando por la idea de cambio, el capital político de Lasso se ve algo lastrado por la colaboración con Moreno. Es más difícil enarbolar la bandera del cambio cuando el país siente que el aún presidente asumió una parte importante de la agenda de CREO. "El elemento fuerza de Lasso es ‘yo soy un gran empresario que ha generado muchos empleos’", apunta Machado, que subraya el paralelismo que el candidato plantea en su discurso entre la gestión del Banco de Guayaquil y la de un país como Ecuador. Liberal en lo económico y conservador en lo social, los vínculos de Lasso con el Opus Dei y su paso por el gobierno de Jamil Mahuad, tristemente recordado por la crisis del feriado bancario que arruinó al país en 1999, son una carta que sus detractores juegan siempre que pueden.
En cierto sentido, Arauz y Lasso son enemigos perfectos. Encarnan mutuamente al hombre de paja contra el que se sienten cómodos esquivando y lanzando golpes. Gane quien gane, la ciudadanía no cree en varitas mágicas y tiene experiencia con presidentes de izquierdas y de derechas que, una vez pasadas las elecciones, reniegan de sus consignas y promesas ante el estruendo de los problemas reales.
La polarización política no divide solo a Ecuador. En medio de una profunda crisis social y económica, otros cuatros países (Chile, Honduras, Nicaragua y Perú) celebran elecciones en 2021 en medio de un creciente descrédito institucional y político. También se realizarán elecciones legislativas en El Salvador y México. Las urnas dictaminarán si la región consolida el giro hacia políticas conservadoras o si se confirma el repentino brío de las fuerzas progresistas que marcaron el rumbo de América Latina a principios del siglo XXI y se suman al retorno del kirchnerismo en Argentina y al Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales en Bolivia
Agenda heredada
El nuevo inquilino del Palacio de Carondelet deberá asumir el liderazgo político de un país al que no le salen los números. Los indicadores económicos ennegrecen una recuperación rápida de la recesión en la que está inmersa el país y que en 2020 disparó la tasa de desempleo por encima del 13%, la cifra más alta desde 2007. Sin embargo, estos datos no reflejan la realidad de aquellas personas que sobreviven en la informalidad del mercado laboral, que, según datos oficiales, afecta al menos al 46% de los trabajadores.
El decrecimiento del PIB —cifrado en más del 9% por el Banco Central de Ecuador y en torno al 11% por organismos internacionales— evidencia la crítica situación económica que golpea al país, agravada por la caída del precio del barril del petróleo, una materia prima esencial para la economía ecuatoriana. Para tapar los agujeros presupuestarios y reducir la deuda, el aún presidente Moreno no ha dudado en recurrir a distintos organismos internacionales, una medida que no ha sido bien recibida en el país. El último acuerdo fue el suscrito con el FMI, que en octubre de 2020 autorizó un préstamo por valor de 6.500 millones de dólares a devolver en poco más de dos años con una tasa de interés del 2,9%.
“Los compromisos que Ecuador ha contraído con el FMI están significando políticas de austeridad en un momento en el que a nivel global no tienen cabida: no se están dando ni en la Unión Europea o Reino Unido ni se van a dar en EE UU con la administración Biden —analiza Machado—. Lo que está haciendo este gobierno es una política anticíclica opuesta al pensamiento global hegemónico actual, que se ha generado como consecuencia de la pandemia y descarta la reducción del Estado o la implementación de políticas de austeridad”.
El acuerdo del FMI se ha erigido así como un punto clave del debate en el que se proyectan los planes económicos de las distintas candidaturas políticas. “Ningún candidato lograr dar una respuesta distinta a la crisis económica que no pase por la llegada de capital extranjero —apunta Sierra—. Eso es porque en el planteamiento no se abordan en profundidad los problemas estructurales del país como son la recuperación del mercado interno, la producción nacional o el tema agrícola”.
La pandemia es otro asunto clave en la campaña electoral. Las imágenes de cadáveres acumulados en las calles de la ciudad costeña de Guayaquil durante la primera ola de la Covid-19 siguen estando en la memoria colectiva del pueblo ecuatoriano. Además, la llegada de la vacuna se ha visto empañada por la corrupción en su gestión: la Asamblea Nacional ha exigido por unanimidad que Moreno cese al ministro de Salud al hacerse público que se saltó el protocolo para vacunarse él y sus familiares.
La corrupción es otro de los campos de batalla. Pese a que Moreno prometió nada más llegar a la Presidencia que la transparencia sería el sello de su gobierno, los resultados no avalan dicha meta. Los escándalos han salpicado en repetidas ocasiones a su equipo y la principal arma que puso para combatir la corrupción, la Secretaría Anticorrupción, se encasquilló en apenas 15 meses.
Sin ocupar apenas espacio en las agendas o mítines electorales permanecen asuntos como la despenalización del aborto, pese a su presencia en las calles. “Hablar de la despenalización del aborto es complicado. Incluso Yaku Pérez, que fue el único que se pronunció más abiertamente a favor, ha ido reculando —apunta Sierra—. En los pocos contenidos políticos que hay en esta campaña, no veo las reivindicaciones de la lucha de las mujeres ecuatorianas ni de las diversidades sexo-genéricas”.
Recuperar o desmantelar todo un legado
Con estas elecciones, se pone fin al mandato de Moreno, quien llegó a Carondelet avalado por unos índices de popularidad altísimos y ahora abandona la presidencia como uno de los líderes menos valorado de la región latinoamericana. En los últimos cuatro años no ha conseguido reducir la deuda ni mejorar los datos de paro y la pandemia ha puesto al descubierto la desigualdad y la precariedad del sistema sanitario. También se ha acrecentado la sensación de corrupción.
Moreno, contra todo pronóstico, se ha convertido en un enemigo clave de la cúpula tradicional de AP, el partido que le llevó a Carondelet. “Desmontó el proyecto de Correa, desde las instituciones hasta el propio partido. Pero en ese desmantelamiento se alió con la derecha del país y esa fue una de las causas del levantamiento indígena de octubre —cuenta Sierra—. Económicamente ha seguido la línea del FMI. En general, ha sido un gobierno débil y represor, pero que calmó las angustias de los sectores que estaban cansados del autoritarismo del gobierno de Correa”.
“El principal problema de Lenín Moreno es que ha liderado un gobierno sumamente ineficiente. No solamente traicionó su herencia política, sin entrar a valorar si esa traición ha sido positiva o negativa, sino también el plan de gobierno que votaron los ecuatorianos y, por tanto, al pueblo ecuatoriano —analiza Machado—. No ha habido un presidente menos querido en el país en los últimos 25 años. Esa percepción evidencia cómo traduce el pueblo ecuatoriano la gestión de Moreno”.
El desencanto político se materializa en las encuestas, que muestran un alto porcentaje de indecisión y como los votos nulos y blancos se convierten en la opción más respaldada. “La gente cree que los políticos utilizan al Estado como una fuente de extracción de riqueza —apunta Sierra—. No hay confianza ni en las instituciones que dirigen el proceso como el Consejo Nacional Electoral o el Tribunal Contencioso Electoral y por eso resuenan ciertas voces de fraude”.
Tanto Lasso como Yaku Pérez confían su suerte a una segunda vuelta electoral, que se celebraría el 11 de abril, en la que puedan aglutinar el voto anticorreísta de las candidaturas que no sobrevivan a la criba de febrero. Arauz anhela un destino distinto. Una victoria a medias en primera vuelta no le garantiza portar la banda presidencial. En la segunda ronda electoral, la lógica anticorreísta puede votar en contra de la resurrección presidencial de la Revolución Ciudadana que inició Correa y a la que él, como delfín del exmandatario, se aferra para ganar votos. Para evitar esa vuelta a las urnas, su binomio tiene que alcanzar al menos el 40% de los votos y, a la vez, obtener una diferencia con el segundo del 10%. Pero por más vueltas que se den al escenario electoral, lo que está claro es que Ecuador decidirá una vez más, pese a que el nombre de Correa no aparezca en las papeletas desde 2013, entre un futuro correísta o un país que se aleje del llamado socialismo del siglo XXI.
