En el último año se han defraudado muchas de las esperanzas suscitadas por los avances del la RDC en 2013.
Las reformas prometidas por el presidente Joseph Kabila, especialmente en el sector de la seguridad, se han estancado. Aunque en 2013 las tropas congoleñas y un contingente especial de la ONU, la Brigada de Intervención (FIB en sus siglas en inglés), derrotaron al M23, la milicia respaldada por Ruanda, los intentos de desmovilizar otros grupos armados han fracasado. Las fuerzas oficiales emprendieron ataques contra las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), pero sus líderes permanecen en libertad y combatientes sin identificar siguen asesinando a los habitantes de los pueblos en su zona de operaciones.
Más complicadas son las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), herederas de las fuerzas paramilitares hutus que cometieron el genocidio de Ruanda en 1994. El Gobierno del Congo y los países que contribuyen a las tropas de la FIB, en especial Suráfrica y Tanzania, se resisten a atacar a los enemigos de Ruanda, el FDLR, de la misma forma que llevaron acciones contra sus aliados, el M23. Una estrategia contra el FDLR no puede depender solo de la acción militar. Es preciso combinar medidas más blandas -realojamiento en terceros países, un plan de desarme que se ocupe de los combatientes y sus comunidades, acción policial contra las redes ilícitas que apoyan al FDLR y un acuerdo sobre el proceso judicial de sus dirigentes- con una amenaza creíble de emplear la fuerza.
Por ahora, sin embargo, falta esa amenaza. El escaso número de combatientes del FDLR que está entregándose permite pensar que el grupo no renunciará a las armas de manera ...
