La propuesta de Ley del Clima del presidente francés, Emmanuel Macron, parece un proyecto a medio gas que pretende contentar a medias a todos los sectores de la población pero que, de momento, no termina de convencer a ninguno. En el centro se encuentran las elecciones nacionales de 2022, y la necesidad de Macron de remontar en las encuestas.
A principios de 2021, el Estado francés fue condenado por inacción climática. De esta manera, se cerraba un proceso que había comenzado en 2018, que llevaba de nombre “l’Affaire du Siècle” (el caso del siglo en francés). El grupo demandante reunía a varias organizaciones no gubernamentales de corte medioambiental y la firma de más de dos millones de personas en una denuncia contra el Estado francés. ¿El motivo? No respetar sus propias promesas en lo referente a los objetivos medio ambientales que se habían marcado. La iniciativa acusaba al Gobierno galo de greenwashing (lavado de imagen verde) estatal el mismo año que la ONU nombraba “campeón mundial del medio ambiente” a Macron. El mismo año que comenzaba el movimiento de los Chalecos Amarillos. Una muestra de la gran diferencia de opiniones con respecto a sus medidas verdes entre la comunidad internacional y la sociedad civil a la que gobierna. La demanda no buscaba más medidas para luchar contra el cambio climático; lo que exigía era que el Estado francés cumpliera de verdad con las que ya estaban escritas y planteadas. La Justicia ha fallado a favor de los demandantes, y abre con ello la puerta a algo sin precedentes: en un plazo de dos meses, la Justicia puede exigir al Estado la aplicación de medidas concretas que palien el efecto de esta inacción climática de la que es, ya, oficialmente culpable.
La sentencia ha llegado prácticamente al mismo tiempo que Macron presentaba su proyecto de Ley del Clima, que supone la interpretación legal de algunas de las propuestas presentadas por la Convención Ciudadana por el Clima. Este grupo, creado por Macron y compuesto en 2019 por 150 ciudadanos elegidos al azar para representar a la sociedad francesa, tenía como objetivo principal sugerir unas medidas reales que permitiesen la reducción de, al menos, un 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Si bien se trataba de una buena iniciativa con la que se buscaba involucrar a la sociedad civil en la toma de decisiones sobre la lucha climática lo cierto es que, tras el filtro por el que han pasado las medidas presentadas por la Convención, el texto resultante es una versión descafeinada. La Ley del Clima, que todavía tiene que ser aprobada por el Parlamento, no contenta ni a la Convención Ciudadana ni a los expertos en la materia. A los primeros, porque sienten que han modificado tanto lo que propusieron que ya ni les pertenece ni les representa; mucho menos tendrán éxito en la lucha contra la emergencia climática. A los segundos, porque afirman que a la propuesta de ley le falta ambición.
El equipo de Macron defiende la propuesta como el texto definitivo que permite el paso final de la transición ecológica. Si bien sociedad civil y comunidad de expertos coinciden en que es una buena declaración de intenciones las medidas concretas, sin embargo, no afrontan los problemas de una manera que permita lograr los objetivos climáticos propuestos para 2030, según las afirmaciones del Consejo Económico, Social y Medioambiental francés (CESE en francés). El Alto Consejo sobre el Clima también señala las deficiencias de la propuesta, que se centra demasiado en acciones individuales y, a veces, voluntarias, como indican miembros de la Convención Ciudadana. La presión a la industria es demasiado baja, especialmente si se pone en una balanza la responsabilidad individual con respecto a la responsabilidad de las grandes empresas en las emisiones de gases contaminantes. Es por ello que la Convención Ciudadana ya está preparando las enmiendas para debatir. El Ejecutivo defiende que la propuesta de ley refleja las medidas presentadas por la Convención pero, en realidad, estas medidas han sido o bien eliminadas, o bien profundamente modificadas.
Las políticas medioambientales del presidente francés se encuentran en una línea muy inestable. Aunque para algunos expertos no ha sido ninguna sorpresa, lo cierto es que Macron debe equilibrar una balanza muy compleja. La propuesta de la Ley del Clima francesa se enmarca, al igual que las propuestas del resto de los miembros comunitarios, dentro del Pacto Verde Europeo. El plan europeo a largo plazo es una especie de hoja de ruta en la que los países miembros tienen banda ancha para decidir de qué manera quieren cumplir los objetivos acordados por los 27. Esto quiere decir que los medios no importan, pero la meta es la misma para todos. La forma en que contempla el Pacto Verde Europeo una transición a unas políticas más sostenibles no se trata solo de apariencia, sino también de contenido. Aplicado correctamente, el Pacto Verde Europeo debe ser la oportunidad de repensar el modelo productivo existente y convertirlo en otro que respete al planeta. Y si bien cada país miembro parte de unas premisas muy distintas, el Pacto Verde Europeo viene con unos paquetes económicos que deben ser invertidos en la transición energética. Desde esa perspectiva, una Ley del Clima que prohíbe la publicidad sobre combustibles fósiles de empresas energéticas, pero que no va a la raíz del problema, no parece ser suficiente para Europa.
Nada indica que Macron no sea consciente del desafío al que se enfrenta en términos climáticos, o cómo las cuestiones como la movilidad y la vivienda resultan clave en el engranaje. En esta entrevista que concedió a finales de 2020 a la revista Le Gran Continent parece demostrar lo contrario: se muestra consciente de la interconexión y de que la transición ecológica no significa, solamente, formular políticas más sostenibles; un cambio radical en el modo de vida parece necesario. No obstante, en el ámbito nacional, la propuesta de ley presentada parece definida por la convocatoria a las urnas en 2022, y la realidad de que el presidente francés debe tomar una serie de decisiones cruciales a lo largo de un año preelectoral que no le augura buenos resultados. Macron está entre la espada y la pared. En la espada está la victoria de los Verdes en las elecciones locales de junio de 2020 en ciudades importantes como Burdeos, Lyon, Marsella o Estrasburgo. Los comicios no fueron solamente un varapalo para el partido de Macron (La República en Marcha), fueron, además, un indicio de qué preocupa a los ciudadanos a nivel local. Algo que ya había avisado el entonces alcalde de Grande-Synthe, localidad costera al norte de Francia, cuando en 2019 presentó una demanda al Estado francés por no cumplir con sus promesas medioambientales. En 2018, un 40% afirmaba que el mayor problema al que se enfrentaban era el cambio climático. Los resultados eran también un mensaje sobre lo lejos que están las instituciones estatales, en este caso el gobierno de Macron, de comprender las dinámicas que ocurren a otros niveles. La victoria de los Verdes, ya fuera en solitario o gracias a alianzas con los socialistas, llevaba como puntos principales de la campaña dar a las ciudades transiciones ecológicas justas y con los habitantes en el centro de todas las políticas. En aquel momento, se rumoreaba que Macron daría un giro ecologista que pudiera hacer frente a estas alianzas en año electoral. La intención del actual presidente de incluir la protección medioambiental en la Constitución parecía seguir este camino.
Sin embargo, en la pared está el imparable ascenso de Marine le Pen, incluso con el perfil bajo que ha tenido que mantener debido a la pandemia y la imposibilidad de celebrar mítines políticos. En una hipotética segunda vuelta entre Macron y Le Pen, la victoria de Macron se aguanta con pinzas: 52% para el actual presidente y 48% para Le Pen; es un margen demasiado pequeño para que el presidente francés tenga libertad de acción. El partido de Le Pen está siendo capaz de capitalizar todo el descontento social y la baja popularidad de Macron: alrededor de un 60% no lo aprueba. En concreto, están logrando convertir en potenciales votos las divisiones sociales en Francia con propuestas como poner controles estrictos a la inmigración o combatir el islam. En cuanto a la lucha contra el cambio climático, que ha dejado de ser asunto ajeno a los círculos de extrema derecha, Le Pen ha modernizado el discurso con respecto a su padre (que negaba que los efectos del cambio climático hubieran empeorado por la acción humana). Su discurso medioambiental enlaza clima con identidad y territorio, volviéndose una idea antiglobalización y que promueve el fortalecimiento de fronteras para proteger los recursos limitados de la tierra. En consecuencia, la líder de la extrema derecha en Francia rechaza por completo cualquier acuerdo internacional o multilateral para combatir el cambio climático. En lo económico, culpa a la globalización y la mala gestión de la pandemia y la crisis que trae consigo por parte de Macron. La estrategia del presidente francés al nombrar al conservador Gérald Darmanin ministro de Interior indica su intento de contrarrestar el ascenso de la extrema derecha en la intención de voto de los ciudadanos.
En consecuencia, la propuesta de Ley del Clima que presenta Macron parece encontrarse en el mismo punto que el propio partido que lidera: a medio camino. Las alianzas locales verdirojas han sabido transmitir que no se trata solamente del medio ambiente: la interconexión entre transición energética y economía es muy estrecha, especialmente para localidades que pueden verse afectadas por el cambio climático por sequías o climas extremos cada vez más comunes. De ahí que ecologistas, comunistas, socialistas y el partido de Francia Insumisa quieran probar con la coalición de cara a las elecciones regionales de 2021 en Hauts-de-France. Sin embargo, el éxito de Le Pen se explica en cierto modo por la imposibilidad de La República en Marcha de recoger las demandas sociales y convertirlas en políticas.
La condena al Estado francés por inacción climática abre dos escenarios complementarios. El primero es un cambio en las reglas del juego: ya no es la sociedad o las ONG las que tienen que demostrar que los Estados no hacen nada para luchar contra el cambio climático; ahora es el Estado el que debe demostrar que sí hace lo suficiente. Segundo: que no sea la única; tras ella, más demandas podrían llegar, y la propuesta de Ley de Clima que propone Macron no parece ser la respuesta. Entre otros motivos, porque no logra equilibrar el dilema que ha tenido el presidente galo desde que se hizo con el poder: integrar medio ambiente y economía, dando prioridad a lo segundo y convirtiendo lo primero en un sacrificio para los ciudadanos. A quién convenza Macron con su propuesta para luchar contra el cambio climático puede darle las llaves de la reelección y, al mismo tiempo, convertir su segunda legislatura en un camino lleno de obstáculos.
