A: Cumbre de la ONU (16-17
de septiembre de 2005)

DE: FRIDE

RE: No dejen pasar esta
oportunidad

Nota: A LA CUMBRE DE LA ONU. URGENTE: Reformar Naciones Unidas. ¿Serán capaces los 191 Estados miembros de la ONU de impulsar los cambios que necesita la organización, los más profundos desde su creación hace 60 años?

Como bien les ha advertido el secretario general, cuando se reúnan
en septiembre, tienen ante ustedes una oportunidad histórica que,
en representación de los 191 Estados miembros de Naciones Unidas,
no deberían desaprovechar para dar un salto de gigante en los problemas
más importantes de la humanidad: pobreza, enfermedad, violencia y
falta de respeto a la dignidad del ser humano. El sistema político
internacional tiene los recursos para dar un salto cualitativo, pero está desacreditado
y parece haber abandonado los intereses globales en favor de los nacionales.
Tienen ante sí la opción de buscar fórmulas de colaboración
o luchar cada uno por su cuenta. Kofi Annan les pide que revitalicen "el
consenso sobre los desafíos y las prioridades fundamentales y [emprendan]
una acción colectiva sobre esa base". No bastará con
afirmar que existe acuerdo. Deberán articular esta colaboración
entre Estados de una forma eficaz y que tenga impacto real sobre los miles
de millones de personas que dependen de ustedes. De no hacerlo, el progreso
humano podría ser producto más de la casualidad que de la voluntad
común, o incluso retroceder.

Pobreza y desarrollo
Annan presenta como primera prioridad el desarrollo económico y la
lucha contra la pobreza. Con razón. No sólo es esta dimensión
la que produce más sufrimiento evitable, sino que es también
en la que se ha conseguido forjar -o tal vez forzar- "un
consenso mundial sin precedentes". Subyace en su propuesta un pacto
entre los países ricos y los menos favorecidos, por el cual los primeros
proporcionan más recursos y aceptan un sistema comercial más
favorable al desarrollo, y los segundos se comprometen a no malgastar los
recursos y a hacer los esfuerzos necesarios, incluyendo la lucha contra la
corrupción y el crecimiento del sector privado, esenciales en los
países con escasos recursos públicos, y de la sociedad civil.
Los compromisos principales que deben adquirirse en septiembre son claros:
para los países en situaciones de penuria extrema, aplicar una estrategia
nacional audaz que permita alcanzar los Objetivos del Milenio fijados para
2015 de reducir esa pobreza a la mitad; para los desarrollados, destinar
el 0,5% de su PIB a ayuda oficial al desarrollo en 2009 y el 0,7% en 2015,
y concluir la Ronda Doha de negociaciones comerciales en un sentido favorable
a los países menos adelantados, en un contexto general de una alianza
mundial para el desarrollo. Pero estos compromisos deben sustanciarse. Los
Estados deben obligarse a cumplir sus promesas. La ONU tiene que hacer el
seguimiento detallado de su cumplimiento y avergonzar en público a
los incumplidores. En este aspecto, Annan se queda corto.

Uso legal de la fuerza
Las discrepancias sobre el uso de la fuerza han constituido la mayor fuente
de tensión desde el final de la guerra fría y han mermado
la credibilidad del sistema internacional, sobre todo con la guerra de
Irak. Annan asume que existe un desacuerdo básico sobre cuándo
y cómo los Estados pueden recurrir a la fuerza que se manifiesta
en tres discrepancias concretas: respecto del derecho a utilizar las armas
de manera anticipada para defenderse de amenazas inminentes; de modo preventivo,
para defenderse de peligros latentes o no inminentes, y de forma protectora,
para salvar vidas de ciudadanos de otros Estados, incapaces de hacerlo.
El secretario general propone superar el disenso sin tocar la Carta de
Naciones Unidas, pero apoyándose en ella.

En el primer caso, el uso de la fuerza en previsión de amenazas inminentes
estaría cubierto por el derecho a la legítima defensa de los
Estados establecido en el artículo 51 de la Carta. Esta norma salvaguarda
el derecho inherente de los países soberanos a defenderse de un "ataque
armado". Para unos, la correcta interpretación debe ser restrictiva
y el "ataque armado" debe considerarse como requisito esencial;
para otros, ese requisito debe entenderse de forma amplia, incluyendo ataques
inminentes. No es previsible que ustedes lleguen a un acuerdo sobre la legalidad
del uso de la fuerza anticipatoria en la situación política
actual, todavía marcada por la guerra de Irak. Donde sí pueden
avanzar es en la búsqueda de una definición precisa de amenaza
inminente, que limite su empleo discrecional.

En el segundo caso -uso preventivo de la fuerza-, la recomendación
del secretario general es razonable, y la única posible dentro del
marco legal vigente que puede evitar la tentación generalizada del
unilateralismo: sólo el Consejo de Seguridad tiene autoridad suficiente
para determinar cuándo la gravedad de una amenaza justifica el uso
de la fuerza, incluso de manera preventiva, para preservar la paz y la seguridad
internacionales. Esto implica tanto la negación de que exista un derecho
de los Estados al uso preventivo de la fuerza como la afirmación de
que el sistema tiene la capacidad, aunque no siempre la voluntad política,
de mostrarse eficaz ante amenazas graves, pero no inminentes. Es crucial
que los Estados adquieran el compromiso explícito de aceptar las decisiones
del Consejo y que éste se comprometa a hacer un uso responsable de
sus atribuciones en este sentido, reforzando su obligación de responder
con equidad a todas y cada una de las situaciones que se pudieran considerar
amenazas graves, pero no inminentes.

En el tercer caso -uso de la fuerza para proteger a otras poblaciones-,
la doctrina Annan atribuye a cada Estado el deber de proteger a sus propios
ciudadanos como uno de los atributos básicos de la soberanía.
En el caso de que un Estado no sea capaz de hacerlo, la comunidad internacional -a
través de la ONU u otras fórmulas- puede intervenir al
interpretar que los crímenes de lesa humanidad son amenazas para la
paz y la seguridad internacionales. De lo que
se trata es de elevar esa posibilidad de intervención a la categoría
de obligación para el Consejo de Seguridad, adjudicándole la "responsabilidad
de proteger", y de que los países, la ONU y organizaciones regionales
se doten de los medios para poder cumplir con sus obligaciones.

Un acuerdo detallado sobre estos tres ámbitos de discrepancia es
improbable en septiembre. Deberían ustedes, sin embargo, apoyar de
forma decisiva la recomendación de que el Consejo adopte unos principios
básicos que regulen el uso de la fuerza, incluidos los cinco criterios
propuestos por el secretario general para su autorización: gravedad
de la amenaza, propósito de la acción militar, probabilidad
de que otros medios permitan neutralizar el peligro, proporcionalidad de
la respuesta militar y posibilidad razonable de éxito. Y en una definición
del terrorismo que se hace esperar.

Reforma del Consejo de Seguridad
Detrás de las recomendaciones de Kofi Annan está la necesidad
de que el Consejo de Seguridad se transforme en un órgano dinámico,
que asuma sus responsabilidades y que responda a todas las situaciones con
un enfoque global, y no sólo a aquellas que sus miembros consideran
relevantes, según sus intereses nacionales. La autoridad del Consejo
en materia del uso de la fuerza no está en duda. Lo que hay que aclarar
son dos cuestiones: el alcance de ese poder para bloquear el unilateralismo,
e incluso el regionalismo; y si se trata de una potestad discrecional u obligatoria.
Ampliar el número de miembros sin clarificar algunas de sus funciones
y responsabilidades puede llevar a un Consejo más representativo,
pero todavía más inoperante. Si el Consejo no ha sido capaz
de reaccionar a determinadas situaciones en su composición actual,
menos lo será con un mayor número de miembros. La frustración
puede ser enorme y las probabilidades de acción unilateral fuera del
Consejo aún mayores. Ahora bien, puede que para algunos miembros permanentes
disentir de la opinión mayoritaria de un Consejo de 15 miembros sea
más fácil que con 25, pero está por probar. La experiencia
indicaría más bien que bloquearían la acción
de un Consejo de 25 de la misma manera que lo han hecho constantemente en
uno de 15.

No separen ustedes la modificación de la composición del Consejo
del avance en la definición de sus responsabilidades y modus
operandi
respecto del uso de la fuerza y la responsabilidad de proteger. También
invitamos a los Estados miembros a tomar posiciones sobre la reforma en pro
de un mejor funcionamiento del sistema en su conjunto y no de una eventual
mejora del peso político de su país. Esta recomendación
se aplica especialmente a los países de peso medio-alto, como España,
que ven con aprensión una potencial pérdida de influencia por
quedarse fuera de un eventual grupo ampliado de miembros permanentes. Aunque
lo ideal sería una única representación de la Unión
Europea, estamos muy lejos de ello. La reforma de la composición del
Consejo puede esperar: más vale hacerla bien que deprisa. Lo urgente
es dotar a la ONU de mejores instrumentos para cumplir sus misiones.

Consolidación de la paz
La creación de una Comisión de consolidación de la paz
puede ser una de las novedades más sencillas de acordar por todos
los Estados miembros y de mayor impacto positivo, aunque de compleja realización.
En el origen de la necesidad de reformar la ONU están los dramas de
Ruanda y Bosnia Herzegovina en
los 90, cuando estaban bajo la tutela del Consejo de Seguridad.
Además, se ha constatado que casi la mitad de los países que
consiguen
salir de una situación de conflicto interno recaen en la violencia
en un plazo
de cinco años. Un escándalo como el de Haití, donde
la comunidad internacional ha tenido que intervenir por segunda vez en 10
años tras varias operaciones de la ONU, no debe repetirse.

La Comisión debe tener suficiente peso político para movilizar
los recursos y las decisiones necesarias para construir la paz en entornos
complejos en los que, con frecuencia, se enfrentan los intereses no sólo
de las partes en conflicto, sino de todos los Estados implicados. Por definición,
debe estar vinculada al Consejo de Seguridad, con la potestad de tratar en
exclusiva las situaciones que quiera considerar. Entre otras funciones de
esta Comisión, tienen ustedes que asegurarse de que cubrirá el
vacío entre las decisiones del Consejo de Seguridad y las necesidades
de respuestas políticas emanadas de las operaciones sobre el terreno.
Un caso como el de Kosovo, en el que los actores internacionales se pasan
la pelota unos a otros, a la espera de que el tiempo facilite la toma de
decisiones mientras dos millones de personas aguardan su futuro, demuestra
la irresponsabilidad del sistema internacional.

Derechos humanos
El respeto y la promoción de los derechos humanos en todo el mundo
es un tema clave en la agenda de reformas de Naciones Unidas. Resulta prioritario
combatir la menguante credibilidad y la falta de profesionalidad de la Comisión
de Derechos Humanos, que, sobre todo en los últimos cuatro años,
ha sido incapaz de abordar graves violaciones en este campo. Entre los 53
países que la integran están Sudán, China, Arabia Saudí y
Pakistán. Libia presidió la sesión 59ª en 2003.
Ridículo. De hecho, "se ha llegado al punto de que los Estados
intentan ser miembros, no para fortalecer el respeto por los derechos humanos,
sino para protegerse de las críticas o para criticar a otros",
como indica Annan, que pide que se reemplace la Comisión actual por
un Consejo con menos miembros, elegidos por las dos terceras partes de la
Asamblea General y reconocidos por su "cumplimiento de los derechos
humanos".

Este Comité tiene que ser un organismo permanente y, preferentemente,
con la misma categoría que el Consejo de Seguridad y el Consejo Económico
y Social. Si el sentir mayoritario es que sea un órgano subsidiario
de la Asamblea General, hay que evitar, al menos, que se acentúe la
división Norte-Sur. La idea de que se trate de un "club exclusivo" formado
por países que respetan los derechos humanos acentuaría esta
división y reduciría la posibilidad de buscar métodos
realistas para mejorar la situación en aquellas zonas donde es mala.
La solución está en incluir países con clara voluntad
política de afrontar este problema. Son los que de verdad pueden beneficiarse
del nuevo Consejo.

Las profundas fracturas surgidas desde 2001 tienen que ser superadas. Y
esto no se puede hacer sin la potencia hegemónica, Estados Unidos.
Aunque la ONU debe seguir siendo la organización que responda a las
preocupaciones del mundo en desarrollo -pues la mayoría de la
humanidad vive en estos países-, también tiene que resultar
atractiva y útil para EE UU, que es quien tiene más capacidad
de transformar las ideas en realidades. La segunda legislatura de George
W. Bush ha comenzado con aires diferentes, aunque ahora es Europa la que
parece incapacitada para desempeñar el papel que le corresponde. Pero
la oportunidad está ahí. No nos defrauden. Pueden pasar muchos
años hasta que se vuelva a presentar.

Este memorándum es obra de
Jessica Almqvist, Carlos Espósito, José Luis Herrero (investigadores
y director de FRIDE) y Andrés Ortega (director de
FOREIGN
POLICY EDICIÓN ESPAÑOLA
).

 

A: Cumbre de la ONU (16-17
de septiembre de 2005)

DE: FRIDE

RE: No dejen pasar esta
oportunidad

Nota: A LA CUMBRE DE LA ONU. URGENTE: Reformar Naciones Unidas. ¿Serán capaces los 191 Estados miembros de la ONU de impulsar los cambios que necesita la organización, los más profundos desde su creación hace 60 años?

Como bien les ha advertido el secretario general, cuando se reúnan
en septiembre, tienen ante ustedes una oportunidad histórica que,
en representación de los 191 Estados miembros de Naciones Unidas,
no deberían desaprovechar para dar un salto de gigante en los problemas
más importantes de la humanidad: pobreza, enfermedad, violencia y
falta de respeto a la dignidad del ser humano. El sistema político
internacional tiene los recursos para dar un salto cualitativo, pero está desacreditado
y parece haber abandonado los intereses globales en favor de los nacionales.
Tienen ante sí la opción de buscar fórmulas de colaboración
o luchar cada uno por su cuenta. Kofi Annan les pide que revitalicen "el
consenso sobre los desafíos y las prioridades fundamentales y [emprendan]
una acción colectiva sobre esa base". No bastará con
afirmar que existe acuerdo. Deberán articular esta colaboración
entre Estados de una forma eficaz y que tenga impacto real sobre los miles
de millones de personas que dependen de ustedes. De no hacerlo, el progreso
humano podría ser producto más de la casualidad que de la voluntad
común, o incluso retroceder.

Pobreza y desarrollo
Annan presenta como primera prioridad el desarrollo económico y la
lucha contra la pobreza. Con razón. No sólo es esta dimensión
la que produce más sufrimiento evitable, sino que es también
en la que se ha conseguido forjar -o tal vez forzar- "un
consenso mundial sin precedentes". Subyace en su propuesta un pacto
entre los países ricos y los menos favorecidos, por el cual los primeros
proporcionan más recursos y aceptan un sistema comercial más
favorable al desarrollo, y los segundos se comprometen a no malgastar los
recursos y a hacer los esfuerzos necesarios, incluyendo la lucha contra la
corrupción y el crecimiento del sector privado, esenciales en los
países con escasos recursos públicos, y de la sociedad civil.
Los compromisos principales que deben adquirirse en septiembre son claros:
para los países en situaciones de penuria extrema, aplicar una estrategia
nacional audaz que permita alcanzar los Objetivos del Milenio fijados para
2015 de reducir esa pobreza a la mitad; para los desarrollados, destinar
el 0,5% de su PIB a ayuda oficial al desarrollo en 2009 y el 0,7% en 2015,
y concluir la Ronda Doha de negociaciones comerciales en un sentido favorable
a los países menos adelantados, en un contexto general de una alianza
mundial para el desarrollo. Pero estos compromisos deben sustanciarse. Los
Estados deben obligarse a cumplir sus promesas. La ONU tiene que hacer el
seguimiento detallado de su cumplimiento y avergonzar en público a
los incumplidores. En este aspecto, Annan se queda corto.

Uso legal de la fuerza
Las discrepancias sobre el uso de la fuerza han constituido la mayor fuente
de tensión desde el final de la guerra fría y han mermado
la credibilidad del sistema internacional, sobre todo con la guerra de
Irak. Annan asume que existe un desacuerdo básico sobre cuándo
y cómo los Estados pueden recurrir a la fuerza que se manifiesta
en tres discrepancias concretas: respecto del derecho a utilizar las armas
de manera anticipada para defenderse de amenazas inminentes; de modo preventivo,
para defenderse de peligros latentes o no inminentes, y de forma protectora,
para salvar vidas de ciudadanos de otros Estados, incapaces de hacerlo.
El secretario general propone superar el disenso sin tocar la Carta de
Naciones Unidas, pero apoyándose en ella.

En el primer caso, el uso de la fuerza en previsión de amenazas inminentes
estaría cubierto por el derecho a la legítima defensa de los
Estados establecido en el artículo 51 de la Carta. Esta norma salvaguarda
el derecho inherente de los países soberanos a defenderse de un "ataque
armado". Para unos, la correcta interpretación debe ser restrictiva
y el "ataque armado" debe considerarse como requisito esencial;
para otros, ese requisito debe entenderse de forma amplia, incluyendo ataques
inminentes. No es previsible que ustedes lleguen a un acuerdo sobre la legalidad
del uso de la fuerza anticipatoria en la situación política
actual, todavía marcada por la guerra de Irak. Donde sí pueden
avanzar es en la búsqueda de una definición precisa de amenaza
inminente, que limite su empleo discrecional.

En el segundo caso -uso preventivo de la fuerza-, la recomendación
del secretario general es razonable, y la única posible dentro del
marco legal vigente que puede evitar la tentación generalizada del
unilateralismo: sólo el Consejo de Seguridad tiene autoridad suficiente
para determinar cuándo la gravedad de una amenaza justifica el uso
de la fuerza, incluso de manera preventiva, para preservar la paz y la seguridad
internacionales. Esto implica tanto la negación de que exista un derecho
de los Estados al uso preventivo de la fuerza como la afirmación de
que el sistema tiene la capacidad, aunque no siempre la voluntad política,
de mostrarse eficaz ante amenazas graves, pero no inminentes. Es crucial
que los Estados adquieran el compromiso explícito de aceptar las decisiones
del Consejo y que éste se comprometa a hacer un uso responsable de
sus atribuciones en este sentido, reforzando su obligación de responder
con equidad a todas y cada una de las situaciones que se pudieran considerar
amenazas graves, pero no inminentes.

En el tercer caso -uso de la fuerza para proteger a otras poblaciones-,
la doctrina Annan atribuye a cada Estado el deber de proteger a sus propios
ciudadanos como uno de los atributos básicos de la soberanía.
En el caso de que un Estado no sea capaz de hacerlo, la comunidad internacional -a
través de la ONU u otras fórmulas- puede intervenir al
interpretar que los crímenes de lesa humanidad son amenazas para la
paz y la seguridad internacionales. De lo que
se trata es de elevar esa posibilidad de intervención a la categoría
de obligación para el Consejo de Seguridad, adjudicándole la "responsabilidad
de proteger", y de que los países, la ONU y organizaciones regionales
se doten de los medios para poder cumplir con sus obligaciones.

Un acuerdo detallado sobre estos tres ámbitos de discrepancia es
improbable en septiembre. Deberían ustedes, sin embargo, apoyar de
forma decisiva la recomendación de que el Consejo adopte unos principios
básicos que regulen el uso de la fuerza, incluidos los cinco criterios
propuestos por el secretario general para su autorización: gravedad
de la amenaza, propósito de la acción militar, probabilidad
de que otros medios permitan neutralizar el peligro, proporcionalidad de
la respuesta militar y posibilidad razonable de éxito. Y en una definición
del terrorismo que se hace esperar.

Reforma del Consejo de Seguridad
Detrás de las recomendaciones de Kofi Annan está la necesidad
de que el Consejo de Seguridad se transforme en un órgano dinámico,
que asuma sus responsabilidades y que responda a todas las situaciones con
un enfoque global, y no sólo a aquellas que sus miembros consideran
relevantes, según sus intereses nacionales. La autoridad del Consejo
en materia del uso de la fuerza no está en duda. Lo que hay que aclarar
son dos cuestiones: el alcance de ese poder para bloquear el unilateralismo,
e incluso el regionalismo; y si se trata de una potestad discrecional u obligatoria.
Ampliar el número de miembros sin clarificar algunas de sus funciones
y responsabilidades puede llevar a un Consejo más representativo,
pero todavía más inoperante. Si el Consejo no ha sido capaz
de reaccionar a determinadas situaciones en su composición actual,
menos lo será con un mayor número de miembros. La frustración
puede ser enorme y las probabilidades de acción unilateral fuera del
Consejo aún mayores. Ahora bien, puede que para algunos miembros permanentes
disentir de la opinión mayoritaria de un Consejo de 15 miembros sea
más fácil que con 25, pero está por probar. La experiencia
indicaría más bien que bloquearían la acción
de un Consejo de 25 de la misma manera que lo han hecho constantemente en
uno de 15.

No separen ustedes la modificación de la composición del Consejo
del avance en la definición de sus responsabilidades y modus
operandi
respecto del uso de la fuerza y la responsabilidad de proteger. También
invitamos a los Estados miembros a tomar posiciones sobre la reforma en pro
de un mejor funcionamiento del sistema en su conjunto y no de una eventual
mejora del peso político de su país. Esta recomendación
se aplica especialmente a los países de peso medio-alto, como España,
que ven con aprensión una potencial pérdida de influencia por
quedarse fuera de un eventual grupo ampliado de miembros permanentes. Aunque
lo ideal sería una única representación de la Unión
Europea, estamos muy lejos de ello. La reforma de la composición del
Consejo puede esperar: más vale hacerla bien que deprisa. Lo urgente
es dotar a la ONU de mejores instrumentos para cumplir sus misiones.

Consolidación de la paz
La creación de una Comisión de consolidación de la paz
puede ser una de las novedades más sencillas de acordar por todos
los Estados miembros y de mayor impacto positivo, aunque de compleja realización.
En el origen de la necesidad de reformar la ONU están los dramas de
Ruanda y Bosnia Herzegovina en
los 90, cuando estaban bajo la tutela del Consejo de Seguridad.
Además, se ha constatado que casi la mitad de los países que
consiguen
salir de una situación de conflicto interno recaen en la violencia
en un plazo
de cinco años. Un escándalo como el de Haití, donde
la comunidad internacional ha tenido que intervenir por segunda vez en 10
años tras varias operaciones de la ONU, no debe repetirse.

La Comisión debe tener suficiente peso político para movilizar
los recursos y las decisiones necesarias para construir la paz en entornos
complejos en los que, con frecuencia, se enfrentan los intereses no sólo
de las partes en conflicto, sino de todos los Estados implicados. Por definición,
debe estar vinculada al Consejo de Seguridad, con la potestad de tratar en
exclusiva las situaciones que quiera considerar. Entre otras funciones de
esta Comisión, tienen ustedes que asegurarse de que cubrirá el
vacío entre las decisiones del Consejo de Seguridad y las necesidades
de respuestas políticas emanadas de las operaciones sobre el terreno.
Un caso como el de Kosovo, en el que los actores internacionales se pasan
la pelota unos a otros, a la espera de que el tiempo facilite la toma de
decisiones mientras dos millones de personas aguardan su futuro, demuestra
la irresponsabilidad del sistema internacional.

Derechos humanos
El respeto y la promoción de los derechos humanos en todo el mundo
es un tema clave en la agenda de reformas de Naciones Unidas. Resulta prioritario
combatir la menguante credibilidad y la falta de profesionalidad de la Comisión
de Derechos Humanos, que, sobre todo en los últimos cuatro años,
ha sido incapaz de abordar graves violaciones en este campo. Entre los 53
países que la integran están Sudán, China, Arabia Saudí y
Pakistán. Libia presidió la sesión 59ª en 2003.
Ridículo. De hecho, "se ha llegado al punto de que los Estados
intentan ser miembros, no para fortalecer el respeto por los derechos humanos,
sino para protegerse de las críticas o para criticar a otros",
como indica Annan, que pide que se reemplace la Comisión actual por
un Consejo con menos miembros, elegidos por las dos terceras partes de la
Asamblea General y reconocidos por su "cumplimiento de los derechos
humanos".

Este Comité tiene que ser un organismo permanente y, preferentemente,
con la misma categoría que el Consejo de Seguridad y el Consejo Económico
y Social. Si el sentir mayoritario es que sea un órgano subsidiario
de la Asamblea General, hay que evitar, al menos, que se acentúe la
división Norte-Sur. La idea de que se trate de un "club exclusivo" formado
por países que respetan los derechos humanos acentuaría esta
división y reduciría la posibilidad de buscar métodos
realistas para mejorar la situación en aquellas zonas donde es mala.
La solución está en incluir países con clara voluntad
política de afrontar este problema. Son los que de verdad pueden beneficiarse
del nuevo Consejo.

Las profundas fracturas surgidas desde 2001 tienen que ser superadas. Y
esto no se puede hacer sin la potencia hegemónica, Estados Unidos.
Aunque la ONU debe seguir siendo la organización que responda a las
preocupaciones del mundo en desarrollo -pues la mayoría de la
humanidad vive en estos países-, también tiene que resultar
atractiva y útil para EE UU, que es quien tiene más capacidad
de transformar las ideas en realidades. La segunda legislatura de George
W. Bush ha comenzado con aires diferentes, aunque ahora es Europa la que
parece incapacitada para desempeñar el papel que le corresponde. Pero
la oportunidad está ahí. No nos defrauden. Pueden pasar muchos
años hasta que se vuelva a presentar.

Este memorándum es obra de
Jessica Almqvist, Carlos Espósito, José Luis Herrero (investigadores
y director de FRIDE) y Andrés Ortega (director de
FOREIGN
POLICY EDICIÓN ESPAÑOLA
).