La propuesta de Ley del Clima del presidente francés, Emmanuel Macron, parece un proyecto a medio gas que pretende contentar a medias a todos los sectores de la población pero que, de momento, no termina de convencer a ninguno. En el centro se encuentran las elecciones nacionales de 2022, y la necesidad de Macron de remontar en las encuestas.

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Una mujer frnacesa sostine un cuadro que reza: "Energencia climática y social: ¿dónde está Macron? en Toulouse. Alain Pitton/NurPhoto via Getty Images

A principios de 2021, el Estado francés fue condenado por inacción climática. De esta manera, se cerraba un proceso que había comenzado en 2018, que llevaba de nombre “l'Affaire du Siècle” (el caso del siglo en francés). El grupo demandante reunía a varias organizaciones no gubernamentales de corte medioambiental y la firma de más de dos millones de personas en una denuncia contra el Estado francés. ¿El motivo? No respetar sus propias promesas en lo referente a los objetivos medio ambientales que se habían marcado. La iniciativa acusaba al Gobierno galo de greenwashing (lavado de imagen verde) estatal el mismo año que la ONU nombraba “campeón mundial del medio ambiente” a Macron. El mismo año que comenzaba el movimiento de los Chalecos Amarillos. Una muestra de la gran diferencia de opiniones con respecto a sus medidas verdes entre la comunidad internacional y la sociedad civil a la que gobierna. La demanda no buscaba más medidas para luchar contra el cambio climático; lo que exigía era que el Estado francés cumpliera de verdad con las que ya estaban escritas y planteadas. La Justicia ha fallado a favor de los demandantes, y abre con ello la puerta a algo sin precedentes: en un plazo de dos meses, la Justicia puede exigir al Estado la aplicación de medidas concretas que palien el efecto de esta inacción climática de la que es, ya, oficialmente culpable.

La sentencia ha llegado prácticamente al mismo tiempo que Macron presentaba su proyecto de Ley del Clima, que supone la interpretación legal de algunas de las propuestas presentadas por la Convención Ciudadana por el Clima. Este grupo, creado por Macron y compuesto en 2019 por 150 ciudadanos elegidos al azar para representar a la sociedad francesa, tenía como objetivo principal sugerir unas medidas reales que permitiesen la reducción de, al menos, un 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Si bien se trataba de una buena iniciativa con la que se buscaba involucrar a la sociedad civil en la toma de decisiones sobre la lucha climática lo cierto es que, tras el filtro por el que han pasado las medidas presentadas por la Convención, el texto resultante es una versión descafeinada. La Ley del Clima, que todavía tiene que ser aprobada por el Parlamento, no contenta ni a la Convención Ciudadana ni a los expertos en la materia. A los primeros, porque sienten que han modificado tanto lo que propusieron que ya ni les pertenece ni les representa; mucho menos tendrán ...