En Bosnia y Herzegovina es necesario analizar desde una perspectiva crítica el discurso de la reconciliación con el fin de no reproducir el contexto problemático del propio conflicto.

Una mujer coloca huesos de cerámica como parte de un proyecto en el hall del cementerio de Potocari. Matej Divizna/Getty Images
Una mujer coloca huesos de cerámica como parte de un proyecto en el hall del cementerio de Potocari. Matej Divizna/Getty Images

La necesidad de afrontar el legado de violaciones de los derechos humanos heredado de las guerras de desintegración de Yugoslavia en los 90 está muy ligada a la naturaleza de dichas guerras. Los métodos fundamentales de lucha fueron la limpieza étnica y los ataques a civiles, en forma de expulsiones, asesinatos, torturas y violaciones masivas, además de la destrucción del patrimonio cultural y religioso. El conflicto en Bosnia y Herzegovina fue la que produjo mayor número de víctimas -alrededor de 100.000, según los datos reunidos por el Centro de Investigación y Documentación de Sarajevo- e incluyó un uso extendido de la violación como arma de guerra y numerosos campos y centros de prisioneros en los que se generalizaron las torturas y otros tipos de abusos; la violencia alcanzó dimensión de genocidio en Srebrenica, la mayor matanza cometida en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Los Acuerdos de Paz de Dayton firmados en 1995 pusieron fin a las hostilidades, pero, 20 años después, es evidente que no eran suficientes ni para afrontar los legados criminales de la guerra ni para permitir que se asiente una paz sostenible y una auténtica reconciliación en Bosnia. De hecho, podría decirse que más bien ha sido todo lo contrario: cualquier avance conseguido en alguno de estos aspectos se ha producido a pesar del acuerdo de Dayton sobre el reparto de poder -que dio legitimidad a los resultados de la limpieza étnica y recompensó a las clases dirigentes que habían cometido los abusos-, y no gracias a él. Dayton complicó las perspectivas para alcanzar la paz y obtener justicia en Bosnia, y el proceso de la justicia de transición ha reflejado las problemáticas consecuencias del acuerdo en general, que ha impedido avanzar verdaderamente en toda una serie de cuestiones políticas, sociales y económicas desde que terminó la guerra.

El principal instrumento de la justicia de transición en Bosnia y el resto de la región han sido los procesamientos penales. Acogiéndose al Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad creó en 1993 el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY), con el objetivo de perseguir a los máximos responsables de las violaciones del derecho humanitario internacional. El Tribunal ha iniciado la última fase de sus actividades: en la actualidad tiene casos pendientes contra 20 sospechosos, ha pronunciado 74 condenas y 18 absoluciones, y ha devuelto 13 casos a los tribunales de la región, en su mayoría a Bosnia. La Cámara de Crímenes de Guerra del Tribunal de Bosnia y Herzegovina es un tribunal mixto (nacional e internacional) que tiene unos 50 casos pendientes y, a pesar de lo que ha avanzado en sus últimos 10 años de operaciones, ha sido objeto de ...