La incertidumbre política y la creciente polarización entre Gobierno y oposición, además de la escalada de violencia en muchas provincias, están colocando a la RDC en un rumbo peligroso. La implantación unilateral del acuerdo del 31 de diciembre de 2016 (San Silvestre) está ahondando la brecha entre un régimen revigorizado y una oposición y una sociedad civil debilitadas.
La Comisión Electoral (CENI) todavía no ha publicado un nuevo calendario con las elecciones prometidas para antes de final de año, pese a que, cuando habló ante la Asamblea General de la ONU el 23 de septiembre, el presidente Joseph Kabila dijo que eran inminentes. Varios comentarios recientes del presidente de la CENI hacen pensar que las elecciones no se celebrarán hasta 2019. En este contexto de incertidumbre política, la oposición y la sociedad civil están redoblando sus esfuerzos para sacar a la gente a las calles; no está claro que lo consigan, ni tampoco que sean capaces de controlar las protestas que puedan producirse. La grave crisis socioeconómica, la dura represión por parte de las fuerzas de seguridad y la falta de confianza en la clase política forman un cóctel de resentimiento y frustración que puede ser explosivo. Fuera de los centros urbanos, la violencia está intensificándose en muchas provincias, lo cual aumenta la preocupación sobre la estabilidad regional.
Un régimen cada vez más seguro de sí mismo y sin estrategia clara
Pocos o ninguno de los firmantes del acuerdo del 31 de diciembre creyeron sinceramente en la afirmación del Gobierno de que habría elecciones antes de que acabara 2017. Desde entonces, este ha controlado la aplicación del acuerdo y ha interpretado las cláusulas con arreglo a su objetivo de retrasar los comicios. Mientras tanto, las presiones internas para que cumpla el calendario se han rebajado, sobre todo tras la muerte en febrero de Etienne Tshisekedi, el carismático líder de la oposición, y después de que, en marzo, la Iglesia Católica abandonara su papel de mediadora.
El Gobierno de Kabila ha emprendido una doble estrategia. Por un lado, la represión violenta y el cierre del espacio político nacional. Por otro, una intensa diplomacia regional para desactivar las presiones de Estados Unidos y la Unión Europea. Esta última parece haber tenido especial éxito. Los países africanos, y sobre todo Suráfrica, aceptan en gran medida la interpretación del acuerdo que hace el Gobierno (sobre todo en cuanto a la designación unilateral del primer ministro). Aunque, en privado, son más críticos y reconocen que las manipulaciones políticas y las tácticas dilatorias aumentan el riesgo de violencia. Pero su posición pública ha dado al régimen un margen de maniobra fundamental.
Una oposición debilitada cuyo interés principal es que Kabila deje el poder
Ante el secuestro del acuerdo del 31 de diciembre por parte del régimen, la oposición y la sociedad civil están intentando recuperar la iniciativa. En julio, Felix Tshisekedi, presidente de la principal coalición opositora, el Rassemblement, sugirió que, si no se celebraban las elecciones en diciembre, hubiera una transición de seis meses, pero sin que Kabila (cuyo mandato constitucional expiró en 2016) siguiera en el poder. En agosto, representantes de las plataformas de la sociedad civil (como los movimientos juveniles de protesta Lucha y Filimbi y el movimiento Debout Congolais lanzado recientemente por el empresario congoleño Sindika Dokolo) aprobaron un manifiesto con una propuesta similar. Moïse Katumbi, destacado miembro de la oposición en el exilio, añadió su nombre al manifiesto en septiembre. El documento llama a actuaciones no violentas para presionar al Gobierno y recuerda a la población que tiene, según el artículo 64, el deber de defender la Constitución contra cualquiera que pretenda ejercer el poder infringiéndola. Asimismo expresa la esperanza en que estas acciones obliguen al presidente Kabila a marcharse y en que se lleve a cabo una conferencia nacional para designar un mecanismo de transición.
La estrategia tiene escasas posibilidades de éxito. La oposición, debilitada por el exilio y el encarcelamiento de varios de sus dirigentes, está dividida por la desconfianza entre sus facciones y carece de cohesión interna. Sus líderes, con dificultades para organizar manifestaciones callejeras y para controlarlas cuando se organizan, parecen tener sus esperanzas depositadas en una mayor intervención internacional (en particular, de Occidente). Pero la oposición se enfrenta a una paradoja: es poco probable que los actores internacionales adopten una postura más firme mientras no haya una dinámica interna creíble.
Hechos preocupantes en relación con la seguridad
Mientras tanto, varias provincias —Kasai, Tanganika y Kivu del Norte y del Sur— están inmersas en una guerra violenta, alimentada por las tensiones locales y por el estancamiento político en la esfera nacional. Hasta ahora, el Gobierno ha desempeñado el papel de bombero pirómano. Ha contenido los choques sangrientos al mismo tiempo que personas próximas a él avivan el malestar y lo utilizan de excusa para aplazar las elecciones. Pero esta peligrosa estrategia ha intensificado las tensiones con varios países vecinos, en particular Angola, que alberga a miles de refugiados de la turbulenta región de Kasai. Ante una de las peores crisis humanitarias del mundo, con 3,8 millones de desplazados internos y más de 600.000 refugiados, las ayudas no cuentan con la financiación necesaria, a pesar de las aportaciones de la UE y varios Estados miembros y los fondos adicionales anunciados este año.
Una pequeña subida reciente de los precios del cobre ha permitido al Gobierno prometer salarios más altos y más regulares y aliviar las presiones para devaluar la moneda. Pero la economía sigue careciendo de una base sólida. Con las familias ahogadas por los aumentos de los precios y los casos cada vez más numerosos de pequeña corrupción, el descontento popular va a más y, con él, las perspectivas de disturbios urbanos.
Los interlocutores internacionales deben reforzar su apoyo al acuerdo del 31 de diciembre
La UE, la ONU, la Unión Africana (UA), las organizaciones subregionales implicadas y los gobiernos de China, Francia, Rusia y Reino Unido, además del Gobierno de la RDC, se reunieron el 19 de septiembre en Nueva York, aprovechando la Asamblea General de la ONU. El acta de la reunión muestra que quedó reafirmado un apoyo generalizado al acuerdo de San Silvestre, a pesar de que el calendario electoral, inevitablemente, no se va a cumplir. Es una buena noticia, porque el núcleo del acuerdo —la necesidad de celebrar elecciones sin modificar la Constitución— merece un firme respaldo frente a los intentos del régimen de hacerlo desaparecer.
Ahora bien, los actores internacionales deben convertir ese apoyo en acciones concretas que presionen al Gobierno y a la comisión electoral y les obliguen a llevar adelante los preparativos de las elecciones. La Unión Europea debe ofrecer asistencia técnica electoral, tal como se previó en la reunión de Nueva York, pero también debe denunciar los intentos del Gobierno congoleño de seguir aplazando los comicios (por ejemplo, mediante la publicación de calendarios innecesariamente largos). Asimismo tiene que condenar, por supuesto, cualquier intento de Kabila de modificar el límite de dos mandatos que asigna la Constitución al presidente.
La reacción internacional ante el próximo anuncio del calendario electoral será una primera prueba. Si las fechas se relegan a un futuro demasiado lejano, como hacen pensar los últimos mensajes de la CENI, la UE, de acuerdo con otros socios internacionales interesados, debería denunciarlo, subrayar que las elecciones pueden celebrarse antes y ofrecer asistencia técnica para lograrlo, sin dejar de criticar las tácticas dilatorias. Al mismo tiempo, la UE y los Estados miembros deben seguir ayudando a la sociedad civil del Congo y a las voces internas que exigen la democracia y el constitucionalismo.
Es necesaria una mayor cooperación internacional para que sean eficaces las presiones dirigidas a que el presidente Kabila avance hacia las elecciones y respete los límites de mandato. Las potencias occidentales —sobre todo la UE y sus Estados miembros— deben dialogar con los líderes africanos, escuchar lo que les preocupa y tratar de limar diferencias. Por el momento, los gobiernos africanos tienden a aceptar la interpretación que hace Kabila del acuerdo y no están criticando (al menos en público) sus intentos de aferrarse al poder, mientras que Occidente sí ha adoptado una posición más crítica. Hasta ahora, las discrepancias se refieren a la mejor forma de hacer que Kinshasha convoque las elecciones. Los líderes africanos rechazan las sanciones occidentales impuestas a las autoridades de la RDC en los últimos 15 meses. Aunque, en 2016, dichas sanciones pudieron servir hasta cierto punto para contener la violencia y contribuir a forjar el acuerdo de diciembre, sus beneficios son cada vez menores, en la medida en que el régimen de Kabila dice que son una forma de imperialismo occidental. No conviene reforzarlas mientras se está intentando poner de acuerdo a todos los interlocutores internacionales.
El artículo original es un fragmento del Watch List 2017 publicado en International Crisis Group
Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia
