Un grupo de personas desplazadas porta cubos para la recogida de agua en el campo de M'boko en Bangui, República Centroafricana. (Gianluigi Guercia/AFP/Getty Images)
Un grupo de personas desplazadas porta cubos para la recogida de agua en el campo de M'boko en Bangui, República Centroafricana. (Gianluigi Guercia/AFP/Getty Images)

Un país en emergencia humanitaria, económica y de seguridad trata de renacer tras años de conflicto con un nuevo Gobierno.

Ni a un matemático como Touadera le pueden cuadrar las cuentas en este país. Faustin Arcange Touadera es el presidente de República Centroafricana desde el pasado mes de marzo. Más allá del talento que se le atribuya o se le niegue, de su pasado como primer ministro y de su capacidad intelectual, Touadera tiene un límite que es la pura y simple realidad: un Estado fantasma, un país prácticamente sin ingresos, sin Ejército y sin administración más allá de los límites de Bangui, la capital. Y además con el tejido social desgarrado después de un conflicto, uno más de los cíclicos aquí, que terminó hace dos años pero que en realidad se ha cerrado en falso. Las organizaciones no gubernamentales se ocupan de buena parte de los servicios básicos como salud, agua o educación, y las tropas internacionales (cascos azules y franceses) de la seguridad.

La primera de las libertades

“La seguridad es la primera de las libertades”, proclamaba Touadera en su discurso de investidura. La circulación de armas en el país impide la protección de la población, rehén de todo tipo de violencias, relacionadas o no con el conflicto.

El Ejército en República Centroafricana prácticamente no existe. Durante el conflicto, que alcanzó su apogeo más cruel en diciembre del 2013, buena parte de sus efectivos se alinearon con las milicias, acompañándolas en sus terribles violaciones de los derechos humanos: hombres pasados a cuchillo, jóvenes descuartizados o quemados vivos, mujeres violadas, barrios enteros con todas sus casas destruidas. Desde entonces los militares (los que quedaron) han estado acantonados. Además la ONU decretó un embargo de armas sobre el Ejército centroafricano que estará vigente hasta 2017.

Son los 12.000 miembros de la misión de la ONU (MINUSCA) los que se encargan de la seguridad y, a la espera de la renovación del mandato en julio de 2016, seguirán cumpliendo con esa tarea por tiempo indefinido. No así las tropas francesas: de los 1.600 soldados de la antigua metrópoli que comenzaron la misión en 2013 por mandato del Consejo de Seguridad y que fueron vitales para proteger a la población de los ataques de unos y otros, quedarán sólo 300 a fin de este año. Las acusaciones de abusos y violaciones que pesan sobre miembros de una y otra fuerza han impuesto un clima de desconfianza que ha perjudicado enormemente su aceptación por los centroafricanos e incluso sus actividades a nivel operativo.

Una misión de la Unión Europea se encarga mientras tanto de hacer resurgir las Fuerzas Armadas centroafricanas de sus cenizas apoyando en su formación, equipamiento y, en definitiva, transformación. En esta tarea está involucrado un equipo del Ejército español.

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