Un país en emergencia humanitaria, económica y de seguridad trata de renacer tras años de conflicto con un nuevo Gobierno.
Ni a un matemático como Touadera le pueden cuadrar las cuentas en este país. Faustin Arcange Touadera es el presidente de República Centroafricana desde el pasado mes de marzo. Más allá del talento que se le atribuya o se le niegue, de su pasado como primer ministro y de su capacidad intelectual, Touadera tiene un límite que es la pura y simple realidad: un Estado fantasma, un país prácticamente sin ingresos, sin Ejército y sin administración más allá de los límites de Bangui, la capital. Y además con el tejido social desgarrado después de un conflicto, uno más de los cíclicos aquí, que terminó hace dos años pero que en realidad se ha cerrado en falso. Las organizaciones no gubernamentales se ocupan de buena parte de los servicios básicos como salud, agua o educación, y las tropas internacionales (cascos azules y franceses) de la seguridad.
La primera de las libertades
“La seguridad es la primera de las libertades”, proclamaba Touadera en su discurso de investidura. La circulación de armas en el país impide la protección de la población, rehén de todo tipo de violencias, relacionadas o no con el conflicto.
El Ejército en República Centroafricana prácticamente no existe. Durante el conflicto, que alcanzó su apogeo más cruel en diciembre del 2013, buena parte de sus efectivos se alinearon con las milicias, acompañándolas en sus terribles violaciones de los derechos humanos: hombres pasados a cuchillo, jóvenes descuartizados o quemados vivos, mujeres violadas, barrios enteros con todas sus casas destruidas. Desde entonces los militares (los que quedaron) han estado acantonados. Además la ONU decretó un embargo de armas sobre el Ejército centroafricano que estará vigente hasta 2017.
Son los 12.000 miembros de la misión de la ONU (MINUSCA) los que se encargan de la seguridad y, a la espera de la renovación del mandato en julio de 2016, seguirán cumpliendo con esa tarea por tiempo indefinido. No así las tropas francesas: de los 1.600 soldados de la antigua metrópoli que comenzaron la misión en 2013 por mandato del Consejo de Seguridad y que fueron vitales para proteger a la población de los ataques de unos y otros, quedarán sólo 300 a fin de este año. Las acusaciones de abusos y violaciones que pesan sobre miembros de una y otra fuerza han impuesto un clima de desconfianza que ha perjudicado enormemente su aceptación por los centroafricanos e incluso sus actividades a nivel operativo.
Una misión de la Unión Europea se encarga mientras tanto de hacer resurgir las Fuerzas Armadas centroafricanas de sus cenizas apoyando en su formación, equipamiento y, en definitiva, transformación. En esta tarea está involucrado un equipo del Ejército español.
El proceso de DDR (desarme, desmovilización y reintegración de los integrantes de las principales milicias que participaron en el conflicto) no consigue despegar, falto de fondos y de acuerdo político. Un fracaso de ese proceso y la consiguiente vuelta a las andadas de los grupos armados podría hacer derrapar todas las buenas intenciones del Gobierno. Entre los escenarios contemplados por los analistas de la misión de Naciones Unidas está incluso la partición del país si los grupos ex seleka (originarios del norte) no aceptan las condiciones del DDR.
Y a todo esto hay que sumar la impunidad. El ejemplo más claro: uno de los más sanguinarios responsables de masacres durante el conflicto, Alfred Yekatom alias “Coronel Rambo”, que figura en la lista de sancionados del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ha sido elegido miembro del nuevo Congreso, el órgano que ha de promover la justicia, la cohesión social, la reconciliación y también el fin de la impunidad. La Corte Constitucional encargada de filtrar a los candidatos no lo eliminó de la lista y nadie se ha atrevido a cuestionar la decisión, y no es el único caso. El riesgo de cuestionar su inclusión en el juego democrático puede ser mayor para la estabilidad del país que el de permitirle sentarse en el escaño con su inmunidad garantizada.
PIB raquítico y diamantes de sangre
El PIB per cápita de República Centroafricana es de 300 euros al año. El de España, 23.300. La economía centroafricana se apoya mayoritariamente en el sector primario (agricultura y en menor medida ganadería) y en las industrias extractivas: oro, diamantes y madera. Pero el potencial agrícola de este fértil y húmedo país no ha podido materializarse, y es la agricultura de subsistencia la que acapara el PIB.
Las minas de oro y diamantes (de sangre) escapan en gran medida al control del Estado; su explotación artesanal e ilegal priva a República Centroafricana de un ingreso fiscal nada desdeñable. Las milicias controlan las minas en Bria y otras regiones, y las piedras salen del país clandestinamente o pasan a “integrar” la riqueza diamantífera de países vecinos por arte de magia. La ONU ha decidido levantar el embargo impuesto en 2013 y permitir el tráfico siempre que se respete el proceso de Kimberley, pero los contrabandistas seguirán prefiriendo las vías ilegales.
Con una población de menos de 5 millones, la superficie de República Centroafricana es un 20% mayor a la de España, pero hay poco más de 200 kilómetros asfaltados. Difícil para la circulación de mercancías y de personas, y más en un país sin salida al mar. Difícil también, por cierto, para que el Estado pueda ejercer un control efectivo sobre el territorio y la administración pueda desplegarse.
En efecto, la ausencia de la administración fuera de Bangui es palmaria. No sólo del Ejército, la policía o la gendarmería, sino del resto de la maquinaria del Estado. Las prefecturas (provincias) y subprefecturas no cuentan con personal ni medios. No hay ordenadores, teléfonos o vehículos, ni edificios en condiciones mínimas de habitabilidad. Hay funcionarios que no perciben su salario desde hace dos años, jueces que se fueron para nunca más volver y maestros a los que los padres pagan para que sigan dando clase. El sector de salud es gestionado en su mayoría por ONG médicas, y según UNICEF un tercio de los niños en edad escolar no van al colegio. Muchos (se calcula que hasta 10.000) han sido reclutados por las milicias en estos años de guerra.
La población, al límite
“Cada vez que cogemos un avión vemos vuestro drama, vuestras penas y sufrimientos. Pero no os engañéis, no os hemos olvidado y no os olvidaremos jamás”. En efecto, como dice el presidente Touadera, es imposible olvidar a las personas desplazadas que viven junto a las pistas del aeropuerto internacional de M´Poko en la capital centroafricana. Son 25.000 y las lonas hechas jirones bajo las que viven casi invaden la pista de aterrizaje dando una triste bienvenida a los viajeros. El aeropuerto no está vallado ni iluminado y, debido a este sitio de personas desplazadas, los aviones sólo pueden aterrizar y despegar durante las horas del día para evitar accidentes.
Son los más visibles, y los que más “estorban”, pero hay campos de desplazados como este por todo el país, llenos de gente que, dos años y medio después, no puede volver a sus casas. Por seguridad, por falta de medios, por falta de vivienda… En tiendas de lona o chozas de paja, durmiendo sobre esterillas o sobre el suelo desnudo, carentes de todo, hasta de una muda de ropa, y sin ayuda para emprender el camino de retorno. En campos o con familias de acogida, casi 900.000 centroafricanos están fuera de sus casas por el conflicto: 420.000 dentro del país y 460.000 fuera de él.
El enfrentamiento que provocó el último conflicto civil tiene raíces complejas (desigualdad, centralismo, corrupción, nepotismo, injerencia…) pero al final, por intereses de los líderes políticos y militares, se plasmó en un enfrentamiento entre cristianos y musulmanes. El odio entre comunidades que habían vivido en paz durante décadas no se ha evaporado en estos dos años y medio de precaria paz, y la gente guarda todavía en sus móviles las fotos de las barbaridades cometidas en sus barrios por los seleka o los antibalaka.
Las estadísticas de la desesperación nunca se agotan en este país ubicado en el corazón de África, fértil, lleno de recursos naturales y de gente trabajadora: la mitad de la población hambrienta, una esperanza de vida de 48 años, 130 de cada 1.000 niños muertos antes de 5 años… y todo aderezado por el olvido y la indiferencia del resto del mundo.
Actividad subvencionada por la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores
